Durante los 20 meses previos al anuncio, el proyecto se negoció en el más absoluto sigilo. Ni en el Plan Nacional de Infraestructura del sexenio ni en los anuncios de inversiones multimillonarias para la construcción de carreteras o trenes de pasajeros se incluyó la posibilidad de una nueva terminal área.
El sigilo es la esencia de la opacidad de este faraónico proyecto. No es para menos. Desde el sexenio de Vicente Fox, el grupo Atlacomulco, comandado entonces por Arturo Montiel, invirtió millones de pesos para publicitar el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. El gobierno de Fox expropió 5 mil 400 hectáreas a 4 mil familias.
Los comuneros de San Salvador Atenco crearon el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para expresar su oposición al proyecto. Fueron reprimidos y estigmatizados mediáticamente con brutalidad. “Los macheteros” de Atenco, les dijeron los mismos comentaristas que hoy defienden la inamovilidad del proyecto.
El sigilo y la opacidad tienen como contracara la represión. El proyecto de poder de Peña Nieto está estrechamente ligado a un acto de brutalidad policiaca y gubernamental cometido en mayo de 2006, cuando fueron reprimidos de manera violenta los comuneros de San Salvador Atenco. El saldo fue de dos jóvenes muertos, más de 30 mujeres abusadas sexualmente, cuyo caso llegó a los tribunales internacionales, y 200 detenidos. Ahí quedó sellado el estilo personal de reprimir de Peña Nieto y la importancia del NAICM.
Durante el sexenio de Felipe Calderón se “congeló” el proyecto de su antecesor, pero el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, se convirtió en uno de los más firmes opositores al nuevo aeropuerto en el exlago de Texcoco, porque será más costoso y de alto riesgo en materia de seguridad hídrica.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) dijo que un nuevo aeropuerto en esta zona afectará al colindante lago Nabor Carrillo, ejemplo de restauración ecológica y hogar de más de 120 mil aves migratorias, incluido el pato canadiense, en peligro de extinción.
Todas estas críticas y cuestionamientos quedaron sepultados cuando Peña Nieto anunció que se eligió el proyecto de diseño del célebre arquitecto británico Norman Foster, junto con el arquitecto mexicano Fernando Romero. El aeropuerto en Texcoco iba y con todo: seis pistas construidas en 4 mil 430 hectáreas, con 94 puertas de contacto, que transportará a “cerca de 120 millones de pasajeros al año”, que será “uno de los 3 más grandes del mundo” y se convertirá en “referencia global de sustentabilidad”.
Su costo mínimo era de 169 mil millones de pesos, de los cuales 120 mil millones se destinarían a la construcción de la infraestructura aeroportuaria (terminal, torre de control, pistas e instalaciones auxiliares), 20 mil 500 millones de pesos al diseñador, a la ingeniería y a la gestión de proyectos, y 16 mil 400 millones a las obras hidráulicas. De aquel monto original, 98 mil millones de pesos serán aportados por recursos fiscales multianuales y 71 mil millones de pesos por el sector privado, a través de créditos bancarios y emisiones de bonos como las famosas Fibras E (Fideicomiso de inversión en infraestructura o energía).
Hoy sabemos que 45% de los 30 mil millones de pesos que se captaron a través de las Fibras E para el nuevo aeropuerto provienen de las Afores de los trabajadores, 54% de los fondos de inversión y sólo 1% de fondos internacionales, según la información del propio Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
La danza de las cifras y de los contratos comenzó entre 2015 y 2017, convirtiendo a la obra estelar del sexenio peñista en un modelo para armar de opacidad y de corrupción.
Las seis pistas
El escándalo generado por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por su disposición de revisar los contratos del NAICM y de replantear este proyecto, junto con un comité técnico de 15 especialistas, tiene como precedente las siguientes “pistas” del aeropuerto:
1. Desde septiembre de 2017, la organización México Evalúa cuestionó que el proyecto del NAICM hubiera ascendido de 169 mil a 180 mil millones de pesos (y ahora se habla de un costo de 210 mil millones de pesos) sin que existan los elementos presupuestales y evaluaciones claras para sustentar este sobrecosto.
2. El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, presidente de la Comisión de Seguimiento del proyecto del aeropuerto, denunció el sobrecosto de 50 mil millones de pesos y puso como ejemplo de la opacidad y la presunta corrupción en el proyecto que el 70% de los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin licitación.
3. Un claro ejemplo de este sobrecosto lo difundió el 26 de marzo el portal digital Aristegui Noticias. La investigación de este sitio informativo logró documentar que existe un sobrecosto de la barda perimetral y que ésta se levantó sin tener un proyecto ejecutivo (como en el Paso Exprés de Cuernavaca). La barda, construida por la Sedena y empresas fantasmas involucradas, tuvo un costo 89% mayor (como en los casos de la Estafa Maestra).
4. Otro ejemplo claro fue la denuncia interpuesta por la compañía portuguesa Mota Engil, encabezada por el portugués Antonio Mota, que se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública en contra de las licitaciones que suman 160 mil millones de pesos. Su denuncia obligó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a publicar por primera y única vez la segunda licitación del techo de la terminal por 3 mil 876 millones de pesos.
La compañía portuguesa tiene un largo historial de rezago en sus contratos, pero su litigio ayudó a abrir las compuertas de irregularidades que no se conocían. Incluso, varias de las compañías involucradas en el NAICM consideran que la techumbre de la nueva terminal es uno de los casos más delicados.
5. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 1 mil millones de pesos en su revisión de la cuenta pública de 2016. La ASF realizó seis auditorías al GACM, la empresa de participación estatal responsable de la administración del proyecto, y encontró que se han cometido irregularidades en pagos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social (¿cuánto chayote se ha cultivado en estos meses de infomerciales en noticieros y comentaristas a favor del inamovible NAICM?), servicios que no se comprobaron con documentación y pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.
6. La nuez de la opacidad y la corrupción es la conformación del propio GACM. El presidente del Consejo de Administración de esta “empresa estatal” es el propio titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el “esteta de la corrupción” de este sexenio, como lo calificó Pablo Díez Gargari, el abogado de Infraiber. Ruiz Esparza es el “responsable del financiamiento y la construcción de la nueva terminal área de la Ciudad de México”. Ahí está la principal pista que puede descarrilar todo el proyecto faraónico del Grupo Atlacomulco.