Al inicio de su intervención, el diputado dice desde la tribuna: “Es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio…”.
El presidente del Congreso lo interrumpe: “Le rogaría que no cite los nombres de los implicados, ya que el caso está sub-judice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean relevados por ahora.
Continúa el diputado: “Les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de …ALGUIEN respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio…”.
De nuevo interviene el presidente: “Le ruego que omita la especificación de malversación ya que el juez que instruye la causa aún no ha dictado sentencia”.
El diputado se disculpa y retoma: “Les decía que es evidente que ha habido ALGO, por parte de ALGUIEN, respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio…”.
“Disculpe, señoría –lo reconviene de nuevo el presidente–, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen los fondos de fomento hasta que el Tribunal de Bruselas proceda la causa”.
El diputado reitera: “Les decía que es evidente que ha habido ALGO, por parte de ALGUIEN, respecto de ALGO en el ministerio…”.
De nueva cuenta, el presidente lo corrige: “El Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios sean mantenidos al margen hasta que no se cierre el proceso”.
Entonces, el legislador, ya con todas las enmiendas impuestas, puede hacer su planteamiento: “En cualquier caso, quiero aclarar que es evidente que ha habido ALGO, por parte de ALGUIEN, respecto de ALGO, en ALGÚN sitio. Eso es tajante”.

Eso que causa risa, en el caso de México se puede convertir en una seria amenaza para la libertad de expresión, pues para la Corte basta que una persona se sienta ofendida con la publicación de una información “falsa o inexacta” para que exija un derecho de réplica y el medio publique una “versión alternativa” (en vocabulario del presidente Donald Trump) de los hechos.
No importa que la información sea cierta. Basta con que sea “inexacta” o falsa para que la réplica se publique en el mismo lugar y con la misma relevancia de la información original.
Los medios, o cualquiera que emita información, no podrán decidir si procede o no el derecho de réplica, pues de acuerdo a los ministros no son quienes deben interpretar la ley.
Al incluir a los funcionarios públicos y políticos, así como los partidos políticos, la Corte los colocó en la misma condición que los ciudadanos, a pesar de que éstos carecen de los recursos y los aparatos propagandísticos de la clase política.
Además, si la información es falsa o inexacta, el medio no está obligado a la réplica. Así es que el ofendido tendrá que buscar el ejercicio de la réplica en la autoridad (si es que encuentra al responsable). Para los medios que no quieran tener problemas, bastará con que publiquen sólo versiones oficiales. Es decir, se incentiva el periodismo oficioso.
Hay muchos otros aspectos de la Ley del Derecho de Réplica que la Corte está analizando desde la semana pasada, pero la ley que regula el artículo sexto de la Constitución elaborada por el Congreso, promulgada por el Ejecutivo y avalada por la SCJN hará más difícil la participación de los medios en construcción de un verdadero Estado democrático en México.
No es estar en contra de la regulación, sino de la manera en que los poderes del Estado quieren mantener a raya a la prensa.