Publican ley contra supersalarios de miembros del servicio público
PAN y PRD pronostican ola de amparos, pues la norma
contiene errores
Con la publicación ayer en el Diario Oficial de la Federación
de la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, ningún
funcionario percibirá una retribución mayor a la del Presidente de la
República. El mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho
que su salario será de 108 mil pesos.
Aunque la ley señala que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación, todo indica que será hasta el primero de enero de 2019
cuando comience a aplicarse, ya en el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador.
Con la entrada en vigor de este ordenamiento se pone fin a las
pensiones de los ex presidentes de la República, ya que en su artículo
10 indica:
no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Dicha ley se aplicará al Poder Legislativo federal, al Judicial,
entes públicos, incluidos aquellos a los que la propia Constitución
reconoce autonomía o independencia, como el Instituto Nacional
Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, el Banco de México, Órgano Superior de Fiscalización, las
entidades federativas, municipios y Ciudad de México.
Asimismo, este ordenamiento regirá para los tribunales
administrativos de la Federación, la Procuraduría General de la
República, las dependencias federales, los órganos, empresas y
fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos
al régimen paraestatal, cuando la remuneración respectiva afecte directa
o indirectamente al presupuesto federal.
En el artículo siete de la ley referida se estipula que la
remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes
públicos que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto
que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán los
tabuladores mensuales con límites mínimos y máximos de remuneraciones,
los montos correspondientes a sueldos y las prestaciones.
Esta ley se publicó porque el presidente del Senado así lo ordenó al Diario Oficial de la Federación,
en virtud de que el mandatario Enrique Peña Nieto dejó transcurrir el
tiempo necesario para hacerle observaciones y no lo hizo, ni la remitió
para su publicación.
Martí Batres, presidente del Senado, al ser cuestionado por quienes
aseguran que la legislación contiene errores y será impugnada, defendió
la publicación y destacó:
no se altera la ley, y si hay que mejorarla, seguramente el Congreso lo hará.
–¿Pero, se puede impugnar?
–No, no lo veo.
Abundó:
veía unos comentarios, que por qué habla del Distrito Federal, cuando ya es Ciudad de México, que habla del Instituto Federal Electoral en lugar de Instituto Nacional Electoral, de salario mínimo en lugar de unidad de medida, pero el transitorio de la reforma a Ciudad de México señala que cuando se hable de Distrito Federal se entenderá Ciudad de México.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, dijo:
No proceden las impugnaciones. Tenemos la experiencia de la Constitución de Ciudad de México, que dijeron que nos la iban a impugnar en la mitad, pero en 96 por ciento la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aprobó.
El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, destacó:
Tiene faltas de ortografía, es fácilmente impugnable, es una ley que está fuera de temporalidad, nosotros les dijimos que tenía fallos muy claros. Estamos de acuerdo con el espíritu, que nadie gane más que el Presidente, tenía que haberse revisado con cuidado, pero se hizo con premura. Dice Distrito Federal, cuando ya debe decir Ciudad de México, se refiere sin distingo a fuerzas armadas.
Damián Zepeda, coordinador de los senadores del Partido Acción
Nacional, manifestó, por su parte, que es una ley con fallas, es un
problema
en el que Morena metió al país por esta ansia de colgarse la medalla, y procederán los amparos que se presenten.
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
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