Ni siquiera necesita probar que lo difundido le afecta. Por el solo hecho de que se le mencione, cualquiera puede interferir en los contenidos de los medios. Eso, para un impreso como este semanario –que subsiste gracias a la compra de sus ediciones, cada semana, por su público conocedor–, conlleva una revolución. A partir de ahora Proceso tendrá dos opciones: informar al estilo de un chiste que circula en YouTube –“algo de alguien en algún lugar”, de modo que ninguna persona se sienta aludida y exija su derecho de réplica– o bien prepararse para la impresión de Proceso Réplica.
Si eso no afecta la libertad de prensa en este país, la verdad no sé qué sí lo haga. Por eso me causa tanta extrañeza que a nadie más le importe. No entiendo la razón de que a ningún otro medio le importe mucho lo que está decidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me quedo perplejo ante el silencio de las personas que defienden el derecho a la libre información. ¿Será que exagero? ¿Será inocuo e intrascendente lo que la Corte está por finiquitar?
Miro a sus integrantes en el Canal Judicial –un medio al que le podremos exigir derecho de réplica si algún día nos menciona y, claro, nos percatamos de ello– y para este caso tan especial, son el vivo ejemplo de una Corte garantista. Están extendiendo hasta su máximo alcance el derecho de réplica. Ojalá así actúen siempre. Ojalá así se comporten frente a la Ley de Seguridad Interior. Porque respecto del derecho de réplica, no se puede pedir más protección que la que la Corte le está dando. Y eso que este derecho ni siquiera es autónomo, puesto que es rémora del derecho a informar. Así de simple: no hay réplica si antes no existe una nota informativa que aluda a alguien.
Pero eso, en los debates del pleno de la Corte no se tiene en cuenta, como tampoco se considera el impacto que su resolución tendrá en los medios. Nunca mejor aplicado eso de que en una acción de inconstitucionalidad se estudia el asunto “en abstracto”. Sería genial saber lo que en verdad están pensando en la Corte cuando defienden al máximo el derecho de réplica.
¿Estarán pensando en sus amistades del mundo empresarial o de la política? ¿Querrán asegurarles la mayor protección para que si algún medio los toca puedan fácilmente difundir su versión? Seguro que no, seguro que están ampliando el derecho de réplica al máximo para ventaja de todas las personas, aunque la mayoría nunca sea noticia.
Ahora que lo pienso y lo escribo, en el fondo hay algo curioso: máxima protección para el derecho de réplica, sin valorar que los pocos medios que hacen periodismo de denuncia en este país –Proceso, Aristegui Noticias sin duda– le tendrán que respetar ese derecho nada menos que a las autoridades. No a las personas comunes, que casi nunca son noticia. A esa gente que está en la burocracia, a esa gente que busca estar en la burocracia, a esa gente que tiene a su disposición oficinas de comunicación social y que podrían perfectamente difundir por cuenta propia su versión de las noticias.
Sí, la máxima protección del derecho de réplica y a sus titulares, las autoridades.
El mundo al revés. Un derecho humano extendido hasta su máxima expresión, que será usado por las personas que más poder tienen en este país –aparte de la delincuencia organizada, que no tiene pena en asumirse como tal–, pero que no será procedente en todos los casos. Porque, curiosamente, una minoría de integrantes de la Corte ha salvado a los medios que se dedican a reproducir la “verdad histórica oficial”. A ellos, nada.
¿Será por eso que a pocos medios les importe este caso que se está resolviendo en la Corte y se terminará de discutir la semana entrante? Lo he escrito antes y lo reitero: avalar que un medio pueda excusarse de publicar una réplica, cuando pretexte que lo que ha difundido proviene de información oficial del gobierno, fomenta todavía más los medios oficialistas que padecemos.
De entre la minoría de integrantes de la Corte que ha avalado lo anterior, el ministro Pardo postula que en esos casos las personas conservan la posibilidad de ir a pedir réplica a la fuente originaria, es decir, al gobierno. Imagino esa odisea. Y todo para que al final, los medios que felizmente reprodujeron la versión oficial de los hechos, acorde al gobierno, no estén obligados a publicar tal réplica.
Así, lo prudente, lo sensato, sería decirle adiós a Proceso. Irme de responsable en materia de réplica a un medio de esos a los que beneficia la publicidad oficial. Cobrarle a lo grande por una que otra réplica que algún día se presente. Aunque, la verdad, si ese medio se la pasa reproduciendo la versión de la información oficial del gobierno, trabajo, lo que se dice trabajo, no voy a tener.
Pero como uno es necio, un poco tonto y bastante ingenuo, mejor aquí me quedo, a proponer que llevemos este caso a instancias internacionales. Para nuestra desgracia, nada asegura que la gente experta en libertad de expresión nos acompañe, y tampoco hay mucha certeza de que en el ámbito interamericano nos den la razón.
El derecho humano de réplica está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y eso es de celebrarse. El problema es la realidad de México; el problema es no poner en la balanza, en perspectiva, el impacto que el derecho de réplica tiene en la libertad de prensa. A lo mejor lo más conveniente sería irnos directamente al ámbito de las Naciones Unidas. Por lo menos así tendríamos una resolución en dos o tres años y no en una década.
En fin. En este tema no me queda de otra: estoy convencido de que la solución correcta es dejar que el público tenga la última palabra. Si un medio no cumple su tarea de informar objetivamente, que la gente lo deje de seguir. Pero ahogar un medio con réplicas por la sola alusión a cualquier persona, en este nuestro México, es una grave afrenta para el periodismo de denuncia. Ni hablar. Lo único que me consuela es que todo esto que escribo es mi opinión, mi muy peculiar opinión, así que frente a ella no cabe réplica. Solamente caben otras opiniones de alguien, en algún sitio, difundidas por sus propios medios. ¡Gracias!
Este análisis se publicó el 28 de enero de 2018 en la edición 2152 de la revista Proceso.