(01
de marzo, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante la participación de
Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México, en la Mesa sobre Seguridad y
Derechos Humanos en México, aseveró “nuestra Oficina está preocupada
con la intención de adoptar una ley de seguridad interior, porque según
nuestra opinión, esta intención va en contra de la necesidad – varias
veces admitida por las propias autoridades – de salir del paradigma
militar, de reconstruir las corporaciones policiacas y de adoptar otro
modelo de seguridad para la República mexicana”.
De
acuerdo a Jarab, los ciudadanos mexicanos y también los migrantes
presentes en México, tiene el derecho a estar seguros y demandan con
toda legitimidad a las autoridades disminuir los índices de
criminalidad, sobre todo los crímenes en contra de la persona humana.
“A
veces se plantea la relación entre seguridad y derechos humanos como un
antagonismo entre estas dos prioridades – un juego donde el incremento
de uno significa una pérdida para otro; un zero sum game, como dicen en
inglés.
Esta forma de argumentación no es
específicamente mexicana – lo hemos visto en varios países y regiones
del mundo, principalmente por parte de las instituciones encargadas de
la seguridad, desde las policías hasta las fuerzas armadas.
Lamentablemente,
a veces los integrantes de nuestra ‘comunidad de derechos humanos’
también aceptan esta lógica de elección o dicen que hay que ‘balancear’
los dos – lo que me parece equivocado. Estoy convencido que los derechos
humanos y seguridad son perfectamente compatibles – y que no hay una
auténtica seguridad ciudadana sin respeto a los derechos humanos”,
argumentó.
Además, se mencionó que la seguridad sin
Estado de Derecho –sin derechos humanos – es una inseguridad. De hecho,
“las sociedades que respetan los derechos humanos son también las más
seguras. El respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, y el
buen funcionamiento del Estado de Derecho va de la mano con la seguridad
ciudadana.
Y cuando las autoridades cometen grandes
violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa,
están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta
civilizada también entre particulares, impulsando un círculo vicioso, un
espiral de violencia cada vez más brutal. No se establece o fortalece
el Estado de Derecho con graves violaciones a los derechos humanos”.
Demostrando
que la evidencia empírica de los últimos 10 años en México muestra
claramente que los vectores de derechos humanos y de la seguridad
apuntan en la misma dirección, no son antagónicos.
“Lamentablemente,
la evidencia es negativa: muestra que aceptar las graves violaciones de
los derechos humanos como ‘daños colaterales’ en una respuesta
militarizada al desafío del crimen (principalmente del narcotráfico) no
trajo más seguridad.
Como sabemos, la situación de
seguridad – expresada en el índice de homicidios – sigue siendo
considerablemente peor de lo que fue en finales de 2006 cuando Calderón
decidió ‘resolver’ los problemas utilizando a las fuerzas armadas. De
hecho, los estudios recién publicados muestran que ni siquiera hubo un
incremento dramático, una emergencia, antes de esta decisión – hubo un
incremento relativo al 2004, el año con el índice de homicidios más bajo
en la historia reciente de México”.
El Representante
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en el país, dijo que la Oficina es conscientes del difícil
contexto geopolítico: del hecho que los Estados Unidos siguen
representando un gran mercado para la droga, la fácil adquisición de
armas en el país vecino que ayuda a aumentar la capacidad de fuego de
los narcotraficantes en México.
“No creemos que son
los problemas que se van a resolver rápidamente… pero sí, estamos
comprometidos con buscar soluciones que están más favorables a los
derechos humanos y causan menos daños a la sociedad”, aseguró. Agregó
que la organización quiere ver a los militares en los roles que les son
idóneos – y el combate al crimen no lo es.
Agregó que
con respecto a la protesta social, es aún menos aceptable la
utilización de las fuerzas armadas en contra de ésta. Además, denunció
que existe el riesgo que esto podría ser legitimado en una futura ley de
seguridad interior, por lo que preocupa con razón a una gran parte de
la sociedad civil y una parte del espectro político.
Pero
quizás la más grande causa de nuestra preocupación es la manera cómo
fue presentada: como una ley urgentemente necesaria para dar respaldo a
una institución lo que significaría la petrificación del status quo. Por
supuesto, nuestra perspectiva es que después de diez años de
utilización de las fuerzas armadas en estas tareas la pregunta no
debería ser “si las fuerzas armadas merecen respaldo de una ley”, sino
“si deberían continuar ejerciendo estas funciones”.
Puntualizó
que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó el año pasado, luego de su
visita a México de 2015, promover un enfoque de seguridad ciudadana
mucho más amplio, lo cual supone una transición hacia otro modelo, muy
distinto del que hoy está puesto sobre la mesa del debate legislativo.
Por
lo que en conclusión, la Oficina del Alto Comisionado llama a una
discusión mucho más abierta y amplia, esta es la segunda conclusión, con
la participación no sólo de los políticos sino también de la sociedad
civil (organizaciones no gubernamentales, académicos, defensores y
defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos
humanos) – y no sólo sobre el rol de las fuerzas armadas en la
seguridad, sino sobre el modelo de seguridad que los mexicanos necesitan
y merecen.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario