La Jornada
El secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló ayer que el gobierno del
que forma parte está interesado en la aprobación de una ley de seguridad
interior que no otorgue a las fuerzas armadas funciones de policía, que
ese instrumento legal no debe dar margen a la militarización del país
ni al uso de las instituciones castrenses en la represión de movimientos
sociales, y que la actuación de soldados, marinos y policías federales
en tareas de seguridad pública debe ser temporal y constreñirse a
circunstancias excepcionales.
Tales consideraciones resultan pertinentes y oportunas por cuanto
permitirían poner un piso común para el debate en torno a los criterios
que deben plantearse para autorizar la presencia de los militares en las
calles, la cual es, hoy en día, una situación legalmente anómala que se
ha extendido durante más de una década sin que los mandos civiles hayan
sido capaces de imprimirle un objetivo claro y un rumbo definido. En
ese tiempo, en cambio, esa estrategia gubernamental ha sido
contraproducente en varios aspectos, especialmente en materia de
derechos humanos, en la erosión institucional a la que han sido
sometidas las propias fuerzas armadas y en el abandono de la tarea –que
debiera ser impostergable– de sanear y restructurar a las corporaciones
policiales de los tres niveles de gobierno.
En tales circunstancias cabe esperar que el Congreso de la Unión sea
capaz de redactar una propuesta de ley que especifique con toda claridad
la excepcionalidad en el recurso a las fuerzas armadas ante crisis de
seguridad interior, lo que exige, a su vez, delimitar con toda precisión
ese concepto, así como los mecanismos, las salvaguardas y los
contrapesos para aplicarlo.
Sería saludable, por ejemplo, que el llamado a los militares a
salir a las calles no quedara únicamente sometido al arbitrio del
Ejecutivo, sino que requiriera de una suerte de aprobación previa por el
Legislativo.
Es necesario, asimismo, garantizar que los uniformados no participen
por ningún motivo en actos represivos contra movimientos sociales y
políticos, y que su actuación se ciña escrupulosamente al marco legal en
materia de derechos humanos y libertades de expresión, asociación y
tránsito.
Por otra parte, es deseable que el proceso legislativo no se proponga
plantear una mera salida a la actual coyuntura, sino que tenga un
horizonte más amplio y sea capaz de prefigurar todos los escenarios de
aplicación posibles. En otros términos, la aprobación y promulgación de
una ley de seguridad interior no es, en rigor,
indispensable para resolver el empantanamiento de la estrategia de
seguridad pública que padece el país. Para ello es ineludible, en
cambio, un esfuerzo de voluntad política para emprender con el sentido
de urgencia que el problema requiere, la moralización y
profesionalización de las instituciones policiales, a fin de que éstas
estén en condiciones de reasumir plenamente sus tareas con credibilidad y
confiabilidad y que las fuerzas armadas puedan estar cuanto antes de
vuelta en sus cuarteles.
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