Política Zoom
Ricardo Raphael
Si viviéramos en Estados Unidos, donde los fiscales obtienen su puesto por el voto popular, Alejandro Solalinde tendría grandes posibilidades de ganar; sobre todo después de haber sido el primero en anunciar a la opinión pública el paradero eventual de los normalistas desaparecidos.
Todo indica que, tristemente, sus fuentes tuvieron razón; al menos en parte.
Con ropas siempre blancas, camisa de cuello mao y el estilo de un padre de pueblo, a la vez modesto y severo, y con una reputación bien ganada como defensor de las víctimas de la migración, Solalinde posee una voz que suele ser atendida con respeto por la sociedad y es temida por las autoridades.
De ahí que, cuando anunció que contaba con testimonios sobre el asesinato y la incineración de los estudiantes de Ayotzinapa, más de un medio de comunicación lo tomó muy en serio. Sólo las familias de los muchachos enfurecieron contra él, por no haber compartido primero con ellas la información.
Mi amigo Jenaro Villamil publicó en el portal de la revista Proceso una nota donde acusa al procurador Jesús Murillo Karam de haber organizado una conferencia de prensa para “revelar” lo que el padre Solalinde ya había anunciado semanas atrás. Y es que, en efecto, las declaraciones ofrecidas por la cabeza de la PGR confirmaron algunos de los elementos que el sacerdote divulgó de manera adelantada.
Primero, coincide con la versión sobre el tiroteo de la policía en contra de los estudiantes que llegaron a Iguala montados en dos autobuses. Segundo, es consonante con la detención arbitraria de las víctimas y su traslado hacia el municipio de Cocula. Tercero, corrobora la versión de que los normalistas podrían haber sido asesinados en un lugar apartado, donde después sus cadáveres fueron incinerados, utilizando para ello maderas y otros materiales inflamables.
Sin embargo, el informante de Solalinde entregó una pista distinta con respecto a las coordenadas geográficas relativas al lugar del asesinato y la cremación. Dijo que los restos calcinados estaban dentro de las fosas encontradas por el gobierno de Guerrero, también en Cocula, pero lejos del basurero municipal.
Al revisar con cuidado las entrevistas que el padre otorgó a la prensa durante la segunda quincena del mes de octubre hay una pregunta que despierta interés grave: ¿quién es la fuente de Solalinde?
En una conversación con la periodista Carmen Aristegui, el ministro de culto afirmó que se trata de “algún” policía que recibió ordenes y “está con el crimen organizado, pero reventó y tiene conciencia”.
La duda crece cuando resulta que este sujeto entregó una pieza fundamental de información, en principio equivocada: las coordenadas geográficas tanto del presunto homicidio como de los restos.
El policía arrepentido confió que la cenizas calcinadas estaban en las primeras fosas y no en el basurero de Cocula o en el río San Juan, aunque coincidió con que el asesinato sucedió en lugar próximo a donde ocurriera la incineración.
Si como dice Solalinde, la fuente presenció aquellos hechos funestos, ¿por qué la contradicción con la tesis del lugar expuesta por la PGR?
Será difícil despejar esta incógnita, ya que la identidad del testigo referido está protegida por el artículo 243 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual dice que los ministros de culto no estarán obligados a declarar sobre información que reciban bajo el secreto de confesión.
Con todo, desde el plano periodístico cabe insistir con la interrogante: ¿quién es ese policía? ¿Es la misma persona que afirmó que José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos en Veracruz y no en Iztapalapa? ¿Fue el mismo que confió como móvil del asesinato el supuesto odio del Estado por las normales rurales?
Es legal y al mismo tiempo es una lástima que el padre esté exceptuado de llevar ante un juez las pruebas que posee para perfeccionar sus acusaciones. Sería un fiscal confiable para la sociedad, aun si no cuenta con testimonios admisibles, a pesar de la confusión sobre el lugar de la tragedia o de la ausencia de un móvil más concreto.
ZOOM: no es suficiente revelar ante la opinión pública información verosímil, si ésta no se convierte en material probatorio ante un tribunal; tal es la diferencia entre un indicio y una prueba legal, entre un rumor y la verdad jurídica, entre el juicio de la opinión pública y el del Estado de Derecho, entre un líder social y un fiscal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario