México, el
gobierno es sin duda el actor más especializado en espionaje, sobre todo
en el de carácter político. Tan sólo en este sexenio se han documentado
casos graves de intromisión, como el practicado sistemáticamente contra
periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas.
Además están los casos de políticos,
cuyas conversaciones privadas acaban filtrándose a la prensa para
dañarles en su imagen o aspiraciones o ambas; e incluso de artistas y
actores con alta exposición pública que son críticos al gobierno, a
quienes se les desprestigia mediáticamente para “contener” su
participación en la vida pública.
Aunque el espionaje sea algo cotidiano
y, cuando se revela, su censura vaya cayendo en el olvido con el paso de
los días, los mexicanos debemos tener claridad de que es un grave abuso
de poder y una violación a los derechos humanos intolerable.
Y es que transgrede la vida privada no
sólo de la víctima directa, sino de todos aquellos que participan en su
entorno: familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, colegas,
etcétera.
La gravedad de este tipo de espionaje es
que implica la intervención de las comunicaciones (incluidas las
conversaciones cara a cara y toda la mensajería digital); así como el
seguimiento sistemático del “objetivo”, con un registro pormenorizado de
su cotidianidad, su trabajo y sus rutinas, y que incluye evidencia
fotográfica de ello.
Los niveles de invasión a la privacidad
dependen de quién espía y con qué objetivo: no es lo mismo el trabajo de
un agente civil que de un militar. Ello no sólo por el tipo de
capacitación que cada uno tiene, sino también por el tipo de tecnología
que posee para estos fines.
Para nadie es un secreto que en manos
del Ejército y la Marina están las tecnologías más avanzadas e
intrusivas de espionaje (la Plataforma Pegasus es sólo un ejemplo), a
pesar de que hasta antes de diciembre de 2017 no tenían facultades para
realizar labores de vigilancia.
Pero las cosas han cambiado con la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que ahora permite
abiertamente a la milicia realizar estas actividades violatorias de los
derechos humanos a la vida; a la privacidad; a las libertades de
reunión, tránsito y expresión; a la protección de los datos personales; a
la inviolabilidad de las comunicaciones, etcétera.
En los peores casos, el espionaje
político sirve para eliminar al “objetivo” (recuérdense las muertes
supuestamente “accidentales” de actores políticos –como Manuel
Clouthier– en momentos críticos).
Por eso, el espionaje político daña
severamente las bases democráticas –aún incipientes– del país. De hecho,
es una característica de los regímenes dictatoriales, por la enorme
cadena de violaciones que implica así como los objetivos para los que se
emplea.
Espionaje a indígenas
Desde la llamada Guerra Sucia, el
espionaje político tiene un especial uso para desactivar las
movilizaciones sociales y hacer frente al descontento de las mayorías,
atacando a los actores más visibles y, con ello, generando “lecciones”
disuasivas para el resto.
No por nada los movimientos sociales
figuran en la lista de las 10 principales “amenazas” a la seguridad
nacional, según el actual gobierno de Enrique Peña; tal como lo
establece la Agenda Nacional de Riesgos, documento altamente confidencial elaborado por los aparatos de seguridad.
Por ello, el seguimiento a éstos es
permanente. Y ahora con la Ley de Seguridad Interior, no podemos esperar
otra cosa que no sea un uso mucho más agresivo del espionaje con fines
políticos y de grupo.
Ejemplo de ello es la denuncia hecha a
fines de marzo por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas (Frayba), respecto de la vigilancia del Ejército a comunidades
organizadas de Chiapas.
Específicamente el Frayba señala actos
de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional contra
120 comunidades y ejidos tseltales, choles, tsostiles, zoques y
mestizos, que conforman la Organización Pueblos Autónomos en Defensa de
los Usos y Costumbres.
Durante una de sus movilizaciones, esos
pueblos detectaron la presencia de al menos un militar que, vestido de
civil, se infiltró para tomar registro directo de sus actividades.
El Frayba no sólo documentó esta
vigilancia, sino también diversos hostigamientos, intimidaciones,
amenazas y criminalización contra los indígenas, lo que a su juicio pone
en riesgo sus vidas y su libertad.
Según sus informaciones, con el pretexto
de aplicar la Ley de Seguridad Interior y “combatir a la delincuencia”,
comunidades que viven sobre la carretera fronteriza Sur –en los
municipios chiapanecos de Palenque, Ocosingo, Chilón y La Libertad– han
sido violentados en su derecho a la seguridad e integridad personal por
elementos del 18 Batallón de Infantería, del Ejército Mexicano, con sede
en Tenosique, Tabasco.
Y aunque desde el levantamiento
zapatista los indígenas han sido permanentemente asediados, no debe
dejarnos de sorprender e indignar la facilidad con la cual las
autoridades civiles y militares cometen este tipo de violaciones, ahora
amparadas en la Ley de Seguridad Interior.
Para el Frayba, “los pueblos originarios
en la zona Norte fronteriza de Chiapas viven en constante tensión, no
sólo porque no pueden transportarse libremente sino porque tienen temor
de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Es
alarmante el incremento de los posicionamientos militares en los
municipios de Palenque, Ocosingo y en las regiones fronterizas del
estado, lo cual está ocasionando impactos sicológicos hacia las
comunidades mayoritariamente indígenas”.
Para el Frayba, “la Ley de Seguridad
Interior asegura la continuidad y profundización de la violencia, la
agudización de la crisis de derechos humanos, así como de la impunidad,
aumentando las violaciones a derechos humanos cometidas por militares”.
Y resume perfectamente lo que ya nos
empieza a ocurrir por este nuevo marco legal: “Estamos viendo emerger
–bajo la absurda legalidad– un Estado mexicano criminal bajo la mano dura de la dictadura militar, contraviniendo de principio todos los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Y éste es, apenas, el principio de la aplicación del espionaje político legal del aparato militar.
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]En
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