Napoleón Gómez Urrutia
México se encuentra
ante una gran encrucijada: el Senado de la República y la Cámara de
Diputados aprobarán o rechazarán el peor proyecto de reforma laboral en
la historia del país, el cual pretende anular derechos de los
trabajadores como la contratación colectiva, el recurso de huelga como
último instrumento de presión para evitar la explotación e injusticias,
así como la libertad sindical en el más amplio sentido del término.
Esta iniciativa, elaborada por los más reaccionarios abogados de la
Coparmex y de otras cámaras empresariales, no fue propuesta por el
gobierno de Enrique Peña Nieto directamente, quizás para evitar el costo
político que podría tener sobre la campaña del PRI a la Presidencia de
la República y a otros cargos y responsabilidades, sino que se la
asignaron a dos dirigentes sindicales oportunistas, abyectos y sometidos
vergonzosamente por los señores del poder y del dinero: los senadores
Tereso Medina, de la CTM, e Isaías González Cuevas, de la CROC,
considerados como traidores por la clase trabajadora consciente y
responsable de México.
Atrás de ellos está un grupo de diputados y senadores que estudiaron
en el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), creado y
patrocinado por Alberto Bailleres, del Grupo Peñoles y Palacio de
Hierro, a quien sus legisladores, en un acto de aparente agradecimiento,
le regalaron la medalla Belisario Domínguez. Esta ha sido una de las
más discutidas y bochornosas ceremonias que se han producido desde que
ese alto honor se instauró, antes se había entregado a algún distinguido
personaje nacional que hubiera aportado transformaciones humanistas,
culturales o heroicas importantes para la mayoría de los mexicanos y no,
como en este caso, a un empresario cuya trayectoria ética y moral en
los negocios deja mucho que desear.
Al presentar el proyecto de reforma laboral se conjugaron un interés
individual con la ambición empresarial de obtener cada vez mayores
ganancias, al costo de la explotación y la pobreza crecientes no sólo de
los trabajadores, sino de la gran mayoría de la población. La
insensibilidad, ignorancia y la carencia de visión no permiten a esos
políticos darse cuenta de que los sindicatos han sido un factor
fundamental de estabilidad y paz social en el país, y que el día que
de-saparecieran se generaría un caos y una revuelta que nadie podría
controlar, ya que la pérdida de los derechos laborales y humanos crearía
una crisis grave de consecuencias incalculables.
Los sindicatos democráticos, progresistas e independientes deben, hoy
más que nunca, fortalecer la unidad y ejercer todo su poder y fuerza
para oponerse a esa retrógrada reforma laboral. Se requiere de una mayor
acción jurídica y política basada en la experiencia acumulada, porque
ese conocimiento nos ha enseñado que los partidos políticos más
conservadores son financiados principalmente por las grandes
corporaciones y que sus accionistas han acumulado una enorme riqueza,
pero nunca lo han hecho para proteger o promover los intereses de la
población trabajadora.
Los gobiernos, por su parte, tampoco han promovido en México una
legislación que mejore el bienestar de las comunidades y de los centros
de trabajo. Por eso se requiere crear una mayor conciencia de
participación política de parte de los líderes, para frenar esas
reformas negativas que podrían, de aprobarse, crear un daño más grave
del que la miopía de los inversionistas y sus directivos y empleados
pueden vislumbrar. De ahí que sea necesario aprender las lecciones
importantes de nuestra historia, para evitar repetir los errores del
pasado.
La reaccionaria reforma laboral propuesta por la CTM y la CROC
excluye algunos aspectos fundamentales en la democracia y la lucha
histórica de las organizaciones sindicales, ya que:
a) Conserva intacto el reconocimiento oficial a través de la toma de
nota, con el objeto de mantener el control de los sindicatos y de sus
líderes.
b) No establece sanciones a los incumplimientos de la ley.
c) Deja en libertad a las empresas para la subcontratación del personal a través del outsourcing, así como los despidos injustificados sin ninguna responsabilidad ni obligación para accionistas y directores.
d) Para sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje, crea un
instituto de registros de contratos y sindicatos, integrado en forma
tripartita por tres para las centrales obreras (CTM, CROC y CROM), tres
para el sector empresarial representado por la Coparmex, Concamin y
Concanaco, y tres para el gobierno, Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, además de un
presidente con voto de calidad designado por la autoridad, según
consigna el laboralista Arturo Alcalde Justiniani.
e) Al mismo tiempo, la Cámara de Senadores se ha negado a ratificar
el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el
derecho a la sindicalización y la contratación colectiva, por
instrucciones seguramente del propio gobierno y la opinión también
negativa del sector empresarial y en contra de la presión internacional.
f) Se impide a los trabajadores abandonar el sindicato impuesto por la empresa, cuando ese es un derecho universal de ellos.
g) Se niega la contratación colectiva en las medianas y pequeñas
empresas, que son la inmensa mayoría en el país y donde los trabajadores
sufren más violaciones a sus derechos laborales.
Muchas empresas nacionales y extranjeras violan hoy la Ley Federal
del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los convenios internacionales, porque las autoridades estatales y
federales se los permiten, aun sin la aprobación de la reforma laboral.
Podríamos pensar, al igual que con la Ley de Seguridad Interior, que si
eso hacen sin fundamento legal, qué sucedería si se llegara a aprobar en
sus términos ese proyecto fascista de reforma laboral.
En resumen, esta propuesta debe ser rechazada y obligar al presente
gobierno, antes de que termine su mandato, a respetar la democracia, la
integridad y la libertad sindicales, previo a finalizar su
responsabilidad, y no dejar una herencia funesta y negativa, cuyas
consecuencias las pagarán estos mismos políticos y empresarios pero
desgraciadamente también el país entero.
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