Alistan visita de integrantes del mecanismo que dará seguimiento a pesquisas

Periódico La Jornada

El principal reto que tiene el mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala es que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no se queden en letra muerta, sino que el gobierno mexicano avance de manera firme en las líneas de investigación dejadas en sus dos informes.

Es cuestión de días para que se anuncie la primera de las visitas que realizarán al país los integrantes de esta nueva instancia, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que en abril pasado el gobierno mexicano se negó a renovar el mandato de asistencia técnica al GIEI.

Este mecanismo es una siguiente etapa de la supervisión internacional. “Es toda una esperanza y una expectativa para los padres de familia, porque justo es la supervisión internacional lo que les permite ir teniendo mayores elementos de confianza en las instituciones, luego de que la llamada verdad histórica terminó siendo un montaje”, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las instancias que representan a los padres ante la CIDH.

Explicó que a diferencia del GIEI, que fue un acuerdo de asistencia técnica y que debía renovarse periódicamente, el nuevo instrumento tiene una lógica permanente e indefinida, en tanto las medidas cautelares de la CIDH y las recomendaciones dictadas por el grupo de expertos no se cumplan en su totalidad.

Este mecanismo tiene dos niveles: uno, integrado por el equipo operativo, que puede permanecer en el país el tiempo que sea necesario y, otro, conformado por dos comisionados, que son Enrique Gil Botero, en su calidad de nuevo relator de la CIDH para México, y James Cavallaro, presidente de ese organismo internacional.

Según el convenio firmado en Washington, entre la CIDH, el gobierno mexicano y los padres de los normalistas y sus representantes, los comisionados podrán venir a México, en un principio, cada dos meses en visitas calendarizadas; podrían ser tres o cuatro estancias hasta abril próximo, cuando se realice el próximo periodo de sesiones de la comisión.

El mismo convenio establece el compromiso expreso del gobierno mexicano para aportar los recursos financieros y materiales que sean necesarios para la implementación de dicho mecanismo.

El tema financiero no tendría que ser pretexto para su implementación; de hecho, de los recursos destinados al GIEI quedó un remanente de casi 300 mil dólares que

podrán ser usados ahora.

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La verdad histórica fue superada con pruebas científicas, afirman padres de los 43

Sin ayuda internacional, el gobierno hubiera sepultado el caso Iguala

Confían en que con la salida de Zerón de Lucio de la PGR avancen las investigaciones

Tomás Zerón de Lucio, acusado de obstaculizar indagatorias sobre el caso Ayotzinapa

Periódico La Jornada

Para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no hay duda de que la llamada verdad histórica sobre el basurero de Cocula ha sido superada con pruebas científicas suficientes, en medio de una fuerte resistencia gubernamental.

A dos años los sucesos de Iguala, Guerrero, que estremecieron al país, los resultados de las investigaciones se han dado a cuentagotas, derivados siempre de la presión social y la supervisión internacional de las pesquisas. En este lapso, el gobierno ha caminado entre la incapacidad institucional y una clara intención de obstruir, sesgar y dirigir el resultado de las indagatorias.

Con el sufrimiento por sus hijos ausentes desde la noche del 26 de septiembre de 2014, los padres de los 43 normalistas reconocen el trabajo que durante más de un año realizó en México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas conclusiones echaron abajo la versión oficial de que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados y sus restos incinerados en el basurero de Cocula, Guererro.

Para los padres y sus representantes, el trabajo del GIEI –dependiente de la Comisón Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– fue fundamental para desmontar, desde el interior mismo de la investigación, la llamada verdad histórica, según la calificó el entonces procurador general Jesús Murillo Karam. Sin ellos, el caso hubiera quedado sepultado con esa mentira, señaló Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

Con esta prueba ya superada, la investigación de la PGR está prácticamente por rehacerse en función de los aportes y recomendaciones dejadas por el GIEI, en un proceso que se ha tornado sumamente lento y tortuoso.

Factor decisivo

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirma también que la supervisión internacional fue un factor decisivo, sin el cual no podría entenderse el momento actual.

Comenta que el GIEI, que estuvo México entre marzo de 2015 a abril de 2016, hizo dos afirmaciones que finalmente le costaron su salida del país.

Una fue que la teoría oficial del caso no tiene asidero científico y que por ello no representa el destino final de los estudiantes y, dos, que los hechos ocurridos en Iguala hace dos años no se explican sin un contexto de macrocriminalidad, lo cual significa justo la existencia de una estructura de contubernio y complicidades entre autoridades de todos los niveles y el crimen organizado. No se trata de un problema encapsulado en la esfera municipal, sino uno muy amplio, que debe investigarse, dijo.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, afirma que el saldo de las investigaciones en estos dos años no es positivo, pues aún se desconoce el paradero de los normalistas desaparecidos, ante un gobierno que aunque declara que el caso no está cerrado, insiste en la versión oficial del basurero de Cocula. Echar abajo esta hipótesis nos ha costado muchos de estos 24 meses que han transcurrido desde aquellos hechos de Iguala, indicó.

Tanto Vidulfo Rosales como Mario Patrón señalan que tampoco hay duda hoy día sobre la participación de integrantes de otros cuerpos de seguridad, como la Policía Federal y la municipal de Huitzuco, quienes estuvieron en diferentes momentos claves de los hechos, situación que ha sido confirmada por informes y pesquisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

También debe investigarse la responsabilidad del Ejército, vinculado por el conocimiento previo que tuvo de la corrupción y la macrocriminalidad presente en Iguala, y por su presencia y omisión en hechos relevantes como las desapariciones, señaló Santiago Aguirre, también del Centro Pro.

Otro punto donde no queda duda es que a los estudiantes normalistas se les dividió en al menos dos grupos, por lo que también hay dos rutas de desaparición, y aunque esta parte no está totalmente investigada, podría llevar a su localización. Este es el reto de la nueva etapa de la indagatoria, ya sin la presencia de Tomás Zerón de Lucio en la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado de obstruir las pesquisas e incluso sembrar evidencias.

El funcionario fue designado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, sin que hasta ahora se hayan hecho públicos los resultados de la investigación interna que se le seguía en la PGR.

Los padres de los normalistas y sus representantes quieren ver en este hecho una posibilidad de que la investigación avance con las recomendaciones del GIEI.

Tras la salida de dicho grupo, en abril pasado, y los varios meses que se han llevado en el diseño del nuevo mecanismo, el gobierno ha optado por una estrategia de invisibilizar el problema de Ayotzinapa, señaló el abogado Rosales.