Según el SNSP fueron ilegales y alcanzan de 2 a 4 años de cárcel
Instituto atendió a 20 violentadas en Nuevo Laredo en once días
De acuerdo con un informe del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Colima (PGJE) inició procesos penales contra cinco mujeres acusadas
de abortar, delito que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión en
esta entidad.
En su reporte de noviembre de 2017, el SNSP detalló que en Colima se
cometieron cinco abortos ilegales en los meses de febrero, marzo, abril y
agosto, de acuerdo con su monitoreo mensual de varios delitos, el cual en días recientes amplió el catálogo para el registro de víctimas de hechos del fuero común.
Las mujeres, de quienes no se dio a conocer su identidad, están
recluidas en el Centro de Reinserción Social de Colima, ubicado en la
capital del estado.
Según el artículo 138 del Código Penal local, la interrupción ilegal del embarazo es cometido por quien dé muerte
al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y la sanción para las mujeres que lo cometan es de dos a cuatro años de prisión y multa por el equivalente a entre 50 y 60 días de salario mínimo.
No obstante, el mismo código contempla cuatro causales por las cuales
no será castigado el aborto: cuando sea ocasionado culposamente por la
embarazada; es decir, que no lo halla hecho intencionalmente. Cuando se
practique dentro de los tres primeros meses de embarazo y éste sea
consecuencia de violación o de alguna técnica de reproducción asistida
indebida.
También, cuando de no provocarse el legrado con el
consentimiento de la mujer, ésta enfrente peligro de muerte o afectación
grave a su salud a juicio del médico que la asista, procurando éste la
opinión de otro especialista.
Además, cuando se practique con el consentimiento de la embarazada y a
juicio de dos médicos hay razón suficiente para suponer que el producto
presenta alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el
nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.
En ese contexto, el Instituto municipal de la mujer en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en 11 días atendió 20 casos de victimas de violencia
doméstica, situaciones que fueron denunciadas a través de redes sociales
a la institución, informó Pamela Viñals Bruni, titular de la
dependencia.
Viñals Bruni aseguró que todas las denuncias fueron atendidas y se
les orientó sobre sus derechos y la posibilidad de entablar una denuncia
formal contra sus abusadores; sin embargo, dijo, en todos los casos las
mujeres se negaron.
Atendimos los reportes y en este inicio de año, suman 20 casos de abuso contra las mujeres; incluso algunas personas nos solicitaron ayuda mediante redes sociales.
Destacó que aparte del apoyo legal y sicológico, pidieron a las mujeres violentadas que
como propósito de año nuevo se valoren, se procuren, mejoren su imagen física, y sobre todo, no permitan la violencia de ningún tipo.
Juan C. Flores y Carlos Figueroa
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 13 de enero de 2018, p. 22
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