Gabriela Rodríguez
Hace un año
terminamos la construcción de la Constitución de la Ciudad de México, la
primera Carta Magna de los capitalinos incluye 71 artículos generales,
reconoce los más emergentes derechos humanos y mandata la creación de
una nueva arquitectura institucional para hacer exigibles los derechos,
renovar la organización política de los poderes y de las alcaldías,
ampliar la participación ciudadana en todas las esferas gubernamentales y
transformar el sistema de justicia. Una Constitución que fue producto
del diálogo y la deliberación con base en argumentaciones sustantivas,
ejercicio inédito en un país donde la práctica de los congresos locales,
y del federal, es la imposición de leyes por parte de las fracciones
mayoritarias. Formalmente, esa Constitución no entrará en vigor sino
hasta el 17 de septiembre del presente año, pero acciones de gobierno y
de la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal han impulsado
leyes secundarias y acuerdos que contradicen aspectos relevantes del
texto logrado con tantas dificultades en enero del año pasado.
No pretendo ser exhaustiva, pero el Observatorio Ciudadano para la
Defensa de la Constitución de la Ciudad advirtió distintas
consideraciones: las nuevas leyes incumplen reglas de paridad de género y
cambian fechas de procesos legislativos, no quitaron el fuero tal como
se eliminó en la Constitución, desconocen instrumentos de planeación,
evaluación de políticas y de seguridad pública. La Ley del Poder
Judicial omite la figura del Consejo Judicial Ciudadano para el
nombramiento del Consejo de la Judicatura y la de Alcaldías omiten las
figuras de contralor ciudadano y el programa de mejoramiento barrial.
Entre los mandatos constitucionales al Congreso está el de expedir una
ley que establezca las bases para que las alcaldías convengan con el
jefe de Gobierno la operación de cuerpos de policía de proximidad,
porque es un hecho que está fallando la prevención del delito.
Una de las acciones más preocupantes es que en vez de fortalecer la
participación ciudadana como lo mandata la nueva Constitución, en la
elección de responsables para acabar con la corrupción se están
favoreciendo candidatos a modo. A fin de sostener la impunidad ante
múltiples actos ilegales e injustos realizados por gobernantes locales,
se quiere imponer a personas sin el perfil ético y profesional como
comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Infodf).
El colmo es que concursen hasta operadores de Mauricio Toledo, quien
actualmente cuenta con sinnúmero de denuncias administrativas y penales,
además del señalamiento como probable responsable de las recientes
agresiones a los mítines de la precandidata para jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum. Por fortuna, entre los aspirantes hay cerca de 15 que
sí cubren las condiciones de elegibilidad para garantizar la
independencia del organismo. El observatorio enlista un conjunto de
peticiones: cumplir el principio de seguridad jurídica, dotar a
cabalidad de los principios que promueven seguridad jurídica,
transparencia, máxima publicidad, certeza, legalidad, imparcialidad y
objetividad; asegurar que se privilegie la capacidad y trayectoria de
las mujeres participantes en igualdad de condiciones respecto al otro
sexo, asumiendo la importancia de contar con un espacio que acorté la
brecha de género en espacios de toma de decisiones. Antecedente
importante y con resultados positivos ocurrió ya en la Asamblea
Legislativa, cuando la activa participación de las organizaciones
impidió que se religiera en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) a la anterior titular de dicha comisión, quien lejos de
defender a las víctimas de derechos humanos de la ciudad, se distinguió
por encubrir los actos de los funcionarios capitalinos.
Pero una de las burlas más burdas a la Constitución de la
ciudad queda a la vista ante el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, el
estudiante de 17 años de la Prepa 8. Un acto que evidencia hasta dónde
la policía capitalina no sólo falla en proteger la seguridad de los
capitalinos, sino que se ha convertido en violador principal de derechos
humanos. Gracias a la presencia de un testigo presencial y a las redes
sociales, vimos fotografías y supimos que Marco Antonio fue
arbitrariamente detenido y golpeado por miembros de la policía citadina y
luego desaparecido. Increíble, la opacidad total de lo ocurrido en esos
cinco días, lo único que nos queda claro es que la intensa movilización
social fue quien lo salvó de un mal irreparable. La respuesta del jefe
de Gobierno deja mucho que desear, en vez de que Miguel Ángel Mancera
vaya a presumir a la ONU nuestra nueva Constitución capitalina, sería
mejor que se abocara a cumplirla, lo menos que podemos pedirle al ex
titular de la Procuraduría capitalina es que garantice el derecho a la
integridad, el acceso a la justicia, a la seguridad, al espacio público,
a la movilidad, a la seguridad urbana y a la protección civil, a la
seguridad ciudadana, a la prevención de la violencia y del delito y el
derecho de las víctimas (capítulo II de la Constitución CDMX). Ya va más
de una semana y no sabemos nada de lo que ocurrió a Marco Antonio. Pero
esta vez constataremos lo que es tener un perfil ad hoc
dirigiendo la CDHDF, pienso que serán sus abogados y visitadores, que
están al frente del caso, quienes nos aclararán lo ocurrido.
Twitter: Gabrielarodr108
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