Pide medidas cautelares para ella y su familia
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México
proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de la
defensora de Derechos Humanos, Bettina Cruz y su núcleo familiar.
Las medidas cautelares fueron emitidas tras acreditarse la situación
de riesgo que vive Bettina por el trabajo que realiza en defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, informó la Clínica Internacional de
Derechos Humanos de la Universidad de Washington.
La defensora oaxaqueña Bettina Cruz, enfrentó casi 3 años de juicio
acusada de los delitos de “privación ilegal de la libertad” y “contra el
consumo y la riqueza nacional”, que en 2011 le imputó la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
El 1 de diciembre de 2014, el Juzgado Sexto de Distrito en Salina
Cruz, Oaxaca, determinó que Bettina Cruz era inocente de los delitos que
se le fincaron por participar en una protesta pacífica de diversas
comunidades indígenas en abril de 2011, contra las altas tarifas de luz y
el despojo de la tierra para la construcción de parques eólicos en la
región del Istmo.
Aunque la también cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas
del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio –quien
enfrentó el proceso en libertad– fue exonerada, aseguró que su vida y
la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio “estaban
en peligro”.
La Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno de
Oaxaca le otorgó medidas de protección desde el 14 de noviembre de 2011,
luego de ser atacada por la policía estatal por informar a las
comunidades indígenas sobre su derecho a la propiedad de la tierra.
A decir de la defensora, por ello el gobierno trata de frenar la
labor de las y los activistas que defienden la riqueza natural de los
pueblos indígenas, pues son quienes denuncian que en Oaxaca la CFE apoya
a las empresas eólicas para que entren a las comunidades a instalarse
sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
En ese estado hay por lo menos otros 50 casos de procesos penales
contra defensores, por lo que Bettina aseguró que aunque haya sido
exonerada aún está en riesgo, y a pesar de tener medidas de seguridad,
consideró que es “muy fácil que un empresario o un funcionario paguen”
para asesinarla.
De acuerdo con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la
Universidad de Washington, la defensora representa al pueblo zapoteco
que mantiene una lucha incansable contra la imposición del proyecto
Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca, proyecto que anteriormente pretendió
instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar por medio del consorcio
“Mareña Renovables”.
Los pueblos zapotecos han llevado con éxito ante la ONU y el Banco
Interamericano de Desarrollo los reclamos sobre la falta de respeto y
garantía de Derechos Humanos por parte del gobierno de México como por
las empresas involucradas.
Sobre el llamado de la CIDH, Alejandra Gonza, directora de la
Clínica, expresó en un comunicado que se trata de una advertencia y una
oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente “tomen en
serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus
obligaciones internacionales”.
Durante meses los estudiantes de la Clínica documentaron el peligro
constante en el que viven las comunidades y el incremento del riesgo por
activar los mecanismos legales nacionales e internacionales para
defender su territorio, enfrentándose al Estado mexicano y a las
empresas.
La decisión de la CIDH se suma a la resolución histórica de la
Suprema Corte de Justicia de México emitida hace unos días, de ejercer
su facultad de atracción para conocer este caso, expuso la abogada.
Los pueblos indígenas representados por Bettina Cruz, denunciaron
ante la Suprema Corte la falta de una consulta libre, previa e informada
en la construcción del proyecto Eólica del Sur, caso por el cual la
Corte podría fijar un importante precedente para la defensa de los
derechos de los indígenas frente a la implementación de mega proyectos.
El hostigamiento contra Bettina se da en un contexto donde la
Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos
Humanos de la ONU ha señalado la falta de atención a la situación de
riesgo de los defensores que se enfrentan a las empresas. En Oaxaca
existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en
México el estado de Oaxaca se ubica en el primer lugar de agresiones
contra defensoras al sumar 58 por ciento de los casos registrados a
nivel nacional.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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