Desastres sociales, instituciones que no funcionan, indefensión ante terremotos y huracanes, criminalización de migrantes “no deseados”, vulnerabilidad de fronteras, ingobernabilidad. Se trata de algunos de los “riesgos” de desintegración del país y de los que dan cuenta las Fuerzas Armadas en un documento “secreto”
Segunda parte
La migración a gran escala; los
desastres naturales, ambientales, sanitarios y antropogénicos; la
situación geoestratégica; la ausencia de alianzas en aspectos de
defensa; la pérdida de gobernabilidad y gobernanza; la vulnerabilidad en
las fronteras, y los conflictos regionales son los riesgos a la
supervivencia del Estado Mexicano que observan las Fuerzas Armadas en el
vigente Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
El documento –del cual Contralínea
posee copia– define a los riesgos como condiciones externas o internas
generadas por “situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no
estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o
epidemias, que sin tener el carácter de amenaza pudieran poner en
entredicho el desarrollo nacional”.
Los siete riesgos se suman a las seis amenazas (Contralínea 614) [Intervención militar extranjera, la mayor vulnerabilidad de México]
que de manera precaria las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Estado en su
conjunto le hacen frente. En el documento, clasificado por los militares
con el mayor nivel de reserva, se describen los riesgos y se señalan
las estrategias para atenderlos que emplearán las milicias del país: el
Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
está firmado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda
(Sedena) y el almirante Francisco Vidal Soberón Sáenz (Semar). Sin
proponérselo, es un diagnóstico del México que entrega el presidente
Enrique Peña Nieto, de extracción priísta, al electo Andrés Manuel López
Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Expertos en cada uno de los riesgos señalados por las Fuerzas Armadas consultados por Contralínea
señalan la magnitud de los problemas, pero también advierten de
deficiencias en el análisis castrense y apuntan que la militarización de
esos fenómenos sólo los ha agravado.
Migración a gran escala y vulnerabilidad en las fronteras
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
prevé en el futuro inmediato mexicano una “migración a gran escala” de
dos tipos. La primera, constituida por “movimientos migratorios hacia
Estados Unidos de América”. La segunda, de carácter interior, de
población “que abandone el campo hacia las grandes urbes en busca de
mejores condiciones de vida”.
En realidad, ambos fenómenos migratorios
ya ocurren y prácticamente no se atienden. Se reacciona según
necesidades coyunturales y se reduce a criminalizar a quienes se
desplazan.
La movilidad y la migración no son un
“problema de seguridad” sino un asunto de justicia social, ataja la
doctora en geografía por la Universidad de Londres Ailsa Margaret Anne
Winton. La especialista en estudios de migración y procesos
transfronterizos lamenta que el enfoque que predomine sea el de la
securitización de las fronteras ante la movilidad de personas señaladas
como “no deseadas”.
Investigadora adscrita al Departamento
de Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), explica
que cuando se considera que la migración es un asunto de seguridad
nacional, la política pública resulta bastante simple: “No queremos que
la persona se mueva; y si se mueve, pues que regrese. Detenemos a la
persona y criminalizamos que se mueva. Todo esto, cuando el problema va
mucho más allá”.
Ailsa Winton –con líneas de
investigación en geografías de desigualdad y marginación, y
desplazamiento por violencia– expone que la migración como la que en
estos momentos atraviesa México rumbo a Estados Unidos es producto “de
un sistema que genera desprotección, precarización”.
En entrevista con Contralínea,
explica que a los contextos de vulnerabilidad se suma otro elemento que
provoca que las personas migren con urgencia: la desprotección de la
población ante la violencia criminal, como la del narcotráfico, las
pandillas o, incluso, la originada por actores estatales. Este fenómeno
no es privativo de los países de América Central: poblaciones enteras de
México se tienen que desplazar por esta situación.
Por ello, Ailsa Winton –cuyo artículo científico más reciente se titula Precarious Mobility in Central America and Southern Mexico: Crises and the Struggle to Survive
(Movilidad precaria en Centroamérica y el sur de México: las crisis y
la lucha por sobrevivir, publicado por la Universidad de Oxford)– señala
como una condición ineludible repensar el fenómeno de la migración.
Es complicado, advierte. Cuando las
personas que están en situación irregular en México están, al mismo
tiempo, en una situación de huida, lo que tenemos enfrente es una
migración forzada. “Las personas vienen de por sí en condiciones muy
precarias. Nos son migraciones tradicionales, planeadas. Son movimientos
realmente para salvar la vida”.
Y México no está entendiendo qué es lo
que está sucediendo, considera. Sus autoridades no muestran interés
alguno en atender la seguridad humana de las personas migrantes. “La
realidad de cómo se maneja la situación en la frontera sigue siendo de
detención, de contención”.
Lamenta que México no cumpla sus propias
leyes ni los acuerdos internacionales que ha signado. “Sobre el derecho
de las personas que llegan a México para solicitar refugio, la realidad
es que la gran mayoría está siendo deportada”.
Observa que entre más represión ejercen
las autoridades mexicanas contra la migración, más riesgo corren los
migrantes de caer en las manos de grupos del crimen organizado.
La investigadora descarta que el número
de migrantes que ingresan a México con rumbo a Estados Unidos se haya
incrementado durante los últimos años. Observa que es difícil obtener
una cifra porque se trata de movimientos clandestinos.
Pero esta migración “no es algo nuevo,
algo que de ayer a hoy empezara a ocurrir; las cifras no se han
disparado”. Lo que ha cambiado es la política mexicana: se ha
incrementado la persecución, la detención y la deportación.
Ailsa Winton propone dejar de ver el
asunto como un tema de seguridad nacional y asumirlo como un asunto de
seguridad humana. “Lo primero es cumplir con nuestros deberes
internacionales de protección a las personas; cumplir la ley. Así que no
se debe devolver a las personas que requieren protección. Después debe
hacerse un esfuerzo en programas que son integrales, regionales y
locales para generar protección y bienestar” para todos: originarios y
migrantes.
Los riesgos fronterizos que observa el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
están determinados por “la porosidad de la Frontera Sur y la falta de
control en la Frontera Norte”. A ello se suma “la deficiente capacidad
de vigilancia de las fronteras marítimas, lo cual es aprovechada por la
migración ilegal, la delincuencia organizada y las organizaciones
terroristas, entre otras actividades delictivas”.
Desastres sociales, no “naturales”
Las Fuerzas Armadas Mexicanas señalan
puntualmente un vacío ante los desastres naturales: “Aunque existe un
Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se carece de un Sistema
de Defensa Civil que involucre a la población en su autoayuda”.
En dicho Plan Milita destacan
que, por su situación geográfica, el país “se ve afectado por diversos
desastres naturales tanto en el área occidental como en la oriental”. Se
refiere a los “fenómenos hidrometeorológicos como: huracanes,
inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, que de un momento a otro
podrían manifestarse y causar gran afectación a la población”.
El documento agrega que precisamente
estos fenómenos “son atendidos fundamentalmente con las capacidades de
las Fuerzas Armadas”. Advierte que esta atención no será suficiente. Se
requiere de la creación del Sistema de Defensa Civil mencionado, pues
“si estos desastres naturales se combinan con desastres sanitarios y
otros factores como el descontento social o la falta de capacidad del
Estado para dar respuesta expedita a la emergencia, grupos de presión
pueden aprovechar esta situación para desestabilizar el país”.
Agrega que una situación como la
descrita tendría como consecuencia inmediata “minar la voluntad de
actuar de la ciudadanía y comprometer excesivos recursos del Estado, los
cual debilitaría aún más la capacidad de defensa”.
El doctor en ciencias sociales por la
Universidad Autónoma Metropolitana Daniel Rodríguez Velázquez señala que
lo primero que se tiene que aclarar es que no debe hablarse de
“desastres naturales” ni sanitarios ni antropogénicos. El especialista
en políticas públicas para la prevención de desastres y en cambio
climático señala que se debe hablar de “desastres sociales”.
Lo que esconde el término “desastres
naturales” es la responsabilidad de las autoridades y otros actores
sociales. Se dice “desastres naturales” para “conferirle a la naturaleza
la responsabilidad misma de generar daños”.
Este yerro de origen, de tratar el
asunto bajo la óptica de la seguridad nacional, dio como resultado que
se creara el Sistema Nacional de Protección Civil con una doctrina
militar.
Señala que la óptica militar con que se
han abordado los fenómenos ha propiciado que se les vea como si fueran
una “amenaza externa”. Y así, se piensa que este tipo de desastres “no
tienen que ver con decisiones políticas, procesos económicos, deterioro
ambiental y problemas sociales”.
Rodríguez Velázquez, consultor del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro del Comité
Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de
Protección Civil, señala que haber involucrado a las Fuerzas Armadas “en
la atención de este tipo de situaciones bajo la justificación de la
seguridad nacional” sólo tiene un significado: “control y contención
social”.
Coordinador del libro Políticas públicas y desastres
(México, 2008, Instituto Mora/Red Mexicana de Estudios
Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres), el también maestro
en urbanismo cuestiona que se haya considerado que lo concerniente a la
protección civil sea parte de la seguridad nacional. “Se inserta esta
ideología de control”, señala.
En entrevista con Contralínea,
detalla que, en realidad, todos estos desastres son sociales. Hay
fenómenos potenciadores o que incrementan los daños y que pueden ser de
origen natural o antropogénico. Pero, insiste, los desastres son
sociales. Y generalmente tienen responsables, que se ocultan bajo estas
ópticas militares y de seguridad nacional. “Así resulta que no hay
responsables, pues fue ‘la naturaleza’ la que hizo los daños”.
Ejemplifica con los terremotos de septiembre de 2017.
“El desastre no fue el sismo. Fue la
corrupción inmobiliaria; la falta de regulación y planeación urbana; la
negligencia institucional, que a la fecha sigue. Naturaliza los
problemas para que nos vayamos con la finta del ‘desastre natural’. Hay
que tener mucho cuidado. Decir ‘desastre natural’ forma parte de una
ideología que permite que haya evasión de responsabilidades.”
Abunda en que bajo esta óptica se les
adjudican los daños a los huracanes, cuando estos fenómenos
hidrometeorológicos solamente van a evidenciar las condiciones de
vulnerabilidad que existen.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
señala que para atender el riesgo de los “desastres naturales,
sanitarios y antropogénicos”, las Fuerzas Armadas seguirán coadyuvando
con el Sinaproc mediante “acciones conjuntas”. Lo anterior, con el
“objeto de mitigar los daños y efectos ocasionados por desastres que
repercuten en la población, por los fenómenos de carácter geológico,
hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y
socio-organizativo”.
En el documento estratégico militar se
señala que, ante este tipo de riesgo, las Fuerzas Armadas deben “llevar a
cabo el equipamiento y adiestramiento conjunto de [sus] unidades,
dependencias e instalaciones”. Sólo así podrán “consolidar una reacción
inmediata y eficiente”.
Además, los militares mexicanos
promoverán la creación de un “Sistema de Defensa Civil para involucrar a
la sociedad como un elemento activo en su autoayuda en casos de
desastre y emergencias”.
En esta materia, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto no limita la acción de las Fuerzas Armadas Mexicanas al interior de las fronteras del país:
“En caso de que otro país amigo sufra
daños por desastres naturales, por orden del Ejecutivo federal y previa
autorización del Senado de la República, las Fuerzas Armadas
participarán en operaciones de ayuda humanitaria, siempre y cuando [los
países “amigos”] soliciten auxilio a la comunidad internacional y al
Estado mexicano, estableciendo puentes aéreos y marítimos, así como
realizar actividades de apoyo y labor social.”
El doctor Daniel Rodríguez Velázquez
señala que es momento de considerar a la seguridad nacional en un
sentido más amplio. Reprueba que se lleve a la protección civil a
términos militaristas pero no se asuma que la seguridad nacional estaría
estrechamente relacionada con el desarrollo de la población, las
condiciones de vida digna, la participación de la sociedad en la toma de
decisiones democráticas. “Ni siquiera la alimentación es considerada un
asunto de seguridad nacional en México”.
Situación geoestratégica
La situación geopolítica del país es de dos tipos. Señala el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
que, por un lado, incluso podría considerarse “una de las ventajas
comparativas de la nación”. Explica: en un mundo globalizado y de
intensos intercambios comercialices, la posición geográfica de México le
posibilita generar recursos financieros “con movilidad” en una de las
regiones más dinámicas del mundo.
Esta misma ventaja se traduce en “la
posibilidad” de que otro país pretenda emplear el territorio mexicano
para afectar o atacar a Estados Unidos. A esta condición se le llama en
el documento “avenida de aproximación”.
Para hacer frente a la compleja situación geoestratégica de México, en principio el Plan Militar
se propone “inhibir la posibilidad de emplear a México como plataforma
para afectar a un tercer país”. Tal propósito se logrará “mediante el
desarrollo de un Sistema de Inteligencia Militar, la potenciación de las
capacidades de las Fuerzas Armadas y un despliegue disuasivo en el
territorio nacional”.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, maestro
en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso), señala que México tiene atado su destino al
de Estados Unidos.
Posgraduado en el Instituto de Altos
Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National
Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad
Adenauer Stiftung (Alemania), explica que es un asunto de geografía: de
manera natural “estamos atando lazos en las compras militares,
adquisición de tecnología estratégica y telecomunicaciones al mercado de
Estados Unidos. México no puede salirse de su vecindad ni mudar su
domicilio a otro continente”.
Profesor de terrorismo y seguridad
nacional en cursos de posgrado en el Centro de Estudios del Ejército y
Fuerza Aérea, y, entre otras instituciones, el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), en entrevista con Contralínea
considera que tales lazos se reforzarán ante la disputa de Estados
Unidos con China. Por ello, es importante que la diplomacia mexicana
tenga la habilidad de “no importar las amenazas y conflictos de ese
país”. Además, también es del interés de Estados Unidos que México
mantenga buenas relaciones con otros países para no ser vulnerable.
Conflictos regionales
De esta manera, muchos de los
principales conflictos que padece México son de carácter trasnacional y
son compartidos con los países de América del Norte y de América
Central.
José Francisco Gallardo Rodríguez,
doctor en administración púbica por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM y general brigadier del Ejército Mexicano, enlista
algunos de estos conflictos regionales: el narcotráfico, el crimen
organizado, la corrupción y la debilidad de los Estados.
El Plan Militar abunda en que,
para atender este riesgo, es necesario “modernizar los sistemas de
armamento de las Fuerzas Armadas, adquiriendo tecnología que permita
contar con una fuerza disuasiva que inhiba cualquier tipo de intención
de otros Estados para utilizar el territorio nacional como plataforma
hacia un tercer país, con la intención de dañarlo y que, como
consecuencia, afecte la infraestructura estratégica nacional”.
Además, es imperioso “modernizar y
complementar el sistema de vigilancia y control aéreo, transformándolo
en un sistema conjunto con radares de vigilancia aérea, marítima y
terrestre, que permita la identificación de cualquier tipo de
antagonismo en el territorio nacional y en las áreas en las cuales se
ejerce jurisdicción y derechos de soberanía conforme al derecho
internacional, contra la infraestructura de producción estratégica, que
ponga en peligro la estabilidad y el desarrollo del país”.
Posdoctorado en estudios
latinoamericanos por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y
preso político entre 1993 y 2002, Gallardo Rodríguez señala que el
fracaso de los Estados ante estas amenazas y riesgos asimétricos se
explica porque se están combatiendo “con los mismos criterios que se
utilizaron en la Guerra Fría, con los mismos sistemas de inteligencia,
formas y maniobras tácticas de entonces”.
Las nuevas amenazas asimétricas, señala en entrevista con Contralínea,
deben atacarse desde el punto de vista del contexto. Ejemplifica con la
corrupción: “No se acabará atacando a la policía corrupta, sino a las
fuentes y el origen de la corrupción, es decir, a las estructuras de
poder de la administración pública, de seguridad y de gobierno”.
Ausencia de alianzas en aspectos de defensa
Las Fuerzas Armadas Mexicanas destacan
que “es clara la ausencia de alianzas [de México] en aspectos de
defensa”. Explican que esta situación es resultado de “la vocación
pacifista de la política exterior mexicana”. Consideran que esta
situación “provoca aislacionismo en aspectos de defensa y limita la
capacidad de ser disuasivos”.
En el documento clasificado como
“secreto”, se establece que ante el riesgo identificado como “ausencia
de alianzas en aspectos de defensa”, las Fuerzas Armadas promoverán “una
política exterior que incluya una agenda activa en asuntos de seguridad
y defensa a nivel regional”.
A este respecto, agregan que buscarán
participar “en foros internacionales, ejercicios combinados,
intercambios en materia de capacitación y reorientando las actividades
de los agregados militares en el extranjero” (sic).
El especialista en Fuerzas Armadas y en
seguridad nacional Guillermo Garduño Valero explica que la doctrina de
la Defensa Nacional se estructura poco antes de la Segunda Guerra
Mundial. Precisamente en 1937 se pasa de Secretaría de Guerra y Marina a
Secretaría de la Defensa Nacional.
El doctor en Sociología por la UNAM y
especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh (Estados
Unidos) apunta que se trata de un cambio ideológico importante: la
directriz es la defensa de la nación.
“Esta idea va a acompañada de una
ideología de corte nacionalista. Y luego de la Segunda Guerra Mundial,
el sistema de alianzas se define a partir de lo que sería la lucha
Este-Oeste. Este conflicto durará hasta 1991. Se desecha la ‘amenaza
comunista’ y se cancela la posibilidad de que el socialismo predominara
en el mundo y comienza a restructurarse el orden internacional.”
Lo que a continuación ocurrió no fue lo que deseaban los estadunidenses: una paz octaviana
donde Estados Unidos regiría al mundo. Lo que vino fue la alianza que
constituyó la Unión Europea, y la emergencia de China como potencia
comercial y militar. Hoy el mundo es multipolar.
Conferencista en el Colegio de la
Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales, Garduño
Valero señala que México quedó dentro del Comando Norte de Estados
Unidos. La potencia vecina coloca al territorio mexicano como parte de
su proyección internacional más inmediata.
“Visto así, la idea de los
nacionalismos ya no se justifica y la exigencia misma está dada por la
necesidad de alianzas de carácter militar. Estas alianzas surgen en
cuatro terrenos de primera importancia: de carácter tecnológico-militar,
pues la tecnología militar ha evolucionado como nunca antes la historia
humana; de restructura organizativa, pues los ejércitos actuales se
reducen en tamaño pero aumentan eficacia; de estrategia, pues los
acuerdos comerciales van a la par y de la mano de las alianzas
militares; y de factores de energía, ya que han entrado en declive el
uso hidrocarburos y en menos de 10 años tendremos todas las energías
alternas y serán éstas las que movilicen a las tropas.”
Guillermo Garduño Valero advierte en entrevista con Contralínea
que “cualquier planteamiento donde México se quede rezagado en esta
materia de alianzas, automáticamente estará corriendo el riesgo de la
desintegración, porque otras fuerzas en el escenario internacional
comenzarían a disputarse nuestro territorio.”
Pérdida de gobernabilidad y gobernanza
Las Fuerzas Armadas observan en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
que la falta de servicios elementales, o la precariedad de éstos,
posibilitan que grupos de la delincuencia organizada trasnacional y
“grupos con intereses desafectos al estado de derecho” coopten a
poblaciones.
El resultado de esta situación es una
pérdida de gobernabilidad y gobernanza. Explica este riesgo como
consecuencia de “la complejidad multicultural propia de las distintas
regiones del país” y de la “insuficiencia del Estado para atender cada
elemento cultural en toda su dimensión social”. La combinación de estos
dos elementos provoca que “la dinámica intercultural se aleje de los
intereses propios de la sociedad mexicana”.
El politólogo y sociólogo Valeriano
Ramírez Medina señala que Enrique Peña Nieto deja un México en una
situación de ingobernabilidad y con déficit de gobernanza.
Doctor en estudios políticos y sociales
con orientación en ciencia política por la UNAM, Ramírez Medina explica
que la gobernabilidad está vinculada al concepto de legitimidad,
estabilidad, control de los conflictos y la negociación interna. La
gobernanza, a la administración interna que busca eficiencia: lograr
objetivos independientemente de la aceptación o no de la población;
busca establecer un orden que permita hacer más con menos.
En este sexenio, considera, lo que se
buscó solamente fue la gobernanza, sin éxito. De la gobernabilidad, ni
el intento se hizo. El sexenio que finaliza estuvo marcada en esta
materia por el llamado Pacto por México: la realización de tres reformas
“estructurales” (la laboral, la energética y la educativa).
“Se buscaban determinados resultados y
alcanzar ciertos objetivos medibles, sin entender la circunstancia en
que se encontraban esos ámbitos. Con respecto de la reforma educativa,
se pensaba que se trataba solamente de un asunto de ‘capacitación’ de
los maestros sin considerar el entorno y el medio. Lo mismo con el
sector energético: se piensa que sólo es petróleo, cuando es energía
estratégica en todas sus variantes y su generación. Y en la reforma
laboral, ahora se pretende que el trabajador se jubile a sí mismo y que
el sindicato sea el capataz o el jefe de obra porque es el que va
marcando los tiempos, los ritmos y las cargas laborales.”
Profesor de tiempo completo adscrito al
Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, en entrevista con Contralínea enlista los
problemas de gobernabilidad que hoy padece el país: “Déficit de
confianza: dejamos de confiar en los poderes legalmente establecidos,
tanto nivel local, estatal o federal; crisis de confianza en las
instituciones; falta de credibilidad: las personas no vislumbran que se
corregirán los desaciertos y que se mejorará su calidad de vida, y la
falta de justicia: más allá de inseguridad es la impunidad la que ha
enseñoreado al crimen organizado durante los últimos 15 años.
Valeriano Ramírez destaca que “de no
revertirse esta falta de gobernabilidad estaremos ante un colapso de la
nación, una ruptura interna”. Si el nuevo gobierno no logra revertir la
inmovilidad social, seguirán creciendo las fuerzas alternas; y puede
ocurrir que de manera generalizada ya no sea el gobierno o el Estado el
que controle las cuestiones internas sino que sean los grupos alternos:
el crimen organizado, los grupos de presión; o, incluso, a los grupos de
tensión: los armados, la guerrilla.
Zósimo Camacho/José Réyez
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