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| Meade con integrantes de la CTM. Foto: Miguel Dimayuga |
Los conflictos internos del corporativismo priista se agravaron
el pasado 10 de diciembre, cuando los senadores Isaías González y Tereso
Medina, del “sector obrero”, presentaron su iniciativa de ley
reglamentaria para la reforma de justicia laboral que entró en vigor el
25 de febrero de 2017. A decir de los especialistas consultados, esas
disposiciones abren la puerta al sindicalismo propatronal pese a que la
reforma buscaba atenuarlo, por presiones internacionales, y la
iniciativa ha sido rechazada incluso por el líder de la CTM.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En pleno proceso electoral resurge un
pleito entre viejos líderes de las centrales obreras priistas por la
presentación de una iniciativa que reglamenta la reforma constitucional
de justicia laboral cotidiana (Artículo 123) que entró en vigor el 25 de
febrero de 2017.
Sin embargo, el trasfondo de la disputa es la defensa de los
privilegios de dichos líderes, no de los derechos de los trabajadores,
coinciden el abogado laboralista Arturo Alcalde y la académica Graciela
Bensusán, de la UAM-Xochimilco.
Ambos señalan en entrevista que dicha iniciativa de ley, en el tema
del outsourcing o subcontratación, es muy parecida a la iniciativa
preferencial de reforma laboral que el presidente panista Felipe
Calderón envió al Congreso un par de meses antes de concluir su sexenio,
en 2012.
El artículo 123 se reformó por presiones internacionales el 24 de
febrero de 2017, en el marco de la participación de México en el Tratado
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
Los especialistas confirman que los problemas entre los líderes de
las confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del
Olmo, y la Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías
González Cuevas, son principalmente internos y se relacionan con la
defensa de sus intereses en los negocios con el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otros factores.
En febrero de 2016 se supo que, durante casi un año, el gobierno
federal preparó sigilosamente la reforma de justicia laboral cotidiana
(Proceso 2050).
El 28 de abril de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto envió al
Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la
Ley Federal del Trabajao y de la Constitución con medidas que
sindicatos independientes habían exigido, sin éxito, desde hace más de
30 años.
En gran medida por la presión del gobierno de Barack Obama y el apoyo
de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, preocupados por el efecto de
la situación laboral mexicana sobre sus empleados, por los tratados
comerciales, se concretó la reforma constitucional que supuestamente
acabaría con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la
parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la proliferación
de los contratos de protección patronal, que son un escándalo
internacional (Proceso 2064).
Los sindicatos nacionales y extranjeros denominados independientes le
dieron un voto de confianza a la reforma aprobada, pero los sindicatos
cercanos al poder respingaron.
Por primera vez en este sexenio se realizaron manifestaciones contra
el gobierno, pero no para defender a los trabajadores sino para que los
líderes propatronales no perdieran sus privilegios con los llamados
“contratos de protección” –negociados a espaldas de los trabajadores–,
el tripartismo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que le daba
mucho poder a los corporativos en las pugnas contractuales, y porque
desaparecen dichas juntas, donde aquellos líderes han tejido una red de
corrupción (Proceso 2083).
Sin embargo, el 23 de enero de 2016 Donald Trump, entonces recién
electo presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para
retirarse del TPP, creado para formar la zona de libre comercio más
amplia del mundo.
En México, el gobierno, los empresarios y los líderes del
sindicalismo corporativo vieron la oportunidad para reformar la ley
laboral para que nada cambie y modificar otras reglas de la Ley Federal
del Trabajo, que limitaba la subcontratación. Sin embargo, a decir de
Alcalde, Bensusán y el abogado laboralista Alfonso Bouzas (Proceso
2130), las nuevas modificaciones serían inconstitucionales porque se
pretende reforzar el tripartismo y las facultades de las juntas de
conciliación y arbitraje, a nivel federal y estatal, que son del Poder
Judicial.
Choque de líderes
El pasado 4 de diciembre, en el V Congreso Nacional Ordinario del
Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte, el
líder de la CTM y también presidente del Congreso del Trabajo, Aceves
del Olmo, amagó con una huelga ante un incumplimiento de compromisos
gubernamentales con la central obrera del PRI en las obras del NAICM.
Dos días después, el 6 de diciembre, 19 federaciones desconocieron al
senador Isaías González Cuevas como secretario general de la CROC,
porque en marzo de 2016 se reeligió en un congreso al que no fueron
convocados los líderes de las federaciones que la forman.
El 10 de diciembre, el propio González Cuevas y el también senador
priista Tereso Medina, líder de la Federación Estatal Coahuilense de la
CTM, presentaron en el Senado la iniciativa de reglamentación del
artículo 123 constitucional, cuya reforma fue promulgada el 25 de
febrero de 2017 y ha provocado el rechazo de organismos nacionales,
estadunidenses y canadienses que participan en la mesa de renegociación
del Tratado de Libre Comercio (TLC).
El 13 de diciembre, la Unión Nacional de Trabajadores manifestó su
repudio a esa reforma, porque representa una regresión de 100 años en
las reivindicaciones de obreros y campesinos, además de que, a decir de
la organización, al igual que en el Porfiriato se tomaron decisiones
unilaterales sobre las condiciones de trabajo.
El abogado laboralista Héctor Barba afirmó entonces que dichos
cambios son “un golpe mortal para el sindicalismo democrático”, “porque
tienden a eliminar todos los derechos de los trabajadores y convertir a
México en el adalid del esclavismo en el mundo”.
En la CTM Aceves del Olmo reaccionó el 17 de diciembre. Acusó a
González Cuevas de mentiroso por declarar que el outsourcing o
subcontratación beneficia a los trabajadores, por lo que su central
obrera rechazaba la iniciativa presentada en el Senado.
“El dirigente de la CROC miente, él ya no sabe cómo hacerle para
sostenerse, por eso hace este tipo de cosas”, comentó en un acto público
en Cancún, Quintana Roo.
Al plantearle que el entonces secretario del Trabajo y Previsión
Social, Alfonso Navarrete Prida, respaldó esta reforma, Aceves del Olmo
señaló: “Será buena para el secretario del Trabajo; para mí no es buena
ninguna cosa que no se nos haya consultado antes y que no se dé a
conocer a la opinión pública”.
Al recordarle que la presentó el senador cetemista, dijo: “Será
responsabilidad personal del senador Tereso Medina, que puede tener
cargos muy pesados por haber dicho algo que la central que yo dirijo no
le aprobó para que lo dijera”.
Para Bensusán, la reacción del líder de la Confederación de
Trabajadores de México obedece, entre otras razones, a que acaban de
suspender y en breve podrían expulsar a la CROC y a la CTM de la
Confederación Sindical Internacional, porque se benefician de los
contratos de protección y no defienden derechos de los trabajadores.
“La CTM –explica la académica– está tratando de parar la expulsión y
se deslindó de la propuesta de Tereso Medina, que es un líder de la
industria automotriz de la CTM. Por otro lado, Isaías González Cuevas
tiene un problema dentro de la CROC. Hay un escenario confuso que, yo
creo, está también determinado por factores internacionales en la
negociación del TLC.”
Ley contra los trabajadores
De acuerdo con Bensusán y Alcalde, los senadores croquista y
cetemista fueron los chivos expiatorios del gobierno de Enrique Peña
Nieto, quien tenía la obligación de presentar la iniciativa de ley
reglamentaria para las nuevas disposiciones constitucionales.
Alcalde indica que Peña Nieto le encargó esta tarea a un grupo
secreto, para no pagar el costo político de la protesta y que no se
involucrara al candidato priista a la Presidencia, José Antonio Meade,
quien participó en la elaboración de esta reforma como secretario de
Hacienda.
“Fue un grupo creado fundamentalmente por entidades gubernamentales:
las secretarías del Trabajo y de Hacienda, y por organismos
empresariales que elaboraron la iniciativa de ley reglamentaria. Hubo
quejas porque se dio a conocer que esta tarea de reglamentación se
estaba utilizando para otros fines y éstos no tenían que ver nada con la
reforma constitucional e iban en sentido contrario a la norma”, explica
Alcalde.
Comenta que el senador González Cuevas admitió que pretendían
aprobarla fast track, el 15 de diciembre, último día del periodo
ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
Prosigue el litigante laboralista: “Un tema prioritario, que no
estaba contemplado en la reforma constitucional, es el outsourcing
libre, que significa suprimir todos los derechos laborales a través de
una subcontratación depredadora, en la que cualquier empresario puede
deshacerse de la responsabilidad laboral trasladándosela a un tercero,
sin más garantías que pagar el salario mínimo y registrar a los
trabajadores en el Seguro Social”.
Desde su punto de vista esto convierte al trabajo en una mercancía,
lo que ha sido un interés muy marcado en el sector empresarial, porque
obtiene ganancias millonarias a costa de la postración de los
trabajadores.
“Esta propuesta –añade Alcalde– es idéntica a la que presentó Felipe
Calderón en su iniciativa de 2012, y que fue detenida por la diputación
de izquierda y por el propio PRI en la Comisión de Trabajo de la Cámara
de Diputados, pues sostuvo que aceptar ese outsourcing era terminar con
el derecho al trabajo, que sería una traición a los trabajadores.”
Con la omisión del voto secreto para que el trabajador elija
afiliarse al sindicato que quiera, en la iniciativa se abre otra vez la
puerta a los contratos de protección con sindicatos blancos. Con esa
normatividad, el patrón no está obligado a definir por qué despide a un
trabajador, pero el empleado sí debe presentar su demanda por escrito
ante el nuevo órgano de conciliación y no la podrá modificar durante el
juicio. “Como esa, hay varias reglas que son muy nocivas en el
procedimiento”, señala el entrevistado.
Además, indica, el que era Organismo Autónomo deja de serlo y se
convierte en tripartito, al integrarse un consejo técnico formado por
cuatro representantes de las centrales oficiales, cuatro del sector
empresarial y cuatro del gobierno.
“Está peor que antes, porque ese órgano es el encargado del registro
de sindicatos y de contratos colectivos y de conciliación, lo cual es un
verdadero disparate, porque a los patrones no les corresponde decidir
cuándo se forma un sindicato. ¡Eso no existía ni antes de la reforma!”
Por eso, dice Alcalde, ya existen quejas ante organismos
internacionales y el sindicalismo democrático se ha unido de manera
extraordinaria para combatir esa norma.
Bensusán explica que se trata de quitar las restricciones del
artículo 15 de la ley laboral, aprobadas en la reforma de 2012, sobre el
outsourcing. “Lo único que dicen es que el contratista, quien tiene a
los trabajadores, informe periódicamente al contratante que está
cumpliendo con las obligaciones y ya”.
“Es un retroceso de 100 años”, agrega, pues quieren presentar la
subcontratación como la solución a los problemas laborales, cuando el
propio Navarrete Prida reconoció, en días pasados, que son miles de
millones de pesos que se fugan en impuestos y en el IMSS, por los
esquemas de simulación del outsourcing, lo cual hace de éste “uno de los
problemas más graves del país”.
En opinión de la académica, esta reforma “no tiene mucho futuro, así
como está ahora. Sería un retroceso. Un problema que tenemos, y que
estamos heredando, es que la transición política a la democracia no
terminó con este corporativismo corrupto, por lo que se sigue festejando
la reelección en el sindicato petrolero, que los sindicatos
corporativos entreguen dinero al PRI para las campañas electorales, que
se roban el dinero, solapando a los dirigentes enriquecidos de manera
escandalosa y que haya trabajadores con pérdida de derechos y de
salarios, todo con el apoyo de abogados empresariales.
“Se trata de impedir el avance que estábamos teniendo en materia
laboral gracias a la reforma constitucional. Se quiere mantener el viejo
sistema que, en los hechos, terminó siendo como en el Porfiriato, donde
sólo mandan los patrones. Estamos en un mundo al revés, donde los
sindicatos, que deberían proteger a los trabajadores, presentan
iniciativas contra los trabajadores; sindicatos que deberían pedir
aumento salarial, se oponen a él. ¡Es el mundo al revés!”
De hecho, le llama la atención que en México los cambios democráticos
“parecen venir de afuera”, de la presión internacional, porque en el
interior “estamos impotentes”. “Yo creo que no hay condiciones de
aprobar (la iniciativa de ley reglamentaria), pero lo pueden hacer. Ya
lo vimos con la Ley de Seguridad Interior. ¡Es una situación
dramática!”, concluye.
México se está jugando la construcción de un verdadero estado de
derecho en el mundo del trabajo, luego de que 183 legisladores de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al
representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, para
pedirle que “dada la arraigada resistencia al derecho laboral en México,
debemos exigir que se lleven a cabo reformas laborales reales e
identificables, antes de que el Congreso vote sobre un TLC renegociado”.
En el contexto de la sexta ronda de negociaciones del TLC, llama la
atención que la Secretaría del Trabajo haya respaldado esta reforma,
pese a la carta que la Confederación Sindical Internacional envió al
director de la Organización Internacional del Trabajo cuestionando el
contenido de la iniciativa de ley reglamentaria del Srtículo 123
constitucional.
Este reportaje se publicó el 28 de enero de 2018 en la edición 2152 de la revista Proceso.
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