“Sabemos del dolor de miles de mujeres por desapariciones”
Agrupaciones feministas mexicanas e internacionales repudiaron la desaparición forzada el pasado 26 de septiembre de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, y calificaron de “incapaces” a las instituciones del Estado para garantizar la protección de los Derechos humanos (DH).
Bajo el lema “Las feministas también somos Ayotzinapa”, organizaciones como Asociadas por los Justo (JASS, por sus siglas en inglés) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), emitieron el pasado 7 de noviembre un pronunciamiento en apoyo a las madres y padres de los 43 jóvenes normalistas que fueron agredidos y desaparecidos de manera forzada por policías municipales de Iguala, Guerrero.
En el documento enviado al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que defiende la demanda de justicia de las familias de los normalistas– las feministas expresaron: “Sabemos del profundo dolor que miles de mujeres han enfrentado en México por la desaparición o ejecución de un ser querido, por el feminicidio de sus hijas, o por tener que abandonar sus casas y desplazarse de manera forzada a causa de la violencia”.
Se solidarizaron con las familias, especialmente con las madres de las víctimas de desaparición forzada y asesinatos. “Nos sumamos a su exigencia de justicia y les decimos una vez más que no están solas, que su lucha también es nuestra”, recalcaron.
Como cientos de manifestantes que se dieron cita el pasado fin de semana en la capital del país para repudiar los resultados de las investigaciones del caso llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), el movimiento amplio de mujeres criticó la descomposición de las instituciones del Estado y su incapacidad para proteger y garantizar los derechos de la sociedad.
Las organizaciones firmantes, entre ellas la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés), la Fundación Justicia y Género, de Costa Rica, y Women’s Human Rights, de Estados Unidos, señalaron que se suman a este reclamo social porque “hemos visto cómo las mujeres, familiares de víctimas, han salido a exigir justicia, han emprendido búsquedas incansables, y en muchos casos han tenido que asumir la protección y mantenimiento de sus familias, en medio del estigma y la indiferencia del Estado”.
De acuerdo con lo informado por la PGR el pasado 7 de noviembre, dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, en Guerrero, declararon ante el Ministerio Público que los estudiantes fueron arrojados y quemados en un basurero local, donde los declarantes recibieron la orden por parte de uno de los líderes de la banda criminal “Guerreros Unidos” de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura y luego arrojarlos al río San Juan.
Con motivo de estos supuestos nuevos hallazgos, que no fueron aceptados por las madres y padres de los estudiantes, las organizaciones feministas de diferentes países expresaron su preocupación por la crisis de violencia, impunidad y violaciones a los DH que se vive en México.
En el pronunciamiento, al que se sumaron a título individual la jurista y experta en género, Alda Facio, y la escritora mexicana Elena Poniatowska, las feministas dijeron que se unen a la exigencia de justicia por la ejecución extrajudicial de seis ciudadanos mexicanos, entre ellos los estudiantes normalistas Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, perpetrada en la cabecera municipal de Iguala.
Organizaciones como Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas, y la Red Mesa de Mujeres de Juárez, detallaron que saben lo que significa enfrentar de manera cotidiana la violencia generada por la desigualdad y la discriminación.
Las feministas recordaron que los estudiantes normalistas, hartos de la exclusión e indignados por la violación sistemática de sus derechos, buscaron expresar su descontento y denunciar los “intereses criminales” que estaban destruyendo el tejido social de sus comunidades.
Confiaron en que este reclamo, que ya es mundial –advirtieron–, alcance a todas las mexicanas y abra nuevas oportunidades para lograr la igualdad, la justicia y la paz.
El pasado 7 de noviembre, en declaraciones a Cimacnoticias, María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes Guerrero (uno de los 43 estudiantes desaparecidos), dijo que no creerá ninguna conclusión por parte de las autoridades hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que labora en conjunto con la PGR, compruebe que los restos hallados son los de sus hijos.
CIMACFoto: César Martínez López
Redacción Cimacnoticias
México, DF.-
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