TIEMPO DE MUJERES

Atenco: legalidad y justicia, ¿agua y aceite?

Magdalena Gómez

Ysigue la Suprema Corte dando de que mal hablar, su resultado de la investigación sobre la guardería ABC sólo dejó satisfechos a quienes de suyo tienen responsabilidad por sus acciones u omisiones en el ejercicio de un cargo público. Ni siquiera la renuncia ha estado dentro de sus opciones. ¿Tendrán conciencia las ministras y los ministros de que la sociedad los observa como en una vitrina desde donde debaten y se retratan con cada argumento que expresan? Ciertamente, la sociedad no conoce de tecnicismos jurídicos pero sí tiene sentido de justicia y sabe que si murieron niñas y niños en una guardería debido a un incendio, ahí existen responsabilidades que deben ser castigadas. Pero la Corte no está para eso, prefiere respetar su interpretación literal del artículo 97 constitucional y señalar incluso que eso de investigar violaciones graves de derechos humanos es muy conflictivo que mejor le supriman esa responsabilidad. No entra en su estrecho horizonte solicitar al Congreso que le amplíe las facultades. En el fondo está la convicción de que las violaciones de derechos humanos las cometen desde los poderes del Estado y eso de castigar a gobernadores o a secretarios de Estado no le resulta sencillo, por decir lo menos.

Pero aún tiene la Corte otros desafíos, ya hablamos del que se relaciona con el Sindicato Mexicano de Electricistas (La Jornada, 8/6/10) y ahora también está próxima su decisión sobre el caso Atenco, del cual ya conocen muy bien, pues también investigaron, dieron cuenta de violaciones a derechos humanos y no fincaron responsabilidades. Pues ahora tienen en sus manos la posibilidad de ordenar la liberación de las víctimas, los 12 líderes sociales que purgan condenas de por vida, de 67 y hasta 112 años de prisión. A ellos sí les fabricaron delitos, les violaron el debido proceso y esperamos que ésta vez sí logre la Corte juntar la legalidad con la justicia sobre la cual se dice en ciertos medios que son extremos que no se pueden reunir. Uno de los delitos que les ha sido atribuido a los luchadores sociales, hoy presos políticos, es el de secuestro equiparado. Es deseable que consideren la argumentación que hizo el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, que concedió el amparo a Bernardino Cruz y a Adán Espinoza al analizar cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de secuestro equiparado, llegando a la conclusión de que para que ese delito se configure es necesario que se materialice el elemento subjetivo específico o rector [que se traduce en un plan deliberado y previo con un fin específico y concreto que exige el tipo penal]. Situación que entre otras, no quedó demostrada durante la secuela procesal. Es el caso que por los mismos hechos, los mismos días a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo les atribuyen la comisión del delito de secuestro equiparado. Obviamente se espera que la Corte considere el razonamiento justo del juez referido y aplique el mismo sentido además de valorar las múltiples violaciones al debido proceso que podrán encontrar en el expediente.

Como han señalado desde el comité por la liberación y la defensa de los presos políticos de Atenco, no deja de llamar la atención la existencia de este delito, que si bien tiene ciertos elementos comunes con el secuestro, no puede de ninguna forma compararse con la conducta que se despliega en los casos de secuestro que tan repetidamente vemos en los medios, la diferencia sustancial radica en que la conducta desplegada por los individuos en un caso se da con la intención de presionar a una autoridad, mientras que en el secuestro la conducta se despliega con el ánimo de cobrar un rescate normalmente a la familia del secuestrado.

Este delito nos recuerda al de disolución social, tan en boga en 1968. Si la Corte ya conoció en detalle el contexto y las situaciones en que se presentaron los hechos políticos de 2006 bien puede inferir que aplicar justicia es liberar a estos presos algunos en el penal de máxima seguridad El Altiplano, como Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, lo cual sólo da evidencia de arbitrariedad.

No toca a la Corte resolver, ya lo definió antes, sobre responsabilidades políticas, pero sí habrán de hacerlo otras instancias. Lo que la Corte Interamericana definió como desviación de poder en el caso del general Gallardo se configura ahora en el caso Atenco y si no se detiene desde el Poder Judicial se confirmará como la regla de actuación para perseguir a luchadores sociales. Porque no olvidamos que han pagado con cárcel el triunfo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra al lograr que no se construyera un aeropuerto. Si la Corte atrajo el caso supongo que será para revisar la justicia en un escenario que ya no implica que señalen a los culpables, sino que liberen a los inocentes.

Alberto Aziz Nassif

¡Aquí se imparte justicia!

En memoria de Carlos Monsiváis

Tal como se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en votaciones divididas, que las facultades del artículo 97 de la Constitución son limitadas y sólo los autorizan para llegar a señalar que hubo violaciones graves, pero que no hay responsables, simplemente hay involucrados. Después de un dictamen que fincó responsabilidad en tres niveles de gobierno, que estableció faltas específicas y concretas, una mayoría de ministros estableció que no existe un desorden generalizado en el sistema de guarderías, a pesar de que los números de una investigación exhaustiva digan lo contrario, sólo el 0.3% cumplía con todos los requisitos.

Se destiñe la justicia, sólo nos quedamos con funcionarios involucrados en graves violaciones de derechos humanos, pero sin ningún tipo de responsabilidad. A pesar de que el dictamen estableció responsabilidades específicas que apuntaron hacia los mandos superiores, tampoco logró la mayoría; sólo hubo personas involucradas, pero de niveles medios y bajos. El grupo de padres de familia que ha formado el movimiento 5 de Junio tiene un año en la búsqueda de justicia, pero no ha logrado prácticamente nada. Nadie es responsable de la muerte de sus hijos, ni de las gravísimas quemaduras de los que sobrevivieron, nadie ha pisado la cárcel.

Las instancias de procuración e impartición de justicia no hacen su trabajo y lo único que queda es que el máximo tribunal se haga cargo, pero sus facultades son extremadamente limitadas, y además hay una mayoría de sus integrantes que no quiere cambiar las cosas y entrar al fondo de lo que implican estos procesos de investigación. Por eso tenemos un resultado extraño, paradójico: dictámenes que afirman que sí se violó el derecho a la vida, pero nadie resulta responsable, sólo hay involucrados y, como con el caso de Atenco, se señala sólo a los niveles medios y bajos de la toma de decisiones. En otros casos el problema ha sido calificar si la violación fue grave o se quedó en una simple violación con minúsculas, como sucedió con el expediente de Lydia Cacho.

El mundo de la justicia en México resulta complicado, es una maraña plagada de intereses, influencias y visiones dominantes sumamente conservadoras. Los padres de familia sólo tienen un puñado de involucrados de niveles medios y nadie es responsable, eso es todo lo que han logrado después de un año. La facultad de investigación del artículo 97 es un extraño animal, único, raro y propiciador de tensiones jurídicas. Algunas voces han señalado que sería mejor desaparecerlo y, como lo votó el Senado hace unos meses, trasladar la facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Otras opiniones indican que no es conveniente mover esta facultad porque las decisiones y dictámenes de la SCJN tienen un peso relevante y una gran importancia porque se trata de la cabeza del Poder Judicial. Así que a pesar de que el resultado de esta facultad no sea vinculatorio, el procesamiento de los casos puede representar un equilibrio ante el deficiente sistema de justicia que existe en México. Por lo menos queda la condena social y la crítica de la opinión pública.

Si comparamos lo que sucedió con la Guardería ABC y el caso de los dos niños, Martín y Bryan Almanza, de cinco y nueve años, asesinados en un retén militar en Tamaulipas, se puede observar el impacto que han tenido dos instituciones. En el segundo caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer una investigación que contradice la versión oficial del gobierno y establece responsabilidad directa a personal del Tercer Regimiento Blindado de la Secretaría de la Defensa Nacional. La CNDH emite recomendaciones cuando hay violación de derechos humanos. Este mecanismo tampoco es vinculatorio, se trabaja sobre un marco de responsabilidad moral y ética, y la fuerza de la recomendación depende de la fuerza moral que tenga socialmente el defensor de los derechos y, por supuesto, de la sensibilidad de la parte gubernamental para seguir la recomendación. Vamos a ver si Felipe Calderón modifica su versión y pide una disculpa porque dijo que le demostraran un solo caso. Por lo pronto, el gobierno ya empezó a descalificar la recomendación de la CNDH.

En suma, dicen que en México se imparte justicia, pero nos quedamos con dos instituciones, dos procedimientos, mucho discurso legal, pero muy poca justicia. Los dos casos nos muestran, de forma simultánea, las limitadas capacidades y el severo déficit de justicia que padecen las instituciones del Estado mexicano. Sin duda, el debate sobre la justicia necesita respuestas urgentes, que no se ven por ningún lado…

Investigador del CIESAS

Martín y Bryan: respuesta necesaria

Editorial La Jornada.

El pasado 3 de abril, en la carretera que va de Reynosa a Nuevo Laredo, a la altura de Ciudad Mier, en Tamaulipas, efectivos del Ejército atacaron con armas largas y granadas el vehículo en el que viajaban los integrantes de la familia Almanza Salazar. En la acción murieron los niños Bryan y Martín y resultaron heridos sus padres, Martín Almanza Rodríguez y Cinthia Salazar Castillo, y un adulto más.

Desde los momentos posteriores al ataque, los sobrevivientes dieron a conocer su versión de los hechos, la cual despertó indignación social y fortaleció las críticas al uso de las fuerzas armadas en la lucha oficial contra la delincuencia organizada y, en general, a la estrategia gubernamental de seguridad.

Casi un mes después, el 30 de abril, el titular de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), José Luis Chávez García, respaldado por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, atribuyó las muertes de los menores y las lesiones sufridas por sus padres a un fuego cruzado entre uniformados y sicarios, y aseguró que habían sido estos últimos los que lanzaron contra el vehículo atacado la granada cuyas esquirlas mataron a los niños. Sin embargo, Almanza Rodríguez y Salazar Castillo, así como Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, negaron que hubiese ocurrido un enfrentamiento.

Posteriormente, el 16 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio la razón a las víctimas y determinó que el vehículo familiar había sido sometido a fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército, que la versión de la PGJM no tiene sustento ni apego a las evidencias y que la autoridad militar había realizado un indebido levantamiento de indicios y de preservación de evidencias.

En lugar de acatar las recomendaciones de la CNDH, de admitir el gravísimo atropello de que fue víctima la familia Almanza Salazar y corregir su estrategia de combate al crimen organizado –contexto inocultable del crimen de Ciudad Mier–, el gobierno federal ha buscado minimizar y descalificar el informe del ombdusman: Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, pretendió relativizar la gravedad de las conclusiones de la CNDH con el argumento de que éstas sólo habían recogido una versión de los hechos, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dio dos semanas para responder al señalamiento. Ayer, ante un silencio oficial complementado por filtraciones orientadas a desvirtuar las conclusiones del ombudsman, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, precisó que la investigación de esa institución tomó en cuenta, además de los testimonios de los sobrevivientes del ataque y de otros familiares, los de cuatro testigos que pasaron por el sitio del ataque, los de los médicos y enfermeras que atendieron a los heridos y los de los peritos que acudieron al lugar de los hechos.

La pretensión de ignorar o descalificar las conclusiones del ombdusman y de demorar una respuesta a ellas es insostenible y abona la sospecha de que se pretende fabricar un escenario compatible con la versión de la PGJM o reciclar el que se presentó el 30 de abril. Ello, a su vez, fortalece la impresión de que el gobierno federal busca sustraer a los responsables de la muerte de Martín y Bryan de la acción de la justicia. Para el gobierno resulta impostergable la disyuntiva de presentar pruebas contundentes y puntuales de sus dichos o reconocer que el 3 de abril se cometió una gravísima violación a los derechos humanos y que desde entonces se ha venido tratando de encubrirla, y llevar a los culpables de ambas acciones ante las instancias de justicia correspondientes.

En una perspectiva más amplia, es ineludible la necesidad de avanzar en la supresión del fuero militar para delitos cometidos contra civiles. Tal reforma es requerida no sólo para prevenir la comisión de neuvos atropellos, sino también para restaurar y preservar el prestigio y la credibilidad de las propias fuerzas armadas.

.