Jesús Cantú
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- En 15 días la Presidencia de la República
interpuso dos controversias constitucionales para proteger los
intereses de tres de los cuatro mayores multimillonarios mexicanos.
Una, el 31 de enero, para preservar los ingresos y la influencia de las
televisoras mexicanas contra los lineamientos sobre derechos de las
audiencias que promulgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT); y después, el martes 14, para proteger el negocio de la industria
minera contra el llamado impuesto ecológico que aprobó el Congreso de
Zacatecas.
En el primer caso el Ejecutivo federal antepone los
privilegios de las televisoras (entre los que ocupan un lugar destacado
Televisa y TV Azteca) por sobre los derechos de las audiencias (Proceso
2101); en el segundo, prefiere acrecentar la riqueza de los dueños de
las mineras enclavadas en Zacatecas (donde participan Industrias
Peñoles, de Alberto Bailleres, y Minera Frisco, de Carlos Slim) que
proteger el medio ambiente.
En junio de 2015, Oxfam México
difundió un estudio del economista Gerardo Esquivel –Desigualdad extrema
en México–, donde se destaca que el 1% más rico de México concentraba,
en 2014, 21% de los ingresos totales del país, y precisaba que la
riqueza de los cuatro hombres más adinerados del país (Carlos Slim,
Germán, Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Alberto Bailleres) representaba
ese año alrededor de 9% del PIB mexicano.
El estudio señala que
una característica compartida por estos cuatro multimillonarios es que
sus principales empresas están en sectores que requieren concesiones
estatales para operar: telecomunicaciones y minería. Hasta hace muy poco
ni siquiera se conocían públicamente las reglas para el otorgamiento de
esas concesiones, por lo cual era un proceso discrecional, arbitrario y
prácticamente secreto. Las concesiones se entregaban selectivamente y
les garantizaba a sus titulares poca competencia y grandes ganancias.
Aunque
ahora hay reglas menos oscuras y procesos más públicos, lo cierto es
que ambos sectores todavía presentan condiciones muy favorables para los
titulares de las concesiones y son unos cuantos privilegiados los que
las detentan. El mismo estudio señala: “Estas élites han capturado al
Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de
privilegios fiscales”.
Tras la alternancia en la Presidencia, en
diciembre de 2000, los concesionarios han evidenciado esta captura en
diversos momentos. Primero fueron los integrantes del duopolio los que
mostraron su voracidad, al lograr disminuir a una décima parte el tiempo
diario que otorgaban gratuitamente al Estado, gracias al decreto del 10
de octubre de 2002.
Luego, durante el proceso electoral de 2006,
consiguieron que el Congreso aprobara reformas a la Ley Federal de Radio
y Televisión, que establecía condiciones tan favorables para ellos que
la nueva legislación fue conocida como Ley Televisa, finalmente
revertida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ese
parecía el parteaguas, pues en diciembre de 2007, en la reforma
constitucional que precedió a la electoral, se prohibió la compra de
tiempo en los medios electrónicos para propaganda político-electoral y
ésta se limitó al uso de los llamados tiempos del Estado. Sin embargo,
pese a que hay evidentes avances en la nueva legislación en materia de
telecomunicaciones de 2014, los concesionarios lograron privilegios que
se tradujeron en nuevos negocios y mayores ingresos, al aprovechar los
beneficios digitales para la prestación de novedosos servicios y
programaciones.
La “captura” del Estado todavía se hizo más
evidente cuando el IFT decide expedir los lineamientos para hacer
realidad los derechos de las audiencias. Primero embistieron los
concesionarios; posteriormente, la Presidencia y el Senado interpusieron
controversias constitucionales, y finalmente, el IFT decidió suspender
la entrada en vigor de esos lineamientos. Hoy el desenlace está en manos
del Pleno de la Corte.
El 23 de junio de 2014 la Semarnat
publicó en el Diario Oficial de la Federación el estudio previo
justificativo para declarar área natural protegida a 2 millones 577 mil
126 hectáreas del semidesierto de Zacatecas, con la categoría de
“reserva de la biosfera”.
De inmediato los principales grupos
mineros (nacionales y trasnacionales) que operan en ese estado
reaccionaron, pues sus ganancias resultaban afectadas; finalmente
lograron que en noviembre del año pasado, el nuevo gobernador de
Zacatecas, Alejandro Tello, se opusiera a la creación de la zona
protegida y a cambio le concedieron que introdujera el llamado Impuesto
de Responsabilidad Ecológica para gravar la extracción de minerales y
materiales diversos del suelo.
Sin embargo, a juzgar por los
mensajes vía Twitter del gobernador, no respetaron el acuerdo e
incitaron a sus trabajadores a protestar contra el nuevo gravamen, al
tiempo que recurrían al amparo, tanto las empresas como la Asociación
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Y el martes
14 la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió una controversia
constitucional para echar abajo los impuestos ecológicos, por considerar
que se trata de una materia federal, ya que grava la industria minera.
Ya
era reprobable el intercambio de la preservación del medio ambiente por
un impuesto ecológico, pero ni eso satisfizo a los empresarios mineros
que buscan mantener intactos sus privilegios, para lo cual recurrieron a
los medios legales a su alcance; pero como los jueces federales
rechazaron, en primera instancia, sus demandas, lograron involucrar a la
Presidencia en su defensa.
Este análisis se publicó en la edición 2104 de la revista Proceso del 26 de febrero de 2017.
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