Carlos Martínez García
Su caso no es aislado.
Los tortuosos días vividos por el estudiante Marco Antonio Sánchez
Flores y su familia revelan los laberintos que han debido sufrir otros
jóvenes, hombres y mujeres, en Ciudad de México que para su desgracia
han sido víctimas de algunas redes policiacas.
Para las autoridades capitalinas es inocultable que al estudiante de
la Preparatoria 8 los policías lo maltrataron, sus captores y la
patrulla a la que subieron al preparatoriano quedaron plenamente
identificadas. Contra todo procedimiento legal y observante del respeto a
los derechos humanos, Marco Antonio no fue presentado al Ministerio
Público, órgano encargado de fallar sobre los pasos a seguir.
Necesariamente la instancia judicial tendría que haberlo canalizado a un
juzgado para menores de edad. Todo el camino legal fue flagrantemente
incumplido, teniendo como resultado la desaparición de Marco Antonio por
cinco días.
Dos de los policías que aprehendieron al estudiante, según ellos
porque alguien lo señaló de haber intentado robarlo, han declarado que
lo soltaron cinco minutos después de que lo capturaron. Otros dos de los
participantes en la detención están
ilocalizables. Las evidencias señalan que durante el tiempo en el cual permaneció en manos policiacas, con toda probabilidad mucho más que cinco minutos, Marco Antonio recibió golpes y amenazas que lo dejaron en condición vulnerable física y sicológicamente. Tan es así que no fue capaz de orientarse para regresar a su casa ni para solicitar ayuda de quien pudiese contactar a su familia y ella acudiera en su auxilio. Por días deambuló peligrosamente, la ropa que vestía al momento de la captura quedó en algún lugar de su castigante peregrinar, el día de su aparición llevaba otras prendas distintas a las mostradas en las fotografías captadas por un amigo cuando los policías lo inmovilizaron.
De forma sospechosa no hay imágenes que corroboren lo declarado por
los elementos policiacos, a saber, que después de cinco minutos de
tenerlo en una patrulla lo liberaron. Hasta el momento no han sido
mostradas filmaciones captadas por las cámaras que en la zona tiene la
Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Esto ha robustecido la
hipótesis que buscan evadir las autoridades: a Marco Antonio lo
retuvieron más tiempo que el reconocido y lo condujeron a un lugar para
que más o menos se recuperara de la golpiza propinada y estuviera en
condiciones mínimas de caminar. Después lo soltaron y no les importó que
su desorientación era ostensible, lo que ponía en peligro su
integridad.
Lo sucedido a Marco Antonio ha revelado que su experiencia personal
es una réplica del martirio padecido por otros jóvenes de la zona,
inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús. De acuerdo con
reportes periodísticos, varias personas declararon que otros estudiantes
han sido aprehendidos por policías, bajo distintas acusaciones y
aprovechándose del temor de los jóvenes a ser trasladados al Ministerio
Público, los policías aceptan celulares y otras pertenencias de los
retenidos. Se trata de bien calculadas operaciones de extorsión, cuyos
perpetradores sacan raja de los estudiantes que para su infortunio
cayeron en manos de los
representantes de la ley. Mientras tanto, los índices delictivos en la capital del país se han disparado en casi todos los rubros.
¿Qué hizo distinto el caso de Marco Antonio de tantos otros
similares? En primer lugar que su detención quedó grabada por un amigo
que lo acompañaba. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y,
al pasar las horas y no saber dónde estaba el estudiante, miles de
personas mediante mensajes exigieron a las autoridades que respondieran
una candente pregunta: ¿dónde está? Igualmente por mensajes cibernéticos
fue convocada una movilización ciudadana para manifestar indignación y
repudio por la desaparición del preparatoriano. Al acto en el Ángel de
la Independencia acudió un importante número de solidarios para exigir
que apareciera Marco Antonio.
El hartazgo, la molestia y falta de confianza de la ciudadanía en las
fuerzas policiacas se acrecienta con casos como el descrito. Es así
porque siguen teniendo lugar abusos de quienes están para proteger a los
habitantes de Ciudad de México. Se supone, y así lo han sostenido
distintos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y el mismo
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que la capital cuenta con más
elementos capacitados y mejor equipamiento que otras fuerzas de policía
en el país. Lo cierto es que los cinco días en que Marco Antonio no pudo
ser localizado por familiares y amigos desnudan prácticas que no pueden
ni deben padecer los habitantes de la ciudad.
Los padres de Marco Antonio siguen preocupados, porque su hijo no los
reconoce, tampoco puede articular conversación significativa con ellos.
En cinco días su deterioro es ostensible y es resultado de los castigos
que le infligieron. La movilización ciudadana logró que el estudiante
apareciera con vida. Quedan preguntas cuyas respuestas son urgentes:
¿dónde lo tuvieron y quiénes?, ¿por qué tiene tantos daños físicos y
sicológicos? No más infiernos como el impuesto a Marco Antonio. La
ciudadanía lo exige y no dará marcha atrás.
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