Ana María Aragonés
Se acaban de publicar los resultados del Informe de seguimiento de la educación en el mundo, que mide los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y señala que
de seguir las tendencias actuales, México logrará la universalización de la primaria hasta 2035; el nivel de secundaria en 2060 y la educación media superior hasta 2100, y se añade que se requieren al menos seis veces más recursos de los que actualmente se destinan para lograr
no conquistar las metas establecidas, sino simplemente acelerar el paso. El informe de seguimiento de la Educación para Todos (EPT) en el mundo 2015, revela que México sólo logró cumplir dos de los seis objetivos planteados en 2000, que incluyen mayor atención a la primera infancia y universalización de la educación primaria. (La Jornada, 23/9/16)
Este es un informe bastante desolador para México y, a pesar de que
el país se había comprometido con alcanzar esos objetivos para 2015, el
proyecto de presupuesto de egresos para el año 2017 muestra claramente
que las prioridades del gobierno difieren de sus compromisos, pues los
recortes se han dirigido precisamente a las áreas de educación, ciencia y
salud. En el sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI), así como
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el recorte
equivale en términos reales a 23.3 por ciento menos. En el caso de la
educación se reduce 10.3 por ciento menos de lo asignado en el actual
ejercicio presupuestal. ( La Jornada, 19/9/16).
El país tiene gravísimos problemas económicos y la deuda alcanza
ahora casi 50 por ciento del producto interno bruto, por lo que los
recortes y la austeridad son necesarios; el problema es dónde se aplican
las tijeras, pues este presupuesto hace muy difícil superar nuestra
condición de país maquilador, a los más de 50 millones de pobres, los 7
millones de jóvenes que no encuentran trabajo ni acomodo en sector
educativo.
¿Cómo es posible que el gobierno siga gastando nuestros impuestos en
hacerse propaganda que nos cuesta millones de pesos? ¿Por qué se sigue
manteniendo la opacidad y la falta de transparencia en el Congreso, que
permite la malversación de los recursos públicos? ¿Por qué los
legisladores gozan de seguros médicos millonarios pagados con nuestros
impuestos, en tanto que la gran mayoría de la población mexicana no
podría pagarlo con sus escuálidos salarios? Las asignaciones a los
partidos son una bofetada para la sociedad, así como los gastos
inmobiliarios desproporcionados del Instituto Nacional Electoral. En
fin, que si bien era necesario
apretarse el cinturón, a quienes afectó fue a los sectores que requerían apoyo, no recortes.
Muchos países entendieron que la salud universal no es
producto del desarrollo sino al revés, la salud universal es la clave
para alcanzar el desarrollo. En México la estrategia es equivocada, pues
más de la mitad de la población está fuera de los sistemas de salud
pública. Y en cuanto al Seguro Popular, a pesar de ser un remedo de lo
que debería un verdadero sistema de salud, también se le recorta el
presupuesto y para colmo las medicinas tendrán un incremento entre 10 y
35 por ciento, debido a la devaluación del peso.
La inestable situación económica, la enorme inseguridad, la falta de
opciones para los jóvenes, entre otras causas, genera flujos
migratorios. Sin embargo, también estos se restringen, pues la nueva
tendencia migratoria es de enorme selectividad. Los países
tradicionalmente receptores requieren trabajadores altamente
calificados, y están compitiendo por ellos. Por ello no es extraño que
el Centro de Investigación Pew señale que el número de indocumentados
mexicanos que llegan a Estados Unidos es menor que los que salen. Claro
que no señala si estas salidas son resultado de deportaciones, pues
habría que recordar que la administración del presidente Obama ha
deportado 2.4 millones de personas entre 2009 y 2014. Lo que llama la
atención es que el Pew también destaca que se están sustituyendo por
personas de Asia, Centroamérica y de África subsahariana, de manera que
el número de indocumentados se ha estabilizado en 11.1 millones.
El proyecto neoliberal aplicado en México desde hace prácticamente 30
años ha tocado fondo; es hora de revertirlo por uno que ponga en el
centro de su quehacer los beneficios para el conjunto de la poblaciones,
una nueva forma de estado de bienestar. Depende de nosotros.
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