Redacción
Aguascalientes, México, noviembre (SEMlac).- La información
estadística sobre violencia contra las mujeres generada por los
gobiernos de América Latina y el Caribe no responde a la realidad; hay
inconsistencias metodológicas, en algunos casos ausencia de ética en
las mediciones y, respecto a cifras de feminicidio, algunos gobiernos
no tienen o no informan datos seguros para el panorama nacional, como
los casos de México, Argentina y Brasil.
Las estadísticas, herramientas sustantivas para elaborar
diagnósticos y políticas públicas, siguen planteando vacíos importantes
pese a que las evidencias empíricas y los estudios o encuestas revelan
que la violencia contra las mujeres limita su desarrollo y libertad y
es muestra sustantiva de que la discriminación cotidiana conspira
contra la democracia y la igualdad.
Especialistas en la materia que participan en el XV Encuentro
Internacional de Estadísticas de Género, efectuado del 5 al 7 de
noviembre en Aguascalientes, al centro del país, también plantearon que
hacen falta datos de prevalencia y metodologías para evaluar la enorme
cantidad de acciones y creación de instituciones para prevenir la
violencia, por lo que no se sabe si las estrategias han permitido
avanzar en frenar la cara más dramática de la desigualdad entre hombres
y mujeres.
Claudia García Moreno, especialista en violencia de género del
departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), reconoció que todavía no es posible hacer
análisis comparativos, aun cuando se ha estudiado el fenómeno desde
hace 35 años, 19 países de la región han hecho 75 encuestas y desde
1998 más de 20 han incluido la medición de la violencia de género
contra las mujeres.
Eso, explicó, abre un enorme espacio de opacidad sobre lo que
realmente está pasando, por ejemplo, en situaciones de conflicto,
crisis o desplazamiento; sobre la violencia infantil y el tema de los
impactos emocionales para las víctimas, y tampoco se ha podido evaluar
el papel de las personas encargadas de atender a las mujeres en el
sector salud.
"Es mejor no tener datos a tener malos datos", dijo García Moreno al
considerar que faltan indicadores confiables, medición de factores de
riesgo, estudios rigurosos que permitan conocer variaciones dentro de
los países y elementos para hacer comparaciones, georreferencias o
situaciones de alarma. Tampoco hay forma de evaluar programas y
acciones.
Si las estadísticas sirven para poner en marcha políticas públicas, en violencia contra las mujeres son sustantivas.
Por ello llamó la atención la presentación de Juan Huambachano,
gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de
Perú, ya que el registro de la violencia desde las distintas
instituciones de policía, ministerio público, oficinas forenses o
agencias receptoras de denuncias es fundamental para la estadística, y
esos registros no existen en la mayoría de los países, son malos
registros o están desvinculados entre sí.
En Perú, el Observatorio permite actualizar la información de la
denuncia, fundada en expedientes y seguimiento, de manera ágil y
sencilla. Se usan las nuevas tecnologías de la información y se
encaminan a tener una estadística en tiempo real.
Eso, que parece fácil, ha requerido de voluntad política y decisión
institucional; cuando eso no existe, hizo notar Huambachano, hay
dificultad para conocer las verdaderas cifras. Esto es dramático cuando
se trata de homicidios por razón de género; cuando las mujeres son
asesinadas, a pesar de haber denunciado con anticipación su condición
de riesgo, y es fatal cuando no hay coordinación en el intercambio de
esa información y su análisis.
No obstante, el informe de octubre de 2014 del Observatorio de
Igualdad de Género de la CEPAL, presentado en esta reunión, revela que
la violencia física o sexual infringida hacia una mujer por su pareja
está generalizada en todos los países, es transversal a todos los
estratos socioeconómicos y tiene diversidad territorial.
Algunos estudios globales confirman que 35 por ciento de las mujeres
en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual. Un estudio de
la OMS plantea con evidencias que la violencia puede evitarse si se
previene.
La responsable del Observatorio, la chilena Alejandra Valdés, dijo a
SEMlac que, sin embargo, solo se tienen datos comparativos de
feminicidio en siete naciones de la región y que países grandes donde
existen repúblicas federadas como México, Argentina y Brasil no han
logrado aportar cifras oficiales. No respondieron a la solicitud de
información, aunque en México se han hecho diversos estudios en la
Cámara de Diputados y otras instancias.
En México, explicó Gisela Ramírez, subdirectora de Estadísticas
Sociales y de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), las primeras encuestas sobre violencia
contra las mujeres se hicieron en 1999 en la Ciudad de México y, a
partir de 2003, la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ha sido un instrumento fundamental
para la política pública.
La última ENDIREH, de 2011, dejó en claro que hasta 50,7 por ciento
de las mujeres en las diversas modalidades de pareja ha recibido
violencia física o sexual, la cual ha sido muy grave para 28,7 por
ciento de ellas. Pero la revelación más grave, aunque poco conocida, es
que 73 por ciento de estas mujeres no recurrió a ninguna autoridad que
debe atender o prevenir.
Este dato por sí mismo evidencia la urgente necesidad de políticas
públicas en materia de educación, medios de comunicación de masas,
valores en las relaciones sociales y un cambio cultural.
Evidentemente, en México no hay una encuesta para el feminicidio,
esa información tiene que provenir de estudios de campo y datos de las
áreas de justicia. Participante en este encuentro coincidieron en que
es la cadena de justicia el tema de mayor rezago, por lo que las
estadísticas y los diagnósticos deberían de ser materia sustantiva para
sensibilizar a las distintas instancias de justicia.
No obstante, estudios y encuestas han generado políticas públicas y
acciones directas consideradas como un avance. Tal es el caso de la
creación, en la pasada década del ochenta, de las agencias de delitos
sexuales o la existencia de un sistema nacional y una ley integral.
Pero todavía, como destacó Claudia García Moreno, los programas de
prevención son "totalmente experimentales", pese a que existe un
protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de
mujeres por razones de género, que no se pone en práctica, y por ello
no pueden evaluarse las intervenciones.
La mexicana García Moreno, que trabaja en la OMS en Ginebra, también
dijo que es urgente mejorar el estudio, las encuestas e investigaciones
para hacerlas rigurosas y tomar medidas integrales para prevenir el
maltrato, poner en práctica cambios en normas sociales, en la educación
y empoderar a las mujeres, tanto como dar respuesta a los múltiples
factores que podrían evitar la violencia, como los servicios de salud,
de justicia y seguridad.
El informe del Observatorio de CEPAL sostiene que la falta de
información sobre violencia y de datos desagregados por sexos es un
obstáculo para enfrentar debidamente la magnitud del problema.
El documento asegura que la visibilidad de la violencia contra las
mujeres en los últimos 20 años ha generado un relevante progreso en la
generación de políticas públicas, pero esto no ha ido de la mano con el
avance en la producción de datos cuantitativos que permitan medir el
fenómeno. Señala, como fundamental, resolver el déficit de información,
pues también es un derecho de la ciudadanía contar con esos datos.
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