Estado mexicano incumplió recomendaciones de informe de fondo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acreditó que
agentes estatales cometieron graves actos de violencia física y
psicológica en contra de once mujeres denunciantes de tortura sexual
durante los operativos policiacos de Atenco, en el Estado de México, en
2006.
Por ello, y tras considerar que el Estado mexicano no avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH para reparar el daño a las once sobrevivientes de tortura sexual, el pasado 17 de septiembre remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
A 10 días de que las Secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaran que el Estado mexicano pidió que el caso Atenco se enviara a la (CoIDH), finalmente la CIDH informó que el expediente será ventilado en el máximo tribunal regional porque no hay reparación del daño ni sanción judicial para los responsables.
En un comunicado de prensa la Comisión dijo que el expediente se remitió ante el tribunal interamericano porque el Estado mexicano no reparó el daño, no ha esclarecido los hechos en forma integral, no se ha identificado ni sancionado los distintos grados de responsabilidad de funcionarios públicos, no se han abierto nuevas líneas de investigación ni se han tomado medidas legislativas ni administrativas para evitar que estos actos se repitan.
De acuerdo con la CIDH, la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin que se conocieran cuáles eran los presuntos delitos por lo que las mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.
En los operativos ordenados por Peña Nieto el 3 y 4 de mayo de 2006, para “reestablecer el orden” por las protestas de floricultores que fueron desalojados del lugar donde vendían sus productos, fueron detenidas 47 mujeres, al menos 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron y más tarde once decidieron continuar con la búsqueda de justicia.
Ante la dilación en las investigaciones, en abril de 2008, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo solicitaron a la CIDH la revisión del caso.
ESTADO MEXICANO RESPONSABLE DE VIOLACIONES A DH
Finalmente este 17 de septiembre la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana y hoy informó que ya existe un Informe de fondo donde se exponen las responsabilidades del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de las recomendaciones, en particular de la obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable.
De acuerdo con la información del organismo, el Informe de fondo, explica que la CIDH recomendó al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de Derechos Humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico.
Además, la Comisión recomendó continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad.
Esto incluye las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión. Cabe recordar que las sobrevivientes han señalado la responsabilidad del actual ministro Eduardo Medina Mora quien era secretario de Seguridad Pública federal; de Ardelio Vargas Fosado quien dirigía la Policía Federal Preventiva e incluso de Peña Nieto.
La CIDH también recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Finalmente, recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de Derechos Humanos como las cometidas en este caso.
La Comisión Interamericana dijo que sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de septiembre de 2016 por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas, ya que tras evaluar el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas.
“Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”, recordó el organismo.
En las respuestas dirigidas a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia, el Estado mexicano informó sobre el estado de las investigaciones ya descritas y analizadas en el informe de fondo, las cuales no reflejaron avances significativos tras la notificación de dicho informe.
Sobre esta misma recomendación, el Estado tampoco aportó información sustancial sobre avances relevantes en la identificación de nuevas líneas de investigación que permitan establecer la totalidad de las responsabilidades por los hechos del caso en los términos del informe de fondo.
En cuanto a las medidas de reparación y rehabilitación, la Comisión tomó nota de la información aportada por el Estado sobre la creación de las estructuras necesarias para que las víctimas accedan a reparaciones cuando así lo deseen y tomó en cuenta que las víctimas han sostenido que el cumplimiento de la recomendación en materia de justicia es fundamental para sentirse reparadas.
“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, señaló la CIDH.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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