Las
autoridades de ambas entidades violaron protocolos de búsqueda que
entorpecieron la localización del menor y violaron sus derechos humanos.
Durante los cinco días en que Marco Antonio Sánchez Flores, de
17 años, estuvo desaparecido, funcionarios públicos de la Ciudad de
México y el Estado de México incurrieron en “omisiones graves” que
entorpecieron la inmediata localización del joven y que deben ser
considerados para la investigación para deslindar responsabilidades,
sostiene el equipo legal que asiste el caso.
Además, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF), Nashielli Ramírez, aseguró que no se aplicaron los
protocolos en la búsqueda del joven estudiante de preparatoria, según lo
ha documentado el organismo que inició el acompañamiento a la familia
horas después de la desaparición.
El caso de Marco Antonio pasó por instituciones de la Ciudad de
México y del Estado de México a partir de una detención por parte de
policías capitalinos y de la cuál aún hay vacíos en el relato ofrecido
por el procurador capitalino, Edmundo Garrido.
Aún no hay certeza sobre lo que le ocurrió al joven durante 120
horas. No se ha explicado cómo es que Marco, visiblemente aturdido fue
localizado a 40 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez;
tampoco las razones del notable cambio físico del joven que aún
permanece en un estado de confusión, ni los cambios de ropa en cada
punto.
La defensa insiste que aún con la localización del joven, la
Procuraduría capitalina debe continuar las investigaciones. “La
exigencia de la familia en este momento es por justicia y que se siga
investigando”, afirma Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia
Procesal Penal (IJPP).
El Instituto trabaja en coordinación con la Oficina de
Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y la Red por los
Derechos de la Infancia en México (Redim) para exigir a la autoridad una
debida diligencia en la investigación y, asistir a la familia en caso
de decidir emprender acciones legales.
Simón Hernández explicó a Animal Político las omisiones e irregularidades en el caso. Estas son los ocho momentos detectados hasta el momento:
1.-Según la versión del amigo de Marco, testigo de lo ocurrido, dos
elementos policíacos en motocicleta acusaron al joven de haber robado un
celular cuando ambos se tomaban una fotografía frente a grafiti en la
calle. Inmediatamente, dos policías en una patrulla se unieron en el
acoso y Marco, asustado corrió hacia la estación del Metrobús El
Rosario, que se encontraba a unos metros y donde finalmente fue amagado.
Sin embargo, para la defensa, esta es la primera irregularidad:
se trata de una detención arbitraria, “sin causa legal”. Es decir, no
había motivo para la aprehensión y aún así lo amagaron y, según el
relato del amigo, los policías también lo golpearon en la cabeza con el
casco y lo patearon al tenerlo en el suelo, lo cual significaría un uso
excesivo de la fuerza por parte de los elementos policíacos de la Ciudad
de México.
2.-Después de la aprehensión, los policías lo suben a la
patrulla, pero no lo llevan al ministerio público, como lo establecen
los protocolos de actuación policial. Es justo ese momento en el que “se
pierde su paradero” y, por tanto, incluso, la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una queja por “desaparición forzada”. La pena por este delito, según el Código Penal local es de 15 a 40 años de prisión.
3.-Pese a que el amigo de Marco, tomó una fotografía en la que
se ve a los policías amagando al joven y a que fue el último momento en
el que se le vio, la agencia 40 del Ministerio Público se negó a dar
información sobre el paradero del joven tras la detención. Incluso,
aunque la madre de Marco, Edith Flores quiso interponer una denuncia por
la desaparición, el MP se lo negó.
Esto, dice Simón Hernández, es otra irregularidad, toda vez que
al existir el elemento de la detención por parte de policías, es decir,
la presunción de desaparición forzada, el MP estaba obligado a abrir la
denuncia sin necesidad de agotar ningún plazo, según lo establecen las
sentencias emitidas por organismos internacionales. “Esta
obstaculización de acceso a la justicia es violatorio de las personas
desparecidas y familias porque en casos de desaparición las primeras
horas son cruciales”, dice.
4.-Hasta que Edith Flores acudió a la Comisión de derechos
humanos local para pedir asistencia pudo interponer la denuncia, pero
aún con una carpeta de investigación abierta, la autoridad no activó
protocolos de búsqueda para la debida diligencia. Incluso, la alerta
Amber que funciona para la pronta localización de menores de edad fue
activada hasta el viernes 26 de enero, tres días después de su
desaparición.
5.-Según informó la Fiscalía Anti Secuestro capitalina a la
familia, el joven fue aprendido por policías en el Estado de México en
un puente porque supuestamente intentaba suicidarse el sábado 27 de
enero; por ello fue puesto a disposición de un juez cívico de
Tlalnepantla, según se observa en las cámaras de seguridad, pero al no
encontrar elementos para la presunción de un delito lo dejó en libertad
10 minutos después, a las 23:45 horas, y nuevamente desapareció.
Aquí ocurre lo mismo que en la primera detención. La última vez
que se ve a Marco es con funcionarios públicos, por lo tanto podría
considerarse también desaparición forzada, asegura Simón Hernández.
6.-Otra “grave omisión” de los funcionarios mexiquenses es que
ni siquiera registraron la aprehensión del joven en sus archivos porque
supuestamente el joven no quiso decir su nombre y tampoco atendieron la
alerta que ya había para la localización de Marco. El juez calificador
también ignoró el visible estado de confusión y a las lesiones físicas
que presentaba y lo liberó sin proporcionarle asistencia médica o
jurídica. Tampoco aplicaron el protocolo de tratamiento para un menor de
edad que consiste en buscar a sus padres.
7.- Este domingo 28 de enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, negó que el caso Marco se tratara de
una desaparición forzada, insistió en que sólo se trataba de un
extravío. Sin embargo, sólo la Procuraduría puede determinar, con los
debidos elementos de prueba, si se trata de uno u otro supuesto. La
declaración de Mancera, dice Simón Hernández, puede afectar la
“imparcialidad” de la Procuraduría durante la investigación.
8.-Minutos antes de que los padres de Marco se encontraran con
él en el Centro de Justicia de Tlalnepantla este domingo 28 de enero, se
difundió una fotografía del joven en dichas instalaciones que
comenzaron a circular en medios de comunicación. Esto significa una
acción violatoria de los derechos de los niños sobre el resguardo de su
identidad y en estos casos, “las autoridades ministeriales son
encargadas que no se filtren”, dice el abogado Hernández. Sin embargo,
en ese momento, el joven sólo tenía contacto con personal policiaco
autorizado, su defensa y personal de la CNDH.
“Sano se lo llevaron, sano lo queremos”
Este lunes por la noche, Marco Antonio Sánchez, el padre del
joven desaparecido, encabezó la marcha de los estudiantes de la
preparatoria 8 de la UNAM, donde su hijo estudia. Exigieron justicia
tras la desaparición durante cinco días del joven de 17 años.
Ahí, el padre informó que Marco aún se encuentra hospitalizado.
“Mi hijo viene muy dañado. Sano se lo llevaron, sano lo queremos”,
arengó en el antimonumento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos en 2014 en Paseo de la Reforma.
Marco fue ingresado al hospital en la madrugada de este lunes
29 de enero luego de ser revisado por un médico legista de Tlalnepantla.
Hasta el momento aún no se determina con exactitud las afectaciones que
sufrió el joven tras la detención policiaca.
Aunque está estable, aún se encuentra confundido. “Está dañado,
está mal. Se tuvo que sedar para que le hicieran el encefalograma”,
aseguró su padre Marco Antonio Sánchez. Al concluir los exámenes médicos
se podría determinar cuándo estaría en posibilidad de declarar lo que
le ocurrió, informó su defensa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario