En declaración de 2014 el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó que el estado había pasado, durante su administración, de balaceras y homicidios a robo de frutsis y pingüinos. La tradición política mexicana de Alternative Facts es muy antigua, la realidad veracruzana estaba lejos de acercarse a la declaración de Duarte.
La
reconocida organización International Crisis Group (ICG) acaba de
presentar su informe “Veracruz: reformar el estado mexicano de terror”.
En él se describe la realidad de ese estado y el diagnóstico presentado
es que “Veracruz se ha convertido en sede de crímenes de lesa
humanidad”, es decir actos cometidos como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento
de dicho ataque por parte de actores estatales y/o no estatales.
Los
datos presentados incluyen al menos 2,750 denuncias de personas
desaparecidas mientras que organizaciones de la sociedad civil hablan de
cifras cercanas a 20 mil, 17 periodistas asesinados desde 2010 lo que
ha generado un serio problema de autocensura y “un torbellino de
homicidios que tuvieron como objetivo, entre otros, a profesionales
jurídicos, agentes policiales, potenciales testigos de delitos y
cualquier civil que se atreviera a poner freno a las ambiciones de una
multitud de organizaciones criminales y sus cómplices políticos”. El
fiscal Jorge Winckler Ortiz describió a la región costera del Golfo como
“la fosa común más grande de México”.
En informes anteriores ICG
ya había descrito al aparato estatal veracruzano como uno que crea,
protege y encubre intereses criminales. Como en el resto del país, la
impunidad es la constante. El informe recoge estadísticas del INEGI en
las que se coloca el total de crímenes no reportados en Veracruz como el
94.6% del total y la impunidad en el estado por arriba de la media
nacional del 97.1%.
En este entorno habría que sumar que Javier
Duarte es buscado por numerosos casos de malversación junto con otra
decena de exgobernadores. La impunidad y la simulación como sistema.
Las cifras en el país demuestran que Veracruz no es el único estado con violencia desmedida y altísimos índices de impunidad
como ya quedó documentado en múltiples informes como “Atrocidades
innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society Justice Initiative
(OSJI), el GIEI en el caso Ayotzinapa y “En el desamparo. Los Zetas, el
Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y
Allende, Coahuila (2011)” que realizamos entre El Colegio de México y
la CEAV.
ICG concluye que “la historia reciente de Veracruz, los
espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz, subrayan la
crisis no de una administración estatal, sino del sistema político
mexicano en su conjunto, donde una transición democrática
bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida
por el crimen organizado. La facilidad con la cual quienes ostentan el
poder político han sido capaces de perseguir sus ambiciones criminales
apunta a debilidades estructurales en el sistema democrático”.
El informe destaca la violencia entre
grupos del crimen organizado que cuentan con complicidad de agentes
estatales, violencia contra migrantes, extorsión y ataque a testigos y
periodistas, entre muchos otros.
ICG incluye
recomendaciones que coinciden en algunos casos con las hechas por el
GIEI, OSJI y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Investigar la participación estatal en crímenes de lesa
humanidad, garantizar el derecho a la verdad, independencia de la
fiscalía y servicios forenses, acabar con la corrupción y la impunidad,
reforma policial, transparencia en el uso de recursos, garantizar la
libertad de expresión, apoyo a las víctimas, replanteamiento del modelo
de seguridad y búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.
Igualmente,
ICG hace un llamado a la comunidad internacional para que ejerza
presión sobre las autoridades mexicanas para “que respeten los derechos
humanos fundamentales, se comprometan con el Estado de derecho y eviten
la obstrucción de la justicia”. La asistencia internacional resulta
indispensable. La magnitud del problema indica que los crímenes de lesa
humanidad y la impunidad sistémica no podrán ser contenidos sin un
mecanismo internacional con amplias facultades. Es un largo camino que
se debe iniciar a la brevedad en el país.
De haber voluntad en el nuevo gobierno estatal algo se puede hacer de manera inmediata. Crear una Comisión de la Verdad en Veracruz
con completa autonomía y conformada por academia y sociedad civil para
que revise los casos de violencia y corrupción. Cualquier otro formato
sería simulación.
En la mesa están los múltiples diagnósticos que
apuntan a recomendaciones muy similares. Es un asunto de responsabilidad
y voluntad. A nivel federal no existirá en este sexenio, algunas pocas
luces comienzan a aparecer a nivel estatal. ¿Serán serias?
Mención
aparte merece la reacción de la inmensa mayoría de los medios y de la
sociedad. La indignación en el caso veracruzano se presentó por los
burdos casos de desvío de recursos y nunca por los muertos y
desaparecidos. Algo anda muy mal.
¿Cuántos informes sobre crímenes
de lesa humanidad en México se requieren para mover a gobierno(s), a la
mayoría de los medios o a la sociedad?
El informe puede ser consultado aquí: www.crisisgroup.org
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