Andrea Leadsom,
presidenta de la Cámara de los Comunes (cámara baja) del Poder
Legislativo británico, advirtió ayer que el Parlamento adoptará medidas
que
marcarán un hitoen la historia de la institución, incluida una lista de sanciones que irán hasta la expulsión de legisladores que sean hallados culpables de abuso, a fin de lograr
un cambio de cultura.
El señalamiento fue expresado tras la divulgación de un informe
multipartidista según el cual 19 por ciento de los empleados del
Parlamento ha presenciado o sufrido alguna forma de agresión sexual
durante el año pasado, en tanto que 39 por ciento sufrió otras formas de
acoso o de conductas inapropiadas. En meses recientes dos miembros del
gabinete de la primera ministra, Theresa May, han debido renunciar
debido a acusaciones por protagonizar agresiones sexuales.
La determinación del organismo legislativo británico constituye una
respuesta acertada para hacer frente en su interior a lo que resulta un
fenómeno exasperante de violencia de género que no se circunscribe a
fronteras, continentes, culturas o clases sociales, y que ha saltado a
los reflectores a raíz de una cascada de denuncias que se iniciaron el
año pasado en Estados Unidos, cuando el ex productor cinematográfico
Harvey Weinsten fue señalado como acosador y violador por diversas
actrices que trabajaron en sus películas. Un antecedente fueron las
acusaciones de diversas mujeres en contra de Donald Trump, entonces
candidato presidencial, por una serie de abusos sexuales. Pronto las
revelaciones adquirieron la característica de una bola de nieve cuando
miles de mujeres en muchos países decidieron dar a conocer sus
experiencias como víctimas de distintas formas y grados de hostigamiento
sexual en las redes sociales.
Lo cierto es que la violencia de género es un asunto que no
puede ser soslayado por las sociedades, los gobiernos, los organismos
internacionales, los grupos sociales, los partidos políticos, las
iglesias y el mundo empresarial. La democracia, la legalidad y otros
principios básicos en los que fundamentan su existencia los estados
modernos quedarán exhibidos como una simulación si no se emprende un
esfuerzo multilateral, multidisciplinario y generalizado para poner fin a
todas las formas de abuso que sufren las mujeres, tanto en la calle
como en sus sitios de trabajo o estudio y en sus hogares, que van desde
expresiones verbales de machismo por parte de desconocidos hasta el
feminicidio; es importante considerar que entre las primeras y el
segundo hay un denominador común y que si no se erradica de la cultura
las ideas misóginas predominantes, no será posible asegurar los derechos
de las mujeres –desde la equidad laboral hasta la seguridad física y
emocional, pasando por la potestad soberana de decidir sobre su propio
cuerpo– y el mundo seguirá viviendo, en consecuencia, en estados de
derecho imaginarios para la mitad de la población.
Por lo que respecta a nuestro país, resulta imperativo que la
generalidad de las instituciones públicas y privadas de México emprendan
diagnósticos serios, honestos y autocríticos sobre las condiciones que
enfrentan las mujeres que trabajan en ellas. Sin duda, el ejemplo del
Parlamento británico debe ser adoptado, sin desconocer que no basta por
sí mismo: se requiere, además, de campañas educativas, de acciones
administrativas y de una efectiva voluntad de hacer cumplir las leyes
que sancionan las múltiples formas de violencia de género.
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