La tortura sexual en la CoIDH

   QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*

 La tortura en México es sistemática y generalizada, reportó el informe del relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Tortura (ONU), Juan E. Méndez, y la semana pasada la Comisión Interamericana envío a la Corte Interamericana el caso de las mujeres que fueron violentadas sexualmente por policías en Atenco, el Estado de México, como una forma de opresión y castigo a la transgresión.

Después de varios años de espera, el caso es enviado a la Corte, en medio de una crisis política y económica que agudiza la falta de confianza en el gobierno, y la caída libre de la imagen de Enrique Peña Nieto, quien ha perdido la poca confianza que tenía entre la gente, incluso de quienes votaron por él.

En el peor momento que atraviesa el que fuera gobernador del Estado de México, y en un contexto de violencia generalizada, la llegada del caso a la CoIDH abre la oportunidad y posibilidad de que el Estado Mexicano reciba una nueva sentencia por graves violaciones a los derechos de su población, y este caso merece especial atención porque representa uno de los más claros ejemplos de la violencia sexual que se ejerció como tortura.

El tema de la tortura sexual ocupa un lugar preponderante en la opinión pública internacional, pero también en la de especialistas, profesionales y personas expertas en acceso a la justicia para las mujeres y hombres, por ser una de las formas de violencia más vergonzosa contra las mujeres. Una ofensa a la dignidad humana.

La gravedad de la tortura sexual radica en que es la manifiesta forma del Estado de encarnar al sistema patriarcal que castiga la transgresión; institucionaliza la desigualdad de género y es por sí misma una forma de violencia sobre el cuerpo de las mujeres como una extensión del territorio de la comunidad violentada y de vulnerar el honor de los hombres de la comunidad a la que pertenecen.

Todos estos elementos están presentes en el acto de tortura ejercido contra las mujeres en la ex Yugoslavia, así como en varios países de África y en algunas otras regiones del mundo. Son las mismas características y las mismas causas latentes en la tortura sexual ejercida por los policías en Atenco y/o por los militares que atacaron a mujeres indígenas.

La tortura sexual es la forma más violenta de ejercer el castigo a las mujeres que se ubican en la “periferia” y abandonan la centralidad del discurso hegemónico que sólo ofrece protección a las que se ajustan al deber ser, a las que permanecen en los espacios privados y a las que acatan las normas y estructuras de género.

La tortura sexual no puede entenderse en todo su alcance y dimensión si no se incorporan los criterios y conceptos de transgresión y los discursos de feminidad centralizada, sólo así es posible entender que se ejerza contra mujeres que han roto el deber ser y que su intervención en el espacio público justifique-desde la lógica de los agresores- que estos hechos propiciaron su exposición a situaciones de riesgo.

En los territorios en guerra, la violencia sexual contra las mujeres constituye una forma de oprimir a la comunidad entera, a los hombres y al resto de las mujeres a las que se envía un mensaje aleccionador y de efectos “terroristas”. El mecanismo es idéntico, es sembrar el terror en las sobrevivientes.

La tortura tiene el objetivo de quebrar a la persona, quebrar una parte de sí misma para que nunca pueda mirarse en el espejo como lo era antes del evento de violencia. Eso nos lleva a reflexionar que una persona no podrá repararse a sí misma y encontrarse de nuevo completa, en cambio tendrá que aprender a vivir fragmentada.

Entender esto nos permite comprender que el delito alcanza una gravedad que involucra lo inhumano, supone la intención de despojar de la humanidad a las personas, y en la tortura sexual esa violencia se extiende a ese ámbito de la vida de las mujeres: quebrarlas y despojarlas de la condición de persona, vulnerarlas en lo más profundo.

Al final, de eso se trata toda la violencia contra las mujeres.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

CIMACFoto: César Martínez López

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