La Jornada
El comisionado Nacional
de Seguridad, Renato Sales, informó ayer que el gobierno mexicano
recibió una petición del estadunidense para permitir la presencia de
agentes armados con pistolas eléctricas en vuelos comerciales entre
ambos países y en aerolíneas de la nación vecina. El asunto ameritó poco
después una ampliación por parte del secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, quien confirmó la existencia de la
solicitud, que ha sido formulada varias veces; negó que las pláticas
correspondientes formen parte de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y dijo que “no vamos a negociar
ese tratado a cambio de los ‘air marshals’”, como se ha denominado a esos policías aéreos.
Es cierto que en la mesa de las negociaciones comerciales Washington
busca concesiones mucho más preocupantes de su contraparte mexicana que
una autorización para que haya agentes estadunidenses armados a bordo de
los vuelos en territorio nacional; pero este segundo asunto podría
traducirse en una afectación a la soberanía nacional que no debe pasarse
por alto.
De entrada parece completamente inadecuado aceptar en el ámbito de
las relaciones bilaterales una negociación que debiera ser materia de
una regulación internacional. Hay instancias adecuadas para elaborarla,
entre ellas la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que
es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas encargada de
elaborar las normas y reglamentos de la aeronáutica mundial, así como la
entidad privada Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por
sus siglas en inglés), que es el instrumento de regulación y
cooperación de las distintas aerolíneas del mundo.
Que las autoridades mexicanas aceptaran los requerimientos de
Washington en materia de vigilancia policial a bordo de los vuelos
binacionales representaría una concesión indebida y contraproducente a
la megalomanía del presidente Donald Trump, quien se empeña en proyectar
una visión unipolar que choca con las realidades multipolares que rigen
hoy a la comunidad internacional, y de las que esas dos instancias, la
OACI y la IATA, son una muestra clara y funcional.
Peor aún: llevar a la esfera bilateral un asunto que puede y debe ser
tratado de manera multilateral, como es la regulación de la seguridad
aérea, coloca a nuestro país en una clara desventaja y en una posición
subordinada.
Por otra parte, si se adoptan en forma indiscriminada las
preocupaciones y las precauciones de Washington –justificadas o no– ante
el peligro del terrorismo aéreo, se corre el riesgo de contaminar el
panorama de la seguridad nacional mexicana con un problema esencialmente
ajeno: México no es, ni debe convertirse en un objetivo de los grupos
radicales que se encuentran en la mira de Washington y de sus aliados de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Ya suficiente carga tiene la institucionalidad nacional con su tarea
de hacer frente a los factores internos de violencia y criminalidad como
para operar además en calidad de guardaespaldas del gobierno
estadunidense y asumir como propios los problemas de seguridad del país
vecino.
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