Son las incongruencias de un dirigente priista que dice combatir la corrupción
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La cantidad neta de $1,206,271.81 (un millón doscientos seis mil
doscientos setenta y un pesos 81/100 M.N.) que recibiera Enrique Ochoa
Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, por
renunciar voluntariamente como director general de la Comisión Federal
de Electricidad es un caso grave que evidencia actos presuntamente
irregulares en perjuicio de instituciones públicas.
Como fuera del conocimiento público Enrique Ochoa presentó un
documento dirigido al Presidente de la Republica en el que agradece
formar parte de su equipo de trabajo como Director General de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde el 5 de febrero de 2014,
informando que a partir del 8 de julio de 2016 presenta su renuncia al
cargo designado en términos del artículo 48 de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad.
Dicho artículo 48 señala que el:
“Director General deberá informar al
Ejecutivo Federal y al Consejo de Administración sobre el incumplimiento
de alguno de los requisitos que debe cubrir para su designación, así
como cualquier impedimento que le sobrevenga”.
No existe evidencia que haya informado al Consejo de Administración
de la CFE los motivos de su renuncia como se lo ordena esa ley.
El motivo de su renuncia, en la misiva al Presidente de la República, dice:
“…obedece a la aspiración de participar
en el proceso interno para elección de Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional de mi partido, el Revolucionario Institucional”.
El documento de renuncia tiene los sellos de recibido tanto en la
oficina del Secretario Particular del Presidente como del Consejero
Jurídico el día 8 de julio de 2016. En su cuenta de twitter, en la misma
fecha a las 13:38 horas, aparece un mensaje:
En esa misma fecha, 8 de julio de 2016, aparece un dictamen de la CFE en el que se dan:
“…por terminado por mutuo consentimiento
el Contrato Individual de Trabajo y la relación laboral que los liga a
partir del día 09 de julio de 2016, mediante el pago de la liquidación y
finiquito que establece el mayor beneficio económico a favor del
Servidor Público de Mando con las prestaciones establecidas en el
artículo 33 fracción II, del Manual de Trabajo para los Servidores
Públicos de Mando vigente, en concordancia con la fracción I del
artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, las que serán cubiertas en
los términos del presente dictamen y que constituyen el importe total de
la liquidación, misma que se otorga a solicitud del C. ENRIQUE OCHOA REZA”.
En este documento de dictamen del 8 de julio de 2016 aparece la firma
de conformidad de Enrique Ochoa Reza y en el que acepta que la
liquidación es a petición del propio renunciante.
En declaraciones públicas el actual dirigente tricolor, dice que solo
fue un sujeto pasivo, cuando los documentos legales demuestran todo lo
contrario.
Apenas 4 días después de su renuncia voluntaria, el 12 de julio de
2016, Enrique Ochoa ocupaba la presidencia del Partido Revolucionario
Institucional, en un proceso fast track ante el estupor de la militancia priista que se plegaba a la designación presidencial de su aspirante único.
El 24 de agosto de 2016 a las 13 horas, ya siendo presidente del PRI,
se presentó a las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, ubicada en la Delegación Azcapotzalco de la ciudad de México,
a recibir el cheque número 0000272 del 18 de agosto de 2016, con cargo
al Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple por la cantidad neta de $1,206,271.81 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)
La liquidación que se entregó al exservidor público fue realmente
extraordinaria porque comprendió el pago de 120 días de salario
integrado (en lugar de los 90 días que señala la Ley Federal del
Trabajo), 84.86 días de salario diario integrado a razón de 35 días por
cada año de servicios prestados (en lugar de 12 días por años con el
tope del doble del salario mínimo general a razón de $146.08 que recibe
cualquier trabajador y no a razón de los $6 mil 809.59 diarios como
salario diario integrado que se le reconoció), más 20 días por año que
se le cubrió con salario integrado, más la parte proporcional de sus
prestaciones.
El dictamen se sustentó en el artículo 33 de la Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad
en el que establece dos supuestos: el de separación “Por voluntad
propia” y “por liquidación”; la CFE eligió la segunda opción, a pesar de
existir evidencia pública y documental que la separación de Enrique
Ochoa fue de manera voluntaria. En este último supuesto solo “...después de tres años de servicios”
podría recibir una compensación a razón de 80 días de salario base
diario de $1,572.42. (en el finiquito se le reconoció un salario mucho
mayor que ascendió a $6 mil 809.59 diarios).
El actual dirigente del PRI, tenía generada una antigüedad tan solo
de 2 años, 155 días, por lo que tampoco tenía derecho a recibir pago
alguno por existir una renuncia voluntaria y no alcanzar la antigüedad
necesaria. Sin embargo, se le pagó una cantidad que rebasó las razones
de su separación.
Sin embargo, de acuerdo al Dictamen No. T.L. 49/2016 que firmara
Jaime Tadeo Castelán Olguín, subgerente de Relaciones Laborales y Karime
Slim Ruiz, Jefe del Departamento de Dictámenes de la CFE se acordó
entregarle
“…la más alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando vigente…”
¿Por qué la Contraloría de la CFE ha guardado silencio ante estos
hechos? ¿Por qué se disponen de recursos públicos de manera discrecional
como si fueran recursos personales?
Son las incongruencias de un dirigente priÍsta que dice combatir la corrupción.
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