En
México, la norma es que las terribles violaciones a los derechos
humanos queden en la impunidad, y por ello mismo se reproduzcan cada vez
con mayor violencia y peores repercusiones generando un número cada vez
más amplío de víctimas.
Y
es en este contexto en el cual 2018, año de elecciones de por sí
convulsas, marcará un muy grave retroceso en esta materia y de ello dan
cuenta ya dos graves sucesos, ocurridos en los primeros días de enero.
El
primero y sin duda el más terrible fue el ataque que sufrió la Policía
Comunitaria en Guerrero, la madrugada del 7; el segundo, la incursión
militar en las comunidades indígenas que habitan la Reserva Montes
Azules, en Chiapas, ocurrida 2 días después.
Ambos
hechos se insertan en el contexto de la crisis humanitaria que inició
en 2007, por decisiones tomadas desde la cúpula política y gubernamental
entonces encabezada por el panista Felipe Calderón.
Crisis
de la que son responsables hombres y mujeres que integran o han
integrado los tres poderes en sus tres niveles en estos más de 10 años,
pues ni el Poder Judicial ni el Legislativo han puesto fin a la política
pública de “seguridad”, que con la mal llamada guerra contra el
narcotráfico ha cobrado la vida de más de 400 mil civiles.
Recrudecimiento de la violencia
Lamentablemente,
en este año electoral el recrudecimiento de la violencia y
descomposición político-social podría tener dos o hasta tres clímax. Uno
de ellos, sin duda, previo a las elecciones de julio; y otro hacia
noviembre-diciembre, por el cambio de gobierno y el cierre de año, como
ya ha sido de por sí la tendencia anual.
Y
es en este mismo contexto en el cual resulta previsible que los
derechos políticos no sean los únicos que se vulneren de forma
sistemática, sino que se afecten todos los demás, incluidos los DESC
(económicos, sociales y culturales).
Más
aún, si tenemos en cuenta que a los políticos lo que menos les importa
es el pueblo que sufre y paga con muertos, desaparecidos, desplazados,
violadas y ultrajados lo que ellos llaman estrategias de seguridad
nacional y seguridad pública, no podemos esperar nada más que tragedias.
Y tan no les importa la gente a la que le van a pedir el voto –sea por las buenas o por las malas–,
que por eso los “representantes del pueblo” aprobaron a fines de 2017
la Ley de Seguridad Interior. Una legislación que, como ninguna otra,
fue cuestionada y rechazada por mexicanos e instituciones y
organizaciones internacionales.
Pero
volvamos a los dos sucesos que vuelven a marcar esta ruta interminable
de violaciones a los derechos humanos, pues estos nos demuestran que aún
no vemos lo peor de esta violencia criminal e institucional.
Policía Comunitaria
El
ataque a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria (CRAC-PC), fue la madrugada del 7 de enero cuando cinco
policías comunitarios fueron ejecutados extrajudicialmente y más de 30,
“detenidos” e incomunicados.
De
acuerdo con la relatoría hecha por el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, primero fue una emboscada que ocurrió cuando los
policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La
Concepción, como parte de los rondines de seguridad para resguardar una
fiesta del pueblo. Ahí fueron asesinados dos policías comunitarios.
Luego,
con más de 100 elementos de fuerzas de seguridad –acompañados por
miembros del Ejército Mexicano–, el gobierno de Guerrero montó un
operativo supuestamente para realizar el levantamiento de los cuerpos
–incluidos los de seis agresores– e iniciar las primeras diligencias.
Sin
embargo, dicho operativo se desplegó en las comunidades y derivó en el
ilegal cateo de las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).
Según
Tlachinollan, un tercer momento se vivió mientras un helicóptero
sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía estatal accionó su arma,
lo que desencadenó un tiroteo en el que fueron ejecutados otros tres
policías comunitarios.
“En ese
instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de
detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz,
dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios.”
Las
violaciones a los derechos humanos no pararon ahí: las autoridades
estatales se negaron a informar la situación jurídica de Suástegui
Muñoz, mientras que la Fiscalía estatal condujo las investigaciones y
diligencias en total opacidad, al mantener a los detenidos incomunicados
y sin garantizarles un debido proceso.
Tlachinollan
enlistó los derechos que fueron violados en tan poco tiempo por parte
de las autoridades: a la vida, a la seguridad personal e integridad
física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un
juicio justo y los principios del debido proceso.
Y
es que además de las ejecuciones extrajudiciales, las 30 detenciones
fueron arbitrarias. Y en los hechos se dio un “uso letal de la fuerza
como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han
realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las
diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros
del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una
defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con
ellos”.
Montes Azules
En
el segundo caso, elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en la
Reserva de la Biósfera de Montes Azules, ubicada en Chiapas, el pasado
martes 9 de enero, denuncian las organizaciones Movimiento Reddeldía de
los Montes Azules Otros Mundos y Amigos de la Tierra México.
En
un primer momento, dos aeronaves militares sobrevolaron, entre las
13:00 y las 16:00 horas, en la llamada zona Amador Hernández (conformada
por los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, Nuevo Chapultepec, El
Guanal, Plan de Guadalupe y Candelaria, en el municipio de Ocosingo).
Posteriormente,
señalan las organizaciones, llegó un helicóptero militar que en un
primer intento aterrizó cerca de una casa en el Ejido Amador Hernández,
desprendiendo su techo, y después lo hizo a un costado de la pista de
aterrizaje que usan en el ejido para transportarse en casos de
emergencia.
De esa unidad bajaron
nueve elementos del Ejército. La autoridad de la comunidad les preguntó
el motivo por el cual estaban ahí, y ellos respondieron que buscaban una
avioneta que se había caído en la zona. La autoridad local les explicó
que no podían estar ahí, pues existe un acuerdo comunitario que prohíbe
la entrada del Ejército.
Al lugar
acudieron alrededor de 300 personas de la comunidad, incluidas mujeres,
que acompañaron pacíficamente a los militares hacia la carretera, con el
fin de que regresaran al 38 Batallón de Infantería, ubicado en el
poblado de San Quintín, en Ocosingo.
Sin
embargo, las organizaciones denuncian que el piloto del helicóptero
regresó a ese batallón en busca de refuerzos. La aeronave aterrizó en la
entrada del ejido y bajaron otros nueve militares.
A
pesar del miedo y la preocupación ante un nuevo intento del Ejército de
invadir su territorio, los pobladores pidieron a los 18 soldados que se
retiraran.
Para las organizaciones,
la explicación que dieron los militares no justifica un despliegue tan
importante de la milicia. “Sabemos que no es posible que elementos del
Ejército no sepan dónde se encuentran geográficamente cuando sobrevuelan
una zona. Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de
control de nuestras comunidades en el marco de la instrumentación de la
Gendarmería Ambiental anunciada en 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de
la Policía Federal encargado oficialmente de ‘garantizar y salvaguardar
las áreas naturales protegidas’ y oficiosamente de controlar y reprimir a
la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas”.
Las
organizaciones y los pobladores no tienen duda: “Sabemos que somos una
molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo
de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los
Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones
causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y
todos los proyectos extractivos de biodiversidad”.
Por
ello, condenan a través de un comunicado la agresión y exigen al
gobierno mexicano que se respeten sus usos y costumbres. “Sabemos
organizarnos de manera autónoma y cuidar la selva. No es cierto que
somos destructores y no queremos ser víctimas de la política
conservacionista del gobierno, que sólo sirve de herramienta para
reprimir y desplazar a los pueblos campesinos, como fue el caso en la
comunidad Laguna Larga del Petén en Guatemala, donde los hermanos y
hermanas Guatemaltecos fueron obligados a abandonar sus casas por la
Comisión de Áreas Naturales huyendo de los militares”.
Así inició el año y antes esta violencia institucional, sólo queda organizarse para resistir y cambiar.
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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