Marichuy, el Nafta y las ZEE

Carlos Fazio

Los comicios de julio venidero estarán signados de manera transversal por dos hechos antagónicos desde su origen el primero de enero de 1994, y que tendrán un significado profundo en el mediano y corto plazos para México como Estado nación: la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) y el proyecto autonómico liberador impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Veinticuatro años después, ambos procesos siguen exhibiendo las contradicciones del capitalismo como sistema político y económico dominante, incluidos la lucha de clases y el colonialismo interno (articulado al internacional y trasnacional, y como expresión de una estructura de relaciones sociales de dominación y apropiación del excedente y de la riqueza a costa de los trabajadores y los pueblos), y la persistencia del EZLN como sujeto sociopolítico que a partir de la construcción de redes autonómicas en un puñado de pueblos indígenas chiapanecos –los caracoles como espacios de resistencia comunitaria–, ha mostrado al mundo una alternativa al actual modelo de dominación clasista, étnico-racial y depredador.

Alternativa de lucha recogida por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y otras organizaciones sistémicas y antisistémicas del país, que junto a la construcción de autonomías llevan a cabo una disputa por el territorio y los recursos geoestratégicos contra las corporaciones y sus megaproyectos extractivistas, articuladas, a su vez, al complejo militar-empresarial-científico-tecnológico-mediático.

En un año electoral, la nueva fase de la confrontación en el sur-sureste mexicano, entre los colonialistas internos –articulados con los internacionales y trasnacionales– y quienes impulsan como alternativa un mundo donde quepan muchos mundos, tiene que ver con la puesta en marcha de las zonas económicas especiales (ZEE), como nuevo dispositivo para la ocupación forzosa de territorios y la acumulación de capitales por desposesión o despojo –vía el establecimiento de nuevas economías de enclave–, y la candidatura de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien, en representación de los trabajadores oprimidos y explotados del campo y la ciudad, ha venido llamando a luchar desde abajo contra el capitalismo, como parte de un proceso que va mucho más allá de 2018.

En ese contexto, cabe consignar la firma de una serie de decretos por Enrique Peña Nieto, desde finales del año pasado, para crear zonas económicas especiales, que si bien dijo no son una solución mágica ni una panacea, es la mejor forma para detonar el desarrollo en zonas caracterizadas por la marginación. El jefe nominal del Ejecutivo definió las ZEE como polígonos para hacer polos atractivos a la inversión, detonar empleos e impulsar el crecimiento económico y social.

Desde entonces, también, comenzaron a proliferar en los medios de difusión masiva grandes inserciones pagadas por la Secretaría de Hacienda, que bajo un titular que dice Mejores condiciones de vida para nuestras familias, añade un subtítulo que reza: Desarrollo productivo, mejores empleos y mayor bienestar. La imagen de una madre, un padre y dos niños, es rematada con un eslogan que expresa: Zonas Económicas Especiales. Una zona mejor para ti.

La propaganda gubernamental busca encubrir los verdaderos motivos de la ocupación y restructuración del espacio en territorios habitados por una diversidad de etnias o pueblos originarios, pero también por medianos y pequeños propietarios, artesanos, clases medias pobres y excluidos de las ciudades y el campo. Es decir, a la expropiación o el despojo de territorios, se añadirá la creación de territorios colonizados o enclaves coloniales al servicio de megaempresas capitalistas que asfixiarán la producción y los productos locales, refuncionalizando esas zonas especiales en polígonos para la dominación, la superexplotación, la discriminación y la exclusión.

Como señalara Pablo González Casanova en un texto anticipatorio: Colonialismo interno. Una redefinición (IIS/UNAM, 2003), la redemarcación de territorios y regiones “rompe y rehace antiguas divisiones geográficas y crea nuevos límites y flujos. Abre al país. Mueve, por distintos lados, el ‘frente de invasión’ (…) Crea una ‘conciencia colonizadora’ entre las distintas clases con pérdida de identidad de los nativos”. Lleva a un primer plano las industrias extractivas frente a las industrias de transformación, y a éstas las reduce a maquilas, donde el trabajador recibe sueldos bajos por grandes jornadas de trabajo sometidas a un proceso de producción intensiva y con carencia de derechos de asociación.

Las megacorporaciones y los complejos militares-empresariales dominan fábricas y regiones, gracias a que, como en el caso de México con Peña Nieto y las zonas económicas especiales, los inversionistas de la clase capitalista trasnacional y local reciben estímulos (también especiales), entre ellos, facilidades fiscales y apoyo en infraestructura.

La propaganda oficial oculta, también, que en las ZEE previstas para Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula; Progreso, en Yucatán, y Coatzacoalcos (Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca) en el Istmo de Tehuantepec, los trabajadores (y sus familias) estarán sometidos al control represivo de sindicatos charros, policías patronales y/o paramilitares, como parte de una privatización de la violencia y/o de una virtual desaparición o delegación del monopolio de la violencia legal del Estado.

Ello ocurre, además, en el marco de una guerra interna (disfrazada de lucha antinarcóticos), que como variante de la contrainsurgencia clásica opera hoy como una nueva guerra de conquista, donde los aparatos de seguridad del Estado actúan como ejércitos de ocupación interna (de ahí las adaptaciones legales que se busca con la Ley de Seguridad Interior aprobada por Peña Nieto), articulados con los complejos militares-empresariales multinacionales y trasnacionales.