Ayotzinapa desgarró la piel de México y puso al desnudo la gangrena que lo corroe hasta sus entrañas debido a décadas y décadas de injusticia, desigualdad, explotación, muerte, hambre, y desesperación perpetradas por las clases dominantes y por su Estado contra el pueblo.
El informe oficial que con mucho cansancio y, seguramente, flojera rindió el procurador Murillo Karam el 7 de noviembre del presente respecto a que los 43 normalistas fueron asesinados, calcinados y luego depositados en un río, pudiendo rescatar sólo dos bolsas negras con cenizas, cuestión que hace imposible identificarlos con el ADN, constituye la prueba palmaria de la total incapacidad del gobierno federal para esclarecer los hechos y dar con los verdaderos criminales materiales e intelectuales de esta masacre que ya constituye un repudiable crimen de lesa humanidad en una escala igual o superior a las cometidas por los regímenes fascistas contra su población.
Amnistía Internacional declaró que al procurador se le "olvidó" reconocer que la desaparición de los normalistas es un crimen de Estado y no un hecho aislado que inculpa sólo al hoy preso ex-narco alcalde y a su narco pareja —ésta solamente arraigada— y a una bola de policías asesinos municipales que habrían disparado y matado a algunos estudiantes y transeúntes para luego entregar a los 43 normalistas al grupo criminal de los Guerreros Unidos que finamente los habrían ultimado.
El gobierno intentó presentar el acontecimiento como un conflicto entre grupos rivales —el otro cartel se denomina Los Rojos que también operan en el Estado de Morelos— y, por tanto, como un "ajuste de cuentas" donde habrían estado involucrados los estudiantes normalistas. Sin embargo, gracias a las movilizaciones de los padres de las víctimas y de las organizaciones populares solidarias que han estado denunciando esta atrocidad con luchas que van desde los paros y tomas de carreteras y de edificios gubernamentales, manifestaciones multitudinarias, conferencias a la opinión pública nacional e internacional, no se pudo concretar esa perversa intención incriminatoria del Estado para curarse en salud y dar por "esclarecida" la masacre.
Preocupa enormemente que ante una pregunta de una periodista respecto a que por qué no había intervenido la unidad militar estacionada a sólo unas cuadras de donde la policía municipal estaba disparando a los normalistas, el procurador contestó: "¡el ejército, como todos los ejércitos del mundo se mueve sólo con órdenes, ¡y qué bueno! Nada más le quiero hacer una pregunta: ¿Qué hubiera pasado si el ejército hubiera salido en ese momento, a quién hubiera apoyado? ¡Obviamente a la autoridad constituida!; hubiera sido un problema mucho mayor, que bueno que no salieron" (conferencia de prensa del procurador TV Milenio, viernes 07 de noviembre de 2014).
¿Qué acaso los personeros de la burocracia política, desde el presidente hacia abajo, no se la pasan clamando que las fuerzas armadas están para defender a la patria, al pueblo, a los ciudadanos? Lo que dio a entender el señor procurador general de la República es que si esa unidad castrense hubiera intervenido seguramente lo hubiera hecho en contra de los estudiantes intensificando las detenciones y la masacre en conjunto con los municipales. ¡Así, sí!: ¡claro!, ¡que bueno que no intervinieron los guachos, porque seguramente se hubiera incrementado el número de víctimas y de fosas clandestinas!
Como vemos este alto representante del gobierno federal refleja su concepción ideológica sobre la utilidad y función del ejército —acordémonos que Marx señaló que el Estado es un instrumento de la clase dominante y que su columna vertebral era justamente el ejército, y no se equivocó— y al respecto solamente hay que recordar las represiones y masacres de 1968 y 1971, de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997) y, junto con Ayotzinapa, Tlatlaya (2014).
Este es el verdadero papel del Estado: garantizar la propiedad privada, la reproducción del capital y su régimen de explotación de la fuerza de trabajo que, juntos, garanticen altas cuotas de rentabilidad al capital privado nacional y extranjero.
La proclama oficial de los acontecimientos de Ayotzinapa era urgente para el régimen en la víspera del viaje del presidente para participar en las Cumbres de APEC y del G-20 en China y Australia y, de este modo, tener fabricada artificialmente una explicación y justificación de los hechos que dejara "tranquila" a la opinión pública internacional, aunque internamente se estuviera incendiando la casa con manifestaciones, bloqueos, huelgas, toma de aeropuertos, de carreteras y edificios públicos, sedes municipales, en protesta por los crímenes de lesa humanidad y las atrocidades cometidas por el régimen contra los estudiantes normalistas con toda impunidad y con el silencio cómplice de las autoridades centrales.
En el Estado de Guerrero, mientras tanto, al gobernador interino impuesto por Peña Nieto y por el PRD, se le encomendó la tarea de "pacificar" Iguala mediante compromisos vacíos y promesas de encontrar con vida a los normalistas, pero en verdad sirviendo de comparsa al gobierno central para apaciguar las cosas con vistas a las próximas elecciones de 2015 donde se habrá de renovar el poder legislativo por la misma partidocracia en el poder y gobernadores en algunos estados de la República. Obviamente que el PRD pretende darse continuidad manteniendo su alianza con el PRI y ella pasa por darle carpetazo lo más pronto posible al caso Ayotzinapa.
El problema, después de más de 50 días de ocurridos los lamentables y siniestros acontecimientos —que no pueden ser menos que caracterizados como crimen de Estado y de lesa humanidad— no es solamente la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos —que, necesariamente, será la demanda central de los padres de familia y del movimiento social hasta que no sean presentados con vida y cuando las autoridades den una explicación veraz, científica y creíble de su paradero, sino, además, el esclarecimiento de los cientos de desaparecidos tanto en el Estado de Guerrero como en el resto del país y la ubicación y castigo a los responsables y de la existencia de fosas clandestinas repletas de cadáveres y de los diversos grupos de los cárteles de la droga y del narcotráfico que operan impunemente a lo largo y ancho del territorio nacional. El no atender estas demandas y problemáticas por parte del Estado mexicano responsable de su existencia, no hará otra cosa que reproducir, en escala mayor, la lucha de clases en todas sus manifestaciones y las contradicciones sociales y políticas en el contexto de la crisis estructural del capitalismo dependiente mexicano que tiende a profundizarse en consonancia con la profundización de la crisis de la economía capitalista mundial.
Por lo pronto, la ausencia del Presidente de la República para asistir a un foro internacional, es reveladora del poco interés y del desprecio que la clase política tiene de estas problemáticas, así como de la enorme prepotencia que mantiene al suponer que, como ha ocurrido reiteradamente en otras represiones y masacres perpetradas por el gobierno, no ha ocurrido nada en México y no se pone en jaque al sistema capitalista de dominación que perpetúa la explotación, la injusticia, la inseguridad, la violencia, la miseria y la impunidad de los diversos grupos criminales que actúan a sus anchas.
La demanda de la desaparición de poderes del constituido movimiento de la Asamblea Nacional Popular (ANP), en virtud de existir en Guerrero un "Estado fallido" —desechada sin cortapisas por el senado— constituye un principio para abordar la problemática del Estado en el contexto de la masacre de Ayotzinapa, del castigo de los verdaderos culpables y de la erradicación de los grupos criminales tanto de la delincuencia organizada como los ligados orgánicamente al Estado y que actúan como bandas paramilitares en la mejor tradición de las prácticas represivas de los Estados contrainsurgentes latinoamericanos de las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado y que en México han sido recreadas dotándolas de tecnología y asesoría proporcionada por el gobierno norteamericano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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