CELAG
En septiembre de
2014, la noticia de la desaparición de 43 jóvenes normalistas en la
ciudad de Ayotzinapa (Estado de Guerrero) conmovió a la opinión pública
internacional porque puso en evidencia las falencias de un país
carcomido por la violencia institucional, la corrupción y la fragilidad
democrática. Tras dos años de «investigaciones» plagadas de
irregularidades, el crimen continúa impune. Y no solo eso, sino que
existen indicios certeros denunciados por múltiples organismos
internacionales que analizan el caso -entre ellos el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)-, de que es el
propio gobierno mexicano el que obstaculiza las investigaciones. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el caso de
los maestros normalistas es «una muestra de las graves deficiencias que
sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad
estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves
crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente
colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado»
[1]. El ex Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza
sostiene que el de Ayotzinapa fue un «crimen de Estado» [2].
El
caso de los normalistas es paradigmático de la situación de los derechos
humanos en México. Desde el inicio de la «guerra contra el
narcotráfico» declarada por Felipe Calderón en 2006, el país vive un
Estado de excepción permanente [3] en el que no está garantizado el
derecho a preservar la vida, y mucho menos la libertad de expresión y
oposición por parte de la ciudadanía. La violencia militar y policial
organizada desde el Estado ha cobrado la vida de miles de personas
poniendo al descubierto una situación de extrema fragilidad democrática.
El
último informe de la CIDH registra violaciones flagrantes a los
derechos humanos que hacen de la democracia en México apenas un
eufemismo. Desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones
extrajudiciales; riesgo para ejercer el periodismo; imposibilidad para
acceder a la justicia por parte de una gran mayoría de la población son
los principales problemas que destaca el organismo para dar cuenta de la
dramática situación que vive el país en materia de respeto a las
libertades individuales y los derechos humanos. Según datos oficiales,
entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 se perpetraron en el país
102.696 homicidios. La cifra se eleva hasta 151.233 en agosto de 2015,
tal el reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En cuanto a
las desapariciones forzosas, el Estado mexicano contabiliza, al 30 de
septiembre de 2015, 26.798 personas «no localizadas» a nivel nacional
[4].
Ante estas estremecedoras cifras, suena cínico interrogarse
por la calidad de la democracia en México. Y sin embargo, curiosamente
-o no tanto-, el tema no genera una indignación proporcional a su
magnitud en la prensa hegemónica internacional, donde el tratamiento de
los casos como el de Ayotzinapa es fundamentalmente sensacionalista y
anecdótico, ni en la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (OEA). Ello pone en evidencia la falsa preocupación por los
DDHH que estos actores esgrimen para abordar la situación de otros
países latinoamericanos. ¿Por qué no importa que México se desangre?
En
el marco de la hegemonía de la globalización neoliberal, la vara para
medir la democracia la ostentan quienes asumen que lo prioritario es
garantizar el marco jurídico para la imposición de las políticas
económicas neoliberales. Dicho de otro modo, en la concepción
hegemónica, lo que verdaderamente determina la existencia o no de
«democracia» es la protección de las estructuras del «mercado». Las
garantías de los derechos individuales, y ni hablar de la capacidad de
influir de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos
públicos, no son -ni mucho menos- prioritarias. En definitiva, lo que
explica en buena parte que el país azteca no reciba los focos de
atención crítica de los grandes adalides de la democracia liberal es el
estricto apego de su gobierno al modo neoliberal de organizar la
economía y la sociedad. Los demás son «daños colaterales» o sacrificios
necesarios para resguardar el sistema.
Notas:
[1] “Situación de los Derechos Humanos en México”, informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), diciembre de 2015.
Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/
[2] “Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado: Álvarez Icaza”, Revista Proceso, 22 de septiembre de 2016. http://www.proceso.com.mx/
[4] “Situación de los Derechos Humanos en México”, informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), diciembre de 2015.
Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/
Este artículo se encuentra publicado en http://www.celag.org/vivos-
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