Evaluación educativa, el camino equivocado

Lev M. Velázquez Barriga*

La evaluación fue presentada como el eje central para alcanzar la calidad educativa. La reforma educacional mexicana en su dimensión laboral y pedagógica tuvo como línea transversal evaluar a los docentes, pero también a los alumnos; con ella se mejorarían los aprendizajes y se elegirían a los maestros idóneos para desempeñarse en el campo de la enseñanza. Todo se resumía en el eslogan gubernamental que fue repetido hasta el cansancio Evaluar para mejorar.

En los confines del sexenio, a cinco años de lo que se presentó como la más importante de todas las reformas, de la transformación profunda que no se limitó a lo epidérmico de las leyes secundarias sino que requirió modificar la esencia de la Constitución mexicana, en el curso de lo que Enrique Peña Nieto bautizó como revolución educativa y que según los reformadores transformó la cultura pedagógica porque los alumnos ya no memorizan, ahora reflexionan y aprenden para la vida; una pregunta simple, de sentido común es necesaria: ¿Ya mejoró la educación?

La respuesta venida desde los docentes rijosos o desde los estudios académicos fuera del círculo de los reformadores se pondría en tela de juicio por las sagradas instituciones educativas y evaluadoras públicas o autónomas, por la cientificidad técnica cuasi absoluta de las mediciones estandarizadas; pero en esta ocasión, la respuesta viene de esas mismas instituciones y mediciones, se lee en los números e informes del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), en los resultados de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) para secundaria y para nivel medio superior un no, no ha mejorado la educación, no han mejorado sustancialmente los aprendizajes, confirmando incluso lo que arrojó la prueba internacional PISA aplicada en 2015.

Un profesor universitario solía replicarnos cada vez que argumentábamos el fracaso del capitalismo porque la mayoría de la población era pobre y la riqueza estaba concentrada en unos cuántos, decía que justamente esa era la finalidad del sistema; no existía tal fracaso porque habían cumplido el objetivo de despojarnos por siglos del producto de nuestro trabajo y de la tierra. Hoy seríamos igualmente ingenuos si alguna vez creímos que los propósitos reales de la evaluación eran mejorar los aprendizajes, el salario de los trabajadores de la educación, la formación de los profesores y su relación laboral.

Los objetivos implícitos, los verdaderos fines superiores de los autores intelectuales y materiales de la evaluación, siempre buscaron hacer de ella un negocio rentable para la industria de los exámenes, desposeer a los maestros de su derecho humano al trabajo, precarizarlo, sustituir su profesión por cualquiera otra, mercantilizar su formación mediante las escuelas privadas y deformar su pedagogía en técnicas de instrumentación para no crear o innovar nada, sólo cumplir con las nuevas disposiciones.

En este sentido, entonces sí, la evaluación está logrando los resultados esperados por el gobierno y los empresarios: introdujo en el sistema educativo el síndrome del hiperconsumo de las evaluaciones pagadas con dinero público; se dinamizó el mercado de la formación docente para atenderlas; la evaluación está sustituyendo la formación inicial de maestros de prescolar y primaria al abrirse a todas las profesiones; los nuevos ingresos al servicio docente son iniciados en condiciones de mayor precariedad laboral que antes de la reforma; los que están en servicio y ascienden a puestos de dirección pierden su estabilidad por contratos a prueba y para todos retrocedió el régimen de derechos laborales.

El más reciente informe mundial anual de la Unesco ya dejó muy claro el grave error que cometen los gobiernos al edificar sus reformas responsabilizando a los maestros. En México, la evaluación ha sido justamente ese mecanismo de focalización para señalar, desprestigiar, denostar y exculpar a los responsables de las políticas educativas, a los gobiernos y la tecnocracia reformadora, culpando a los maestros, pero además criminalizándolos haciendo uso de la fuerza pública para obligarlos a evaluarse.

La evaluación como instrumento para alcanzar la calidad educativa, para usar el lenguaje de los tecnócratas, es una desviación, una falacia que está dando las muestras más contundentes de haber sido una estafa en la que muy pocos se beneficiaron y la mayoría han perdido. Si se le pone una fase o se le quita otra, se le agregan elementos o se eliminan, masiva o selectiva, si se hacen más eficientes los instrumentos o se cambian por otros, el sentido equivocado sigue siendo el mismo: la evaluación por sí misma no mejora la educación, evaluación y calidad no son sinónimos. Hay elementos suficientes para decir que no debe ser el eje vertebral de ninguna reforma educativa.

Un cambio sustancial, por supuesto no debe dejar de lado la evaluación, pero sí redireccionar el eje central de la política educativa, además tendrá que revertir los daños a los maestros cesados y despojados de su estabilidad laboral que fueron causados por las secuelas de este proyecto fallido para la sociedad, aunque exitoso para los enemigos de la escuela pública y el derecho humano a trabajar en condiciones de dignidad.

*Doctor en pedagogía crítica