Ana María Aragonés
La Jornada
Donald Trump lleva poco más de
un mes de presidente de Estados Unidos, y lo que planteó en campaña en
relación con México lo ha seguido machacando todo el tiempo; no hay
sorpresas, es decir, México es el
chivo expiatorio. Afirma que la renegociación del TLCAN (NAFTA, por sus siglas en inglés) se hará a toda velocidad y será un acuerdo
justo(fair) para los trabajadores estadunidenses o lo cancela. Es decir, una negociación suma cero que explicaría el cambio de acrónimo por el de NAFTA, y como puede esperarse, México tendrá enormes dificultades para negociar buenas condiciones para los trabajadores mexicanos, pues el vecino del norte siente que tiene toda la fuerza y los instrumentos para imponer sus términos. Por eso presiona a las empresas que se encuentran en México para que regresen a Estados Unidos, con la amenaza que, de no hacerlo, aplicará un impuesto de 35 por ciento a la importación de sus productos. Y empieza a darle resultado, pues, por lo pronto, General Motors, Carrier y Chrysler aceptaron el chantaje y decidieron cancelar las inversiones que habían propuesto para México y regresar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, está cumpliendo con deportar, según él, a los que considera “ bad hombres”, es decir, criminales, pandilleros, etcétera, y ha puesto en marcha, más bien ha continuado, la estrategia de deportaciones. Por supuesto, la gran mayoría no cae en esa denominación, son trabajadores que han entregado muchos años a labores duras y honestas, y ahora se les está destrozando la vida, violando los más elementales derechos humanos y laborales.
La realidad es que el TLCAN ha sido altamente benéfico para Estados
Unidos, sobre todo en relación con el capítulo agrícola, que le ha
permitido incrementar su importancia agroexportadora alimentaria. Para
México supuso, por un lado, perder autosuficiencia alimentaria, pues
ahora importa una parte sustancial de los productos de la dieta básica
del mexicano. Pero, por otro lado, se produjo una creciente migración de
campesinos en forma de trabajador indocumentado; 70 por ciento de los
trabajadores del campo son migrantes indocumentados, personas que,
además de cultivar las granjas estadunidenses, los viveros, laboran en
industrias de alto riesgo, como las de pollo, cerdo, pavo, en las
despulpadoras de cangrejo y, por supuesto, son también numerosos en el
sector servicios, restaurantes, trabajo doméstico, etcétera. Negocio
redondo porque Walmart es el introductor en México de todos esos
productos, eliminando prácticamente a los supermercados mexicanos, a las
pequeñas misceláneas, tiendas de abarrotes y, lo peor, a los productos y
productores mexicanos. Importante es señalar que se trata de sectores
que no pueden ser más tecnificados, de lo contrario pierden
competitividad. En Alemania se intentó tecnificar esos sectores y
tuvieron que abandonar esa posibilidad porque no era costeable. Son
industrias claramente intensivas en trabajo.
La gran tragedia del campo mexicano es que los gobiernos no lo
han considerado prioritario para el desarrollo del país, política
nefasta que explica su devastación con la firma del TLCAN. Campesinos
enfrentados a la falta de créditos, de seguros de futuros, sin apoyo
para la comercialización de sus productos y, para colmo, prácticamente
sin subsidios, cuando Estados Unidos los elevó. Por eso los campesinos
se vieron forzados a emigrar sin documentos, porque las visas no se
incrementaron en función de las necesidades de la economía, que estaba
en una fase expansiva. Enorme renuencia para legalizarlos como una
estrategia para evitar que estos trabajadores pudieran reclamar derechos
y exigir pago justo por sus servicios, estrategia que favorecía la
ganancia empresarial.
Pero la economía de Estados Unidos, de concretarse la estrategia de
Trump, tampoco la tendrá fácil, pues ¿cómo cubrir las vacantes tanto de
los migrantes deportados como de los empleos que las empresas generarán,
tomando en cuenta que la tasa de desempleo es de 4.6 por ciento, es
decir, pleno empleo? A esta situación hay que añadir que la tasa de
fecundidad está por debajo del nivel de remplazo, lo que está generando
escasez de población económicamente activa. Problemas que no se
resuelven ni con elevar la productividad, ni con retrasar la edad de la
jubilación. La alternativa, guste o no, son los trabajadores migrantes.
México tiene que aprovechar este nuevo escenario para revertir las
condiciones que lo han mantenido alejado del desarrollo, y el TLCAN ha
sido uno de sus obstáculos, proyecto neoliberal depredador, que disparó
la migración forzada desde 1994. Por eso es fundamental que las posibles
negociaciones se hagan en un marco de transparencia, para evitar que
los funcionarios públicos caigan en la tentación de volver a subordinar
el país a los designios del vecino del norte.
Pero lo que resulta absolutamente imperativo, no importando lo que
pueda suceder con el TLCAN, es plantear una política agraria que permita
recuperar la autosuficiencia y seguridad alimentaria, un campo
productivo que absorba a su población en condiciones dignas, generar una
planta industrial independiente, innovadora, con apoyos fiscales,
pactando con los trabajadores las condiciones de trabajo decente y con
ocupaciones bien remuneradas, ampliar la cobertura educativa y de las
universidades, apoyando desarrollos científicos y tecnológicos. Toma
tiempo, pero es ahora o nunca. De lo contrario, la desigualdad y las
asimetrías económicas se mantendrán y la migración seguirá, no sólo
porque es un derecho, sino porque el país expulsa a sus trabajadores.
Hoy más que nunca, es inaplazable hacer realidad
el derecho a no emigrar.
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