La Jornada
El secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, advirtió ayer, en una entrevista con la agencia
Bloomberg, que si el gobierno de Estados Unidos cumple con su amenaza de
imponer aranceles a productos mexicanos o ensamblados en México, el
gobierno nacional abandonará las negociaciones para reformar el Tratado
de Libre Comercio (TLC), negociaciones cuyo comienzo está previsto para
junio próximo.
Para poner en perspectiva esta declaración cabe recordar que el
presidente Donald Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que el TLC es
perjudicial para Estados Unidos y abrumadoramente ventajoso para México,
afirmación que es necesario matizar.
Es cierto que desde años recientes nuestro país ha tenido, como
resultado de ese instrumento, significativos superávit comerciales
bilaterales de decenas de miles de millones de dólares, pero esos
márgenes resultan mucho menos aparatosos si se les resta la suma de las
partes estadunidenses que se deben importar para fabricar los productos
que posteriormente se venden a Estados Unidos. Aun así, es innegable que
México obtiene un beneficio neto en su balanza de pagos.
Pero el saldo del TLC para nuestro país es mucho menos nítido si se
piensa en empleos y en efectos sociales en general, en seguridad y en
soberanía. De entrada debe señalarse que la entrada en vigor del
convenio fue un desastre para la industria, el agro y el desarrollo
tecnológico nacionales. Los millones de puestos de trabajo generados por
la implantación de procesos productivos de la economía vecina en el
territorio nacional no han logrado compensar la devastación causada en
el campo mexicano por la aplicación de las reglas del libre comercio,
que empujó a millones de connacionales a emigrar a las ciudades o al
norte del río Bravo. Miles de fábricas se vieron obligadas a cerrar. La
delincuencia organizada se disparó y crecieron la pobreza, la
desigualdad y la marginación.
Ello fue así porque el modelo económico del que el acuerdo
comercial constituye un elemento central e inseparable no está orientado
a distribuir los beneficios del libre comercio, sino a concentrarlos en
unas cuantas manos. De manera que los superávit comerciales que se
logran año tras año con Estados Unidos benefician a un pequeñísimo grupo
de la población, en tanto que la mayoría paga las consecuencias
negativas del intercambio.
Por lo demás, la creciente integración de la economía mexicana con la
estadunidense en condiciones de supeditación ha traído aparejada una
inocultable subordinación política y ha tenido en consecuencia una
gravísima afectación a la soberanía nacional, a la autosuficiencia
alimentaria y a la seguridad nacional.
En otro sentido, el TLC, a contrapelo de lo que afirma Trump, es un
instrumento estratégicamente desventajoso para México, en la medida en
que, en el contexto legal nacional, tiene el carácter de cumplimiento
obligatorio de un tratado internacional, en tanto para Washington su
cumplimiento es mucho menos vinculante por cuanto es visto como un
simple
acuerdo. Cabe preguntarse qué clase de convenio espera obtener Trump al señalar que su texto debe ofrecer mayores ventajas a Estados Unidos.
En tales circunstancias, sería saludable dar paso a un amplio debate y a una
consulta
nacionales –procesos democráticos que el gobierno de Carlos Salinas
rehuyó en su momento– sobre la conveniencia de mantener al país en el
TLC o retirarse del tratado.
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