By José Reyez
En
al menos 32 proyectos de energía se han registrado conflictos sociales,
incluidos 7 gasoductos, 8 hidroeléctricas, y un pozo petrolero ubicado
en Veracruz adjudicado en la Ronda Uno de Pemex, y que representan una
inversión de 10 mil 200 millones de dólares en riesgo por problemas
sociales, advirtió María de las Nieves García-Manzano, de GMI
Consulting, empresa consultora en impacto social y ambiental para el
sector de energía.
Estos proyectos,
dice, “están generando incertidumbre social y jurídica en el sector
energético, así como un posible impedimento a las inversiones”, ya que
pese a que la ley de hidrocarburos preve consultar y evaluar el impacto
social para garantizar el derecho de las comunidades a ser escuchadas
sobre los planes de afectaciones, en la práctica no se aplica la ley en
la materia.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, desde la
entrada en vigor de la Reforma Energética se han asignado 39 contratos
de exploración y extracción de hidrocarburos, 22 de gasoductos, y 74 de
electricidad limpia, es decir un total de 135 proyectos que representan
una inversión de 67 mil 604 millones de dólares, recordó García-Manzano.
Precisó
que tanto la Evaluación de Impacto Social para establecer las medidas
de mitigación, prevención o compensación necesarias en acuerdo con las
propias comunidades, como la Consulta Indígena que reconoce el derecho
de los pueblos indígenas a ser consultados por proyectos de desarrollo
que puedan poner en riesgo sus derechos fundamentales y sus usos y
costumbres, son instrumentos ampliamente aplicados en diversas partes
del mundo con excelentes resultados para prevenir conflictos sociales.
Sin
embargo, dijo que las empresas promoventes ven en muchos casos a la
Evaluación de Impacto Social como un mero trámite a presentar en la
Secretaría de Energía y no como un instrumento que les permita conocer
las necesidades de la población, interactuar con los actores de interés,
e identificar los conflictos sociales potenciales para anticiparse a
ellos.
Aunado a lo anterior, explicó que el hecho de que no exista
la regulación secundaria para poner en práctica estos instrumentos, ha
generado un caldo de cultivo para la expansión de intereses casos ajenos
tanto a los proyectos como a las comunidades, que ponen en riesgo la
ejecución de los proyectos para las empresas y la posibilidad de que los
beneficios sociales derivados de ellos puedan llegar a la población.
José Réyez
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