2/09/2018

Prensa Mexico viernes 9 de febrero 2018

PORTADAS:El BdeM eleva su tasa a 7.50% para frenar la inflación/Impone Peña gasto récord/Bajan "switch" a spots de aspirantes a Presidente/Partidos afilian a “la mala” a ciudadanos/Sólo una quinta parte del país vive sin apuros/Intereses políticos sometieron a la PGR durante este sexenio, dice un informe de grupos civiles/Denuncian a Anaya ante la PGR por presunto enriquecimiento ilícito a través de su fundación/Confía Sedena en que Corte analice “a detalle, de manera objetiva y sin presiones” Ley de Seguridad Interior/Aunque hay más afiliados a servicios de salud pública, creció el uso de consultorios y farmacias privadas/Mil 200 vecinos de MH se van a Morena por apoyo del PRD a Margarita Martínez (‘Magui’ Fisher) /Las elecciones y el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior/



REFORMA
Impone Peña gasto récord
 Rebasa en 23.8 por ciento real de lo que se erogó con su antecesor, Felipe Calderón, mientras que supera en un 33.7 por ciento en comparación con la administración de Vicente Fox.La administración del presidente Enrique Peña Nieto, es la más cara en la historia de México con un gasto de 18 mil 520 millones de pesos de los mexicanos, 23.8 más comparado con el gobierno de Felipe Calderón, esto de acuerdo a datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha rebasado en 23.8 por ciento real de lo que se erogó con su antecesor, Felipe Calderón, mientras que supera en un 33.7 por ciento en comparación con la administración de Vicente Fox, En los cinco años de la administración del priista Peña Nieto, el gasto que reporta la Presidencia es de 18 mil 520 millones de pesos, ubicando a la actual administración como la más costosa que México ha tenido, aunque cabe decir que siempre gastan más de lo aprobado por el Congreso.El gasto reportado por la Presidencia sumó en cinco años 18 mil 520 millones de pesos de los mexicanos, lo que la ubica como la más costosa que tuvo el país.

EL UNIVERSAL
Bajan "switch" a spots de aspirantes a Presidente
Al terminar las precampañas, el próximo 12 de febrero y hasta el 30 de marzo, los aspirantes presidenciales no podrán utilizar 6.8 millones de promocionales de los partidos políticos que los postulan y deberán restringir algunas de sus actividades para evitar incurrir en actos anticipados de campaña.

MILENIO
Ninguno tiene empacho, todos lo hacen: los partidos políticos mexicanos afilian involuntariamente a miles de ciudadanos. Los afilian a la mala. Y muchos mexicanos ni lo saben. Ni se enteran...En el proceso de contratación de personal para apoyar la organización de las próximas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió quejas de más de mil ciudadanos que, aseguran, fueron afiliados sin su permiso.Pero no es un modus operandi nuevo: en 2017 y lo que va de 2018, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ha recibido más de 4 mil 300 denuncias por afiliaciones indebidas contra todos los partidos.El señor Mario Hernández es uno de los ciudadanos afectados. Hace unas semanas se acercó al INE para solicitar empleo como capacitador de los que salieron sorteados y serán funcionarios de casilla. No sabía la sorpresa que se iba a llevar. Tenía sus papeles en orden, pero cuando gente del INE y él consultaron una base de datos pública del instituto para verificar si militaba en algún partido, su nombre apareció entre los simpatizantes del PRD.—¿Cómo voy a estar afiliado? —le dijo al funcionario que lo atendió—. Yo nunca he hecho eso con ese partido ni con ninguno…Ese día Mario salió de la pequeña oficina cabizbajo, pensando que era injusto que pudiera perder la oportunidad de trabajo por una afiliación sin su consentimiento.Entre los requisitos para ser un CAES, es decir, un Capacitador Asistente y Supervisor Electoral, está no haber militado o haber sido representante de partido político en los últimos tres años.Al proceso de selección de CAES se presentaron 160 mil 835 ciudadanos. De éstos, mil 64 dijeron tener una afiliación involuntaria, cerca de 1 por ciento.El 48 por ciento de los casos se concentra en cinco entidades: Estado de México (204), Ciudad de México (138), Aguascalientes (55), Chiapas (51) y Jalisco (46). El INE ya los investiga…

EXCELSIOR
Sólo una quinta parte del país vive sin apuros
En el último año de este sexenio, sólo 22.6% de los mexicanos no está clasificado como pobre.De acuerdo con un informe sobre pobreza y rezago social, elaborado por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 122 millones 636 mil 694 habitantes que hay en el país, 27 millones 752 mil 767 no presentan alguna condición de vulnerabilidad.También informa que esta administración federal inició su recta final con 53 millones 418 mil 151 personas viviendo en condiciones de pobreza, lo que representa a 43.5% del total de la población.De esta cifra de pobres, 44 millones 42 mil 570 enfrentan una condición moderada (35.9% de los mexicanos); mientras que nueve millones 375 mil 581 viven en pobreza extrema (7.6 por ciento).El documento de la Sedesol detalla que, del total de la población, 32 millones 860 mil 754 (26.7%) están en condición de vulnerabilidad por alguna carencia social, y ocho millones 605 mil 22 habitantes (7%) son vulnerables por su nivel de ingresos.En el reporte, el último que entrega esta administración federal, se señala que entre 2014 y 2016, 1.9 millones de mexicanos dejaron la condición de pobreza y 2.1 millones, la de pobreza extrema.Despreocupa la pobreza a 27 millones de mexicanos. Sin embargo, 32 millones de personas aún se mantienen en condición de vulnerabilidad por alguna carencia social, y ocho millones por ingresos.La presente administración federal inició su último año con 53 millones 418 mil 151 personas viviendo en condiciones de pobreza, 43.5% del total de la población, de acuerdo con las cifras del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018.

Durante la presentación del informe “Derecho a la verdad en México”, organizaciones civiles urgieron al siguiente gobierno a priorizar en su agenda la reforma integral del artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General sea una institución eficaz, autónoma e independiente. Además de contar con una Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos que también investigue los pasados delitos ocurridos durante el sistema penal anterior. Una amplia base de organizaciones civiles exigió a la próxima administración establecer dos mecanismos contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ya que el Estado tiene responsabilidad en garantizar justicia y verdad, pero por el contrario “ha dificultado deliberadamente” el acceso” por intereses políticos.Durante la presentación del informe “Derecho a la verdad en México”, urgieron al siguiente gobierno a priorizar en su agenda la reforma integral del artículo 102 constitucional para que la nueva Fiscalía General sea una institución eficaz, autónoma e independiente. Además debe contar con una Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos que también investigue los pasados delitos ocurridos durante el sistema penal anterior.“La PGR es una institución anacrónica sometida a los vaivenes e influencia política que no le permite llevar a cabo investigaciones autónomas y eficaces”, aseguró Humberto Guerrero, de Fundar.Asimismo, las organizaciones demandaron un apoyo internacional mediante un Consejo Asesor, compuesto por expertos en derechos humanos y combate a la impunidad, para que supervise las investigaciones penales de las autoridades mexicanas de violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción.Mario Patrón, del Centro ProDH, argumentó que la supervisión del GIEI en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa “tuteló” el derecho a la verdad “desenmascarando” la estrategia de las autoridades nacionales en intentar construir la “mentira histórica” a través de una hipótesis sin sustento científico (incendio en el basurero de Cocula) y mediante la tortura como método de investigación ilegal. De los 110 detenidos por el caso, 12 fueron torturados, recordó.
El Gobierno del Estado de México buscaría restablecer el equilibrio financiero del Viaducto Bicentenario a través de la ampliación del plazo de la concesión y un incremento extraordinario de sus tarifas. Además, modificaría las condiciones 32 y 34 del Título de Concesión para beneficiar a la constructora OHL.El abogado Paulo Díez Gargari detalló que lo que pretende el Gobierno de Alfredo del Mazo es dar condiciones más favorables a OHL en relación con dos temas: terminación anticipada de la concesión y reversión de la misma una vez recuperada la inversión.Además, la multa de 38.3 millones de pesos impuesta a OHL en 2016 por las irregularidades detectadas en la construcción del Viaducto Bicentenario no ha sido pagada y la constructora promovió un juicio de amparo para evitarla.El Gobierno del Estado de México buscaría restablecer el equilibrio financiero del Viaducto Bicentenario a través de la ampliación del plazo de la concesión y el incremento de sus tarifas. Además, modificaría las condiciones 32 y 34 del Título de Concesión, otorgado a OHL, para que la constructora recupere su inversión en caso de la terminación anticipada de la misma.Lo anterior lo informó el abogado Paulo Díez Gargari en entrevista para SinEmbargo, quien detalló que lo que pretende el Gobierno de Alfredo del Mazo Maza es dar condiciones más favorables a OHL en relación con dos temas: terminación anticipada de la concesión y reversión de la misma una vez recuperada la inversión.“OHL y su socio IFM Investors están esperando que el Gobierno del Estado de México les modifique las condiciones 32 y 34 del Título de Concesión para que OHL recupere su inversión, aunque ya lo han recuperado, que es lo que yo sostengo que ya ocurrió”, explicó.La condición 32 del Título de Concesión del Viaducto Bicentenario dice lo siguiente: “Declarada administrativamente la revocación, el Gobierno del Estado de México se subrogará en todos los derechos y asumirá todas las obligaciones contraídas por “LA CONCESIONARIA”, relacionados con el objeto de la Concesión y devolverá a ésta última, en un plazo que de común acuerdo se establezca, la totalidad de la inversión que realizó pendiente de ser recuperada, descontándose de esta cantidad las penas convencionales que se establezca en el Anexo 11.En tanto, la condición 34 del Título de Concesión del Viaducto Bicentenario detalla: “LA SECRETARÍA podrá recuperar anticipadamente, en todo tiempo, la presente Concesión, por causa de utilidad o interés público, y devolverá a la CONCESIONARIA, en el plazo que de común acuerdo se establezca, su inversión calculada a una tasa interna de retorno del 7 por ciento real anual, en la parte no amortizada hasta el momento del rescate, mas la penalización o cargo por prepago que se pueda ocasionar en los créditos o financiamientos en cuyo caso se sujetará a los términos del último párrafo de la Vigésima Sexta de este Título”.

PROCESO
El Movimiento Consenso Ciudadano por Querétaro, agrupación que integra a más de dos mil miembros, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, para que investigue las sospechosas triangulaciones realizadas en la entidad a través de la Fundación por más Humanismo, que él encabeza.“No se trata de una guerra sucia, lo que deseamos es que las autoridades aclaren los bienes de Anaya Cortés, quien es un demagogo y se dedica a litigar en los medios”, aclaró Olvera Velázquez, integrante de la organización civil.La denuncia interpuesta por la ONG queretana es por la probable responsabilidad de Anaya Cortés en los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.Olvera Velázquez señaló que la denuncia de hechos es producto de lo publicado por Proceso en su más reciente edición, en circulación, en el que se señala que lejos de cumplir su objetivo social de “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”, la Fundación por más Humanismo fue usada por Anaya para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras.Olvera Vázquez refirió que, si el panista aspira a ocupar el más importante cargo de elección popular, debe demostrar su transparencia, honestidad y probidad, por lo que es necesario que muestre las escrituras y el acta constitutiva que acredite la legitimidad de la fundación.Añadió que “es inadmisible” que Ricardo Anaya no sea transparente, por lo que es necesario que aclare la procedencia de sus bienes y en particular los de la Fundación Por más Humanismo.Insistió en que la finalidad de la denuncia es legal y no política, que se cumpla con el Estado constitucional y se demuestre si lo publicado en el semanario es cierto o no.

ARISTEGUI NOTICIAS
Salvador Cienfuegos Zepeda advirtió que los militares serán respetuosos de la determinación del Poder Judicial.El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que el Ejército confía que el Poder Judicial analizará “a detalle, de manera objetiva y sin presiones” la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.Desde el Castillo de Chapultepec en el marco del 105 aniversario de la Marcha de la Lealtad, Cienfuegos Zepeda reconoció el esfuerzo del Congreso “para dotar al Estado mexicano de una ley que establece bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades y los municipios” para la atención de los problemas de seguridad.La Ley de Seguridad Interior, añadió, faculta y delimita las responsabilidades y funciones de diversas autoridades a las que constitucionalmente les corresponde brindar seguridad.El secretario de la Defensa Nacional advirtió que los militares serán respetuosos de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque “nos apegamos a la Constitución y a las leyes que de ella emanan (…) nos sujetamos al poder civil”.

El gasto del gobierno federal en salud pública se redujo en el sexenio de Enrique Peña Nieto; de 2012 a 2018, la contracción fue de 2%.Durante la administración del presidente Peña Nieto, un total de 6.2 millones de mexicanos más tienen acceso a servicios de salud pública, así lo presume el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).Su titular, Eviel Pérez, destacó el pasado 30 de enero que ahora más mexicanos tienen “acceso a consultas, doctores y medicamentos”. Y así lo corrobora el último reporte del Coneval, el cual expone que la falta de acceso a salud fue una de las carencias sociales que se redujeron entre 2012 y 2016.No obstante, las cifras oficiales también muestran que, aunque hay más mexicanos afiliados a servicios de salud, el gasto del Gobierno en sanidad pública se redujo en el sexenio de Peña Nieto.De 2012 a 2018, el presupuesto total designado a la función Salud se contrajo en 2%, al pasar de 580 mil millones de pesos a 569 mil millones, en términos reales.Este recorte, aunado al aumento del número de personas que, como presume el Gobierno, se han afiliado a las instituciones públicas de salud, ha tenido un impacto negativo en las cifras de gasto per cápita: el Ejecutivo gastó en 2012 un total de 3 mil 826 pesos en servicios de salud por ciudadano; y en 2018 gastará 3 mil 615 pesos; una reducción de 5.5%.Judith Méndez, investigadora de Salud y Finanzas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica en entrevista con Animal Político que un mayor acceso “teórico” a servicios de salud pública, no equivale en automático a una mejora de la atención sanitaria, o de la calidad del servicio.“Si hay mayores cifras de filiación pero éstas no van acompañadas de una mayor presupuesto, difícilmente va a haber un beneficio real para la ciudadanía”, plantea la investigadora del CIEP.

La precandidata a la alcaldía de Miguel Hidalgo ya hace precampaña con los colores del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática.Militantes que hasta jueves pertenecieron al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la delegación Miguel Hidalgo, anunciaron su renuncia para sumarse a la precandidatura de Víctor Hugo Romo Guerra, aspirante a alcalde por Morena.En conferencia de prensa, Susana Ballesteros anunció, a nombre de quienes renunciaron al PRD, que la decisión fue tomada ante el desacuerdo con las decisiones cupulares del partido del Sol azteca.Se trata, dijo, de más de mil 200 militantes, entre dirigentes, representantes de organizaciones sociales, consejeros, coordinadores vecinales, comerciales, transportistas, locatarios y vecinos.Explicó que hay mucho descontento contra la precandidata del PRD a la alcaldía, Margarita Martínez Fisher, a quien acusaron de ser “una militante de la derecha que no ha hecho nada por Miguel Hidalgo y en cambio sí nos ha perjudicado”.El PRD, expuso, pretende imponer como candidata a Martínez Fisher, claramente identificada con el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo gobierno local es lejano a los ciudadanos, pues no se preocupa por prestar servicios de calidad y mantiene en el abandono a las 89 colonias de la demarcación.

Incluso entre la llamada “comunidad de inteligencia” causó asombro que el proyecto de Ley de Seguridad Interior fuese aprobado con su artículo 11 intacto. Aquellos intelectuales y expertos en la seguridad nacional afines a la militarización del país y promotores de la mencionada ley, levantan las cejas cuando se les cuestiona detenidamente sobre ese artículo. Generalmente, incómodos, reconocen que la disposición legal puede resultar polémica y están de acuerdo en que es factible revisarla.Vigente desde el 21 de diciembre pasado, cuando Enrique Peña Nieto publicó la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 11 citado dice a letra: “Corresponde  a  las  autoridades  federales,  incluyendo  las  Fuerzas  Armadas,  por  sí  o  en coordinación  con  los  demás  órdenes  de  gobierno,  identificar,  prevenir,  atender,  reducir  y  contener  las Amenazas a la Seguridad Interior.“El  Presidente  de  la  República  podrá  ordenar  por  sí  o  a  petición  de  las  Legislaturas  de  las  entidades federativas,  o  de  su  Ejecutivo  en  caso  de  receso  de  aquellas,  la  intervención  de  la  Federación  para  la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o  zona  geográfica  del  país,  previa  emisión  de  una  Declaratoria  de  Protección  a  la  Seguridad  Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas:“I. Comprometan  o  superen  las  capacidades  efectivas  de  las  autoridades  competentes para atenderla, o “II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.“Aquellas  amenazas  a  la  Seguridad  Interior que  no  requieran  Declaratoria en  términos  del  presente artículo  serán  atendidas  por  las  autoridades  conforme  sus  atribuciones  y  las  disposiciones  legales  que resulten aplicables.” (sic)


LA JORNADA 



Inegi: bajó la carestía en enero, pero no al ritmo previsto
El banco central aplaza para inicios de 2019 la meta de 3% en precios
Roberto González Amador e Israel Rodríguez


Exige que se recuperen empleo y seguridad previos a la llegada del panista 
Lamenta las cifras crecientes de criminalidad 
Por más que me investiguen no encontrarán nada; no soy un corrupto 
La guerra sucia en mi contra, a todo lo que da 
El camino de partidos y candidatos debe ser la confrontación de proyectos 

Fotoportada
Estupefacción en el piso de remates de la bolsa de Nueva York ayer por la estrepitosa caída en el precio de acciones Foto Ap
La caída se desencadenó por el aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadunidense 
También por el temor de que bancos centrales reduzcan sus estímulos al mercado financiero 
El Dow Jones se hundió 4.15%; pérdidas variopintas en las bolsas de Europa, América Latina y Asia 
Suma y sigue. ¿De veras ganó el gobernador Corral el pulso contra la Federación? 
Bajó 75% la cifra de quienes nunca asisten a su clínica
Da a conocer avances sobre el plan piloto digital que aplicó en NL
Se busca prevenir y detectar diabetes y cánceres de mama y próstata
Ángeles Cruz Martínez
Obtiene imputaciones falsas, sostiene en una denuncia el ex titular de la Auditoría Superior local
El incremento adicional al presupuesto no incluye el tema migratorio; este viernes se reabre el debate
Fueron presentados ante el juez junto con 16 agentes
fotocontraportada
El tribunal anunció la apertura de indagatorias preliminares por presuntos crímenes cometidos por cuerpos de seguridad y opositores armados durante las protestas antigubernamentales en 2017; más de 120 personas fallecieron entre abril y julio de ese año durante las confrontaciones. El gobierno de Nicolás Maduro consideró sesgada la información. En la imagen, decenas de personas, en su mayoría con enfermedades terminales o con trasplantes de órganos, se manifestaron en Caracas para demandar una mejor atención médica y acceso a fármacos esenciales Foto Ap

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