“El hecho de que todo mundo se haya indignado por lo que pasó el 26 de
septiembre refleja claramente que no somos solamente nosotros los
indignados, como estudiantes de Ayotzinapa, (sino que) es todo un país
el que ha sufrido durante muchos años estos atropellos. Y no sólo se
trata de la indignación por tanta delincuencia e inseguridad, sino que
hay indignación también cuando vemos al campesino sin trabajo, al
obrero sin trabajo, al estudiante que después de cursar una carrera no
tiene acceso a una plaza (…) Cada indignación de la población tiene que
llegarnos hasta el fondo, no sólo cuando se mata o se desaparece a 43
estudiantes. Las cifras aquí no importan, somos miles en el país, somos
miles de inconformes y de atropellados, diariamente, y ese es el
problema”.
Omar García, estudiante de Ayotzinapa [En Ojorasca, La Jornada, 8, noviembre, 2014].
Ayotzinapa, el reclamo de justicia continúa….
Desde los asesinatos y desapariciones de los estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos la tarde-noche del 26 de septiembre en
Iguala, y en respuesta y respaldo a las convocatorias y acciones de los
padres y compañeros de los normalistas, en el transcurso de estas
semanas y organizadas en torno a tres jornadas globales de apoyo, se
han llevado a cabo manifestaciones masivas de miles de personas y
organizaciones sociales y políticas en muchas ciudades de México,
marchas multitudinarias en las principales megalópolis del país,
diversos paros de labores en varias instituciones públicas de educación
superior organizados por estudiantes, así como muchas otras acciones de
protesta e inconformidad en apoyo a los normalistas; a esto se ha
sumado un consistente y creciente respaldo internacional. La cobertura
y seguimiento que diversos medios de comunicación nacionales y
extranjeros han realizado sobre las desapariciones de Ayotzinapa y las
movilizaciones para la presentación con vida de los normalistas han
hecho visible la gravedad de la situación y han contribuido a que
diversas instancias internacionales (ONU, CIDH, HRW, AI, Parlamento
Europeo) y algunos Jefes de Estado de diversos países (entre ellos
Obama) hayan expresado su condena y se pronunciaran por encontrar con
vida a los desaparecidos. Tras generar una presión política directa
sobre el Estado mexicano (principalmente a nivel federal), las
movilizaciones sociales y la cobertura mediática nacional e
internacional han contribuido de manera decisiva a que acontecieran los
siguientes hechos: intensificación de las investigaciones sobre el caso
Ayotzinapa, la reciente captura de los presuntos autores intelectuales
(el ex-alcalde de Iguala y su esposa), el arresto de los perpetradores
materiales de los asesinatos y desapariciones de los estudiantes (entre
policías municipales y miembros del crimen organizados hay más de 50
individuos detenidos), la desarticulación de uno de los grupos del
crimen organizado activos en Iguala y sus alrededores, la destitución
del ex–gobernador de Guerrero y de varios funcionarios estatales. No
obstante, a pesar de todo esto, aún no se sabe a ciencia cierta el
paradero de los 43 normalistas y, por tanto, sigue irresuelta una de
las principales demandas de los padres y compañeros de los estudiantes
secuestrados: la presentación con vida de los desaparecidos.
Ayotzinapa, reflejo de la inseguridad, la descomposición social y la violencia política.
Los acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala tienen un carácter
atroz e indolente no sólo por la violencia y la saña con que fueron
perpetrados los asesinatos y desapariciones, sino también por el papel
que el Estado jugó y por los sujetos sociales a los que se agredió:
jóvenes normalistas campesinos e indígenas que estaban indefensos y
desarmados. Los sucesos de Ayotzinapa representan un reflejo cruento de
una serie de problemas estructurales de carácter político que han
delineado la vida contemporánea del país.
(1) Desapariciones.
Como aconteció con los estudiantes normalistas secuestrados y privados
de la libertad el 26 de septiembre, desde el 2006 (en el contexto de la
guerra contra el narcotráfico que inició el sexenio pasado) y hasta la
fecha, las desapariciones forzadas (a veces de carácter masivo)
vinculadas a hechos delictivos donde están involucrados grupos del
crimen organizado (y en no pocas ocasiones fuerzas de seguridad del
Estado) han sido uno de los acontecimientos violentos más recurrentes
de la historia reciente de México; según cifras conservadoras, se
calcula en más de 24 ó 26 mil el número de desaparecidos durante el
gobierno de Calderón y lo que va de la presente administración federal.
(2) Asesinatos.
En el mismo tenor de los hechos de Iguala del pasado septiembre donde
fueron asesinadas seis personas (entre ellos tres estudiantes
normalistas), de 2006 a 2014 se han registrado más de 100 mil
asesinatos relacionados a hechos violentos donde intervinieron grupos
delictivos del crimen organizado (cárteles del narcotráfico) y diversas
fuerzas de seguridad del Estado (principalmente policías municipales);
dentro de estas formas de violencia y privación de la vida también se
encuentran los feminicidios.
(3) Violencia política selectiva. Además,
a semejanza de la violencia específicamente dirigida a los normalistas
de Ayotzinapa, en México se han vuelto cada vez más recurrentes las
agresiones físicas (que en no pocas ocasiones terminan con la privación
de la vida) deliberadamente orientadas a grupos sociales de diverso
tipo (jóvenes, campesinos, indígenas, maestros) que se oponen a los
poderes fácticos imperantes (el crimen organizado, el Estado en sus
diversas escalas, los monopolios y las transnacionales).
(4) Deterioro del tejido social.
De manera paralela, derivado de la privación forzada de la vida y en
consonancia con lo que ahora experimentan los deudos de los normalistas
de Ayotzinapa, en los últimos años en México decenas de miles de
familias han sido golpeadas y fracturadas por las más de 26 mil
personas desaparecidas y los más de cien mil asesinados; en México,
como en Ayotzinapa y Guerrero, hay un severo deterioro del tejido
social. Si se analiza la abismal desproporción entre los miles de
delitos cometidos y los contados casos donde se llevan a buen término
los procesos jurídicos y judiciales de impartición de justicia, hay de
facto un claro desdén por las víctimas y sus deudos de parte del Estado
mexicano.
(5) Ausencia crónica del cumplimiento y ejercicio de la ley.
De este modo y como hasta la fecha ha venido aconteciendo en torno al
caso de los normalistas asesinados y desaparecidos, históricamente
(pero particularmente en las dos últimas administraciones federales)
hay una ausencia crónica del cumplimiento y ejercicio de la ley por
parte de las autoridades estatales. Pocas veces el sistema
jurídico-judicial del Estado mexicano juzga a los responsables de los
asesinatos y desapariciones, quedando sin castigo los crímenes
cometidos. Hoy día la justicia es una deuda permanente y la impunidad
es una constante entre los poderes fácticos. Expresión clara de esto es
que, como con los normalistas de Ayotzinapa, aún están pendientes las
investigaciones de las decenas de miles de desaparecidos y los más de
100 mil asesinatos y muertes violentas acontecidas entre 2006 y 2014.
Entre la complicidad, la impunidad y la negligencia.
Desde la consideración de sus diversas escalas o niveles, el Estado fue
cómplice y participe en los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa,
pero también, a través del conjunto de sus instituciones de
investigación e impartición de justicia, mostró y propició impunidad,
negligencia e indiferencia en torno al caso. A nivel municipal, el
Estado estuvo involucrado directamente en los sucesos de Iguala, tanto
porque el ex presidente municipal y su esposa fueron los presuntos
autores intelectuales de estos crímenes, como por el hecho de que los
policías municipales fueron los perpetradores materiales de las
agresiones (dentro de ellas 6 asesinatos) y el secuestro (privación
forzada de la libertad) de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de
septiembre.
En lo concerniente al ámbito de la entidad
federativa, el gobierno de Guerrero propició la impunidad y la
negligencia. Las autoridades estatales pese a que tuvieron información
el mismo día 26 de septiembre de lo que estaba ocurrieron no hicieron
nada para frenar las agresiones ni trasladarse al sitio de los hechos e
iniciar de manera inmediata las indagaciones. Posteriormente, frente a
la evidente participación de autoridades locales y policías municipales
en los hechos violentos, el gobierno estatal actuó de manera tardía,
propiciando de facto con su actuar errático la fuga de varios de los
responsables y obstaculizando las investigaciones.
A nivel
federal también hubo rasgos de impunidad y negligencia en múltiples
situaciones. Desde mucho antes de los asesinatos y las desapariciones
del 26 de septiembre, instancias federales (la Secretaría de
Gobernación y la PGR) habían recibido información de hechos delictivos
(los asesinatos de tres miembros de Unión Popular) en los que había
estado involucrado directamente el ex-alcalde de Iguala y no iniciaron
los procesos de indagación correspondientes; había, pues, datos sobre
la violencia en la región y los antecedentes criminales de Abarca. Por
otra parte, una vez ocurridos los hechos de Iguala, la atracción del
caso por parte de las autoridades federales fue tardía y ambigua,
mostrando falta de coordinación y de voluntad de cooperación con las
autoridades de Guerrero y con el Equipo Argentino de Antropología
Forense. En este contexto, surge la interrogante: ¿por qué las
autoridades federales, que un principio se deslindaron del caso y lo
redujeron a una situación de violencia focalizada y crimen local,
posteriormente hicieron un vistoso despliegue de recursos e
información? Probablemente la respuesta tiene que ver, más que con una
real voluntad política con los deudos de los normalistas y el
esclarecimiento de lo sucedido, con una visión pragmática de las
autoridades federales y sus estadistas de resolver a toda costa la
crisis política y de seguridad que ha tirado por tierra la imagen
ficticia de México que el gobierno en turno había proyectado en el
exterior. Hoy, como desde el 26 de septiembre, sigue el reclamo de la
aparición con vida de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos
y la impartición de justicia.
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