Gustavo Leal F.*
Los primeros días de enero 2018, arropado por el priísmo mexiquense, José Antonio Meade se pronunció por dar continuidad al Seguro Popular. Hoy, sostuvo, 53 millones tienen acceso a médico, medicinas y clínica. No hay manera que vayamos a dejar que desaparezca. Por el contrario, tenemos que fortalecerlo porque sabemos lo importante que es que acompañe a la pensión del adulto mayor.
Y agregó: que sepa quién está en las familias de Prospera que sabemos que, por definición, necesitan un apoyo, que van a contar con el Seguro Popular. ¿Y los que no están?
Inmediatamente remató ofreciendo aplicar un programa similar al de Escuelas al Cien para dignificar y modernizar la infraestructura de salud, para que en ninguna unidad falten médicos, fármacos y equipo.
¿A qué se refiere con que acompañe a la pensión del adulto mayor? Sin duda al programa Pensión para Adultos Mayores-Sedesol (PAM): apenas 580 pesos mensuales ( DOF, 28/12/17) y que él descubrió por su meteórico paso como su titular.
De tal suerte que para Meade, fortalecer el Seguro Popular –programa sanitariamente fracasado (G.Leal, ¿Protección social en salud?, Estudios Políticos, 28, UNAM, 2013) y, con la recentralización del peñismo, cercado hasta la médula por consuetudinarios eventos de corrupción e impunidad– consiste en garantizar un apoyo defendiendo lo que sanitariamente resulta indefendible y sumándole, además, las pensiones no contributivas que no entran al fondo del desafío que enfrentan las pensiones contractuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Pero hay mucho más. Siguiendo al doctor Luis Miguel Gutiérrez y colaboradores, responsable del Instituto Nacional de Geriatría, el México de 2010 mostraba una esperanza de vida (EV) –a los 60 años– de 22 para mujeres y 20 para los hombres. De ellos, 15 y 14 fueron de esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD). El tiempo vivido sin discapacidad fue superior en hombres que en mujeres: ellas pasaron siete años con discapacidad, mientras que los hombres casi seis (Esperanza de vida libre de discapacidad y con discapacidad de la población adulta mayor mexicana, Amafore, 2018).
Al considerar los diferentes tipos de discapacidad, Gutiérrez constató que, para ambos sexos, las limitaciones de movilidad fueron las más prevalentes, seguidas del deterioro sensorial (dificultad para ver y oir): en todos los casos, las mujeres tuvieron una mayor EVLD por todos los tipos de limitaciones y en todos los grupos de edad. Sin embargo, en términos porcentuales –los hombres respecto a las mujeres– tuvieron una mayor proporción de años vividos con discapacidad en la limitación para oir; por su parte, las mujeres presentaron porcentajes ligeramente menores de EVLD en las limitaciones para caminar o moverse, ver, atención y autoaprendizaje para el autocuidado y mental.
Según Gutiérrez, las diferencias entre los estados de la República Mexicana son mucho más notorias en la ELVD que en la EV a los 60 años, y a medida que aumenta la edad, estas diferencias en la primera se hacen menores entre hombres y mujeres. Todo ello patentiza la diversidad de condiciones de salud de los adultos mayores y particularmente la manera en que las diferentes limitaciones afectan su esperanza de vida saludable. Ello demanda un trabajo sinérgico en el frente social, salud, económico comunitario y familiar entre otros, con el fin de procurar una vejez en las mejores condiciones posibles.
Éste es parte del complejo cuadro que Meade quiere acompañar con la PAM-Sedesol. Al sobradamente confirmado y ostensible despeñadero médico del Seguro Popular, que él quiere fortalecer, hay que sumarle el muy alejado horizonte de intervención con que la PAM pretende aproximarse a la cobertura pensionaria efectiva que merecen nuestros adultos mayores, justo en la delicada materia de su salud.
Como señalan Gutiérrez y colaboradores, la presencia de discapacidad en edades avanzadas, tarde o temprano llevará a un retiro definitivo de la actividad laboral y hará más apremiante la necesidad de contar con algún ingreso para satisfacer, no sólo las necesidades básicas de consumo de bienes y servicios, sino las que se derivan del deterioro de la salud. Esta es una razón más para adecuar las políticas, programas y acciones. Paralelamente, habrá que plantear nuevos mecanismos que permitan a las personas mayores que así lo decidan, conforme mantienen por más tiempo su capacidad funcional, permanecer activas.
Al decir de Aracely Escalante, directora general del Inapam-Sedesol, al cierre de 2017 se habían expedido un millón 280 mil tarjetas Inapam. Con ella, los adultos mayores obtienen descuentos de 10 a 100 por ciento en la compra de bienes y pago de servicios: impuesto predial, agua potable y transporte público. Y para Eviel Pérez Magaña, titular de Sedesol, una de sus prioridades será la de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
Y la misma Amafore, con información de 2013, reconoce que la mayoríade las personas en edad avanzada, 80 por ciento, tiene cobertura médica: 51 en el IMSS y sólo 16 por ciento en el Seguro Popular. Ello supone, observa, que un eventual tratamiento de alguna enfermedad podría significar un deterioro considerable e irrecuperable de las finanzas de estas personas y sus familias (“¿ Cómo viven los mexicanos el retiro?”, Amafore, 2018).
Eso y ninguna otra cosa es lo que entiende Meade por salud, sólo para la población Prospera.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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