s del PRI en este verano de 2010 no sólo lo confirma, sino que es el hilo de la madeja que permite desentrañar el proyecto.1. El espionaje político y las filtraciones a los medios de grabaciones de los gobernadores priístas de Veracruz, Oaxaca y Puebla que se han conocido en los últimos días han buscado no sólo revertir las posibles tendencias de las votaciones en esos estados, desfavorables al PAN y/o a las coaliciones PAN-PRD, sino también y sobre todo crear las condiciones para que el gobierno pueda acusar a los gobernadores de posibles ilícitos a fin de crear las condiciones para anular dichos procesos electorales, pero lo que han logrado ha sido lo contrario: evidenciar la naturaleza corrupta y las acciones ilegales del gobierno de facto de Felipe Calderón.
2. Tras la difusión de las grabaciones de Fidel Herrera, el gobernador veracruzano, en El Noticiero de Canal 2 el lunes 14, enviadas por el presidente de Acción Nacional, César Nava, en las que aquél ofrece apoyo financiero y logístico oficial a diversos candidatos priístas, y las ulteriores de Mario Marín, gobernador poblano sobre asuntos personales y de Ulises Ruiz de Oaxaca sobre temas poco relevantes, se ha desatado una tormenta que atañe no sólo a la llamada clase políti
ca
sino al pueblo mexicano, por las implicaciones que entraña.
3. La respuesta del PRI y de otros sectores agraviados ha buscado poner de relieve las acciones ilegales del gobierno federal con este acto pero también la hipocresía de Felipe Calderón y de los panistas que pretenden acusar a los demás de lo que ellos están haciendo también ilegalmente y de manera descomunal: la utilización de los recursos públicos para imponerse en las elecciones. Todo lo cual está conduciendo a algo mucho más grave: cuestionar el papel de los medios en los procesos electorales, acusados de uno y otro lado de servir a intereses facciosos.
4. El asunto de las escuchas ha terminado por agravar las tensiones internas de la mafia en el poder a niveles no imaginados, en particular las existentes entre el gobierno y el consorcio Televisa, generadas por el asunto de diversas concesiones, y el miércoles 23, durante la emisión de Tercer Grado
en el Canal 2, el propio Felipe Calderón fue responsabilizado abiertamente por los locutores de tratar de manipular en vistas al 2012 los procesos electorales locales de 2010 en los que se disputan gubernaturas claves, utilizando prácticas ilegales como las que, se subrayó, le permitieron hacerse de la silla presidencial en 2006, por lo que se dijo lo menos que puede hacer es pedir la destitución de Nava como presidente del PAN a fin de que pueda ser procesado por los delitos cometidos. Calderón, se insistió, se comporta como los priístas en el pasado haciendo grabaciones ilegales y utilizando recursos públicos para intereses partidistas, sustentando sus políticas en las prácticas del clientelismo, el paternalismo y el corporativismo que pretende combatir, y el PAN a su vez actúa peor que el PRI al no haber sustentado sus gobiernos en los principios éticos que pretendía tener, de tal suerte que ni Calderón ni el PAN han sido demócratas
, como alguna vez lo pretendieron, pues ambos se la han pasado torciendo y violando la ley.
5. La todopoderosa neopanista Patricia Flores Elizondo (jefa de la Oficina de la Presidencia), sobrina del Negro Elizondo y miembro de El Yunque, fue además señalada como la posible responsable de las escuchas y de la campaña contra el PRI, demandándose una investigación sobre su papel. La que los panistas llaman La Jefa por el enorme poder que tiene ha sido mencionada durante meses por diversos medios de haberse erigido como el verdadero poder tras el trono
, convirtiéndose en pieza fundamental en la entrega de los recursos estratégicos del país a las trasnacionales hispanas, y a pesar de los múltiples escándalos de corrupción y de espionaje a través del Cisen en que se ha visto involucrada, de tomar decisiones políticas por encima de todos los miembros del gabinete, entre otras las que condujeron a los acuerdos electorales para 2010.
6. Las alianzas de 2010 entre el PAN y el PRD en diversas elecciones locales han constituido la piedra angular de las políticas de la extrema derecha mexicana para hacerse del poder en 2012, al apoderarse de diversas entidades, y sobre todo al buscar cancelar una posible alternativa electoral de izquierda creando un clima de engaño y confusión, pero es evidente que van a fracasar porque no se puede engañar al pueblo de México de manera tan burda. Los votantes saben que los candidatos de la Alianza
son en realidad los candidatos de Calderón
y de la extrema derecha mexicana y que con el señuelo de que van a terminar con el régimen priísta en diversos estados lo único que buscan es establecer gobiernos mucho peores que los del PRI y sustentados en las mismas prácticas, como acontece a nivel nacional.
7. El gobierno de Felipe Calderón ha tenido otro enorme fracaso con el descomunal operativo de propaganda que organizó para montarse sobre la participación de México en el Mundial de Sudáfrica 2010. El que resultó ser el combinado Calderón-Aguirre, y al que se le soltaron sumas multimillonarias, ha hecho el papelón en Johannesburgo, y lejos de transmitir a los mexicanos el mensaje de que sí se puede
(con el proyecto de la ultraderecha), no ha contribuido más que a confirmar que el país es un desastre en todos los órdenes.
8. El operativo de Estado no logró en consecuencia ocultar la crisis social de la que dan cuenta la huelga de hambre de los electricistas, la represión a los mineros de Pasta de Conchos, Taxco y Cananea o los atentados sin precedentes contra los derechos individuales y la inexistencia de un estado de derecho como se evidencia con la petición ante la embajada venezolana de asilo político de la joven América del Valle, como tampoco distraer de la gravedad de la otra crisis: la crisis política de la burocracia gobernante, por la pretensión de la ultraderecha de imponerse a como dé lugar en las elecciones federales de 2012.
9. El asunto de las escuchas ha puesto de manifiesto no nada más que el grupito de Los Pinos está desesperado ante la evidencia de que va a perder el control del gobierno en este año, sino que para evitarlo reivindica para la ultraderecha mexicana la prerrogativa del monopolio en el control del aparato del Estado. El diferendo actual entre el titular de facto del Ejecutivo y el PRI es de enorme gravedad pues afecta derechos fundamentales del pueblo, ya que supone entre otras cosas que las gubernaturas estatales claves han de estar subordinadas al Ejecutivo de facto, y que el control totalitario de los medios es un derecho no escrito del gobierno federal.
10. Las diferencias crecientes dentro de la mafia político-empresarial ponen en evidencia la descomposición de una clase política
que no tiene otro proyecto que el de seguir entregando los recursos nacionales al extranjero y cancelando los derechos de los mexicanos para favorecer las actividades de las corporaciones extranjeras, pero no pueden ocultar que el país se halla en el riesgo de una mayor derechización, y que en consecuencia hay un pueblo que sigue resistiendo.
La eliminación del impuesto por tenencia de vehículos es una antigua y razonable demanda social. Durante la campaña electoral de 2006, el entonces candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa enarbol
ó la eliminación de ese cobro como una promesa de gobierno, pero cuando llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo advirtió que la tenencia no se eliminaría sino hasta que él dejara el cargo. En otros términos, endosó a su sucesor la realización de la propuesta, y con ello se hizo evidente que ésta no había sido enunciada con el propósito de cumplirla, sino de obtener sufragios. Ayer, a casi cuatro años de aquel impugnado proceso comicial, y 10 días antes de las elecciones del mes próximo, el Ejecutivo federal desempolvó la promesa y emprendió su cumplimiento parcial: de aquí al 31 de diciembre de 2011, la Federación cubrirá el pago de la tenencia de vehículos nuevos, y de esa fecha en adelante, el cobro desaparecerá.Habría sido deseable celebrar el fin de la tenencia vehicular –impuesta en la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1962 con el argumento de que era necesaria para financiar los Juegos Olímpicos de 1968– como una medida orientada a favorecer la economía popular. Sin embargo, el anuncio efectuado ayer por Calderón ha dado pie a numerosos cuestionamientos críticos que es pertinente enumerar.
Por principio de cuentas, la decisión constituye toda una excepción en el marco de la política económica oficial, la cual se ha orientado a incrementar en forma sostenida e invariable las cargas impositivas a la población; en otros términos, la derogación de la tenencia vehicular no tiene lógica en la estrategia fiscal vigente.
Por otra parte, es cuando menos cuestionable la pertinencia legal y política de modificar por decreto, al margen del Legislativo, los términos y los plazos de la abrogación de la Ley del Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos.
Además, resulta lamentable que la medida opere, de aquí a 2011, únicamente para automóviles nuevos y para vehículos hasta de 250 mil pesos, lo que le otorga un claro sesgo clasista: por una parte, los ciudadanos que tienen posibilidad de estrenar un vehículo particular no llegan ni a uno por ciento de la población; por el otro, el techo previsto por la medida –vehículos hasta 250 mil pesos– ampara a los consumidores de modelos muy superiores a los considerados económicos.
Con todo, lo más criticable de la decisión es que el gobierno pudo haberla adoptado y anunciado en cualquier momento, y en cambio lo haya hecho en vísperas de los próximos comicios, en los que habrán de renovarse 12 gubernaturas. Si la medida hubiese sido dada a conocer hace seis meses, o bien a mediados de julio, habría podido interpretarse como una acción orientada a reactivar la industria y el mercado de automotores en el país. Sin embargo, la circunstancia en la que se presenta hace inocultable el propósito de orientar hacia el partido gobernante la intención de voto. Por ello, y así genere a corto plazo la aprobación y hasta la simpatía de algunos sectores de la sociedad, la medida anunciada ayer puede desembocar en un deterioro adicional a la credibilidad del gobierno en turno.
Espacio Civil | Emilio Álvarez Icaza
Fraude a la democracia
(Recive), en Xalapa. Las conclusiones no pudieron ser más contundentes. Lo que se vive en esa entidad (y otras en proceso electoral), es un fraude a la democracia por parte de gobiernos, autoridades electorales y partidos políticos. El pacto social fundado en la democracia se encuentra en crisis.El proceso electoral en esa entidad se desarrolla bajo la compra y coacción del voto, uso ilegal de recursos públicos en las campañas; uso perverso de la pobreza; contexto de campañas negativas que superan el lodazal y evidencian ausencia de propuestas, entre otros vicios. De hecho, se reportó que el gobernador opera, ilegalmente, como jefe de campaña, lo que pone en riesgo la gobernabilidad del estado.
Para explicar parte de este fenómeno, Alberto Olvera, académico de la Universidad Veracruzana, refirió que entre 2004 y 2010 Veracruz duplicó en términos reales su presupuesto y no hay fiscalización ni rendición de cuentas eficientes, lo que ha llevado al descaro absoluto. La “plenitud del pinche poder” feudal.
Las organizaciones señalaron que en este contexto la autoridad electoral, el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), no cumple con los principios de legalidad, equidad, transparencia e imparcialidad mínimas requeridas para la generación de certeza. De hecho, es una instancia fuertemente cuestionada por muy diversos actores; su consejera presidenta quedó también involucrada en los radio-escándalos.
El tétrico círculo lo cierra el uso clientelar de recursos por parte de los distintos partidos políticos. Francisco Canseco sintetizó así “dime quién gobierna y te diré qué programa usa electoralmente”. Lo alarmante es que estamos volviendo a ver esas prácticas de los 80 o anteriores contra las que tanto se luchó.
Se respira un ambiente de tensión en peligroso aumento y de impunidad en lo que a delitos electorales se refiere. Flota la idea, casi certeza, de que pase lo que pase, el resultado de las elecciones se resolverá en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.
PARÉNTESIS: Alianza Cívica abrió el portal www.cuidemoselvoto.org para recibir denuncias de irregularidades en los procesos electorales estatales. También se puede denunciar por teléfono celular, enviando mensajes, fotos o videos, al número 88200 o mediante Twitter en el tag #cuidemosel voto.
¿A la cárcel?
bre el Legislativo llega a acuerdos para hacer cambios sustantivos a la Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones y a la Cofetel. Ni cómo decirles que no. La confusa renuncia de Héctor Osuna como presidente y comisionado de la Cofetel confirma los devaneos de una comisión que se construye y desarrolla como una extensión de los intereses de los grandes medios de comunicación, y como parte de los usos políticos del gobierno. Cofetel tiene entre sus muchas funciones alentar al máximo la industria de las telecomunicaciones. Hasta ahora se la ha pasado en medio de enfrentamientos internos entre los comisionados, sin que se hayan tomado decisiones sustantivas. Cofetel vive entre los intereses de una industria de millones y millones de dólares, la pasividad de los legisladores y los intereses y temores del gobierno. Recordemos que hace pocos meses el PAN y sus nuevos amigos del PRD, echaron a andar la idea de que se aprobarían una propuesta integral en materia de telecomunicaciones. Al final todo diluyó entre la pasividad y la complicidad. Incluso el nuevo “comunicólogo” y envalentonado líder del PAN, César Nava, tiró línea de lo que tendría que hacerse.
No se puede soslayar que la renuncia de Osuna puede tener que ver con el caso de Carpinteyro. El PAN ha medido con dos varas un asunto que desde donde se vea es un delito. Grabar sin autorización es un delito. El hecho de que se sustente una denuncia con base en un delito da idea de los terrenos de la “guerra barata” de la política bajo la cual estamos sumergidos. Si se trata de poner en evidencia al PRI para tratar de “acabar con los ‘señores feudales’”, no han hecho nada en los últimos 10 años en el poder, el delito no importa.
Si se trata de la evidencia de una grabación, también con base en un delito, sobre un alto funcionario que se cayó para arriba y hoy encabeza la Bolsa Mexicana de Valores, el asunto cambia y se le van con todo a quien la dio a conocer. Nava y Purificación Carpinteyro cometieron el mismo delito. En un caso se trata de un político que hace meses estaba tratando de incendiar Mérida, para luego no saber ni en qué terminó el intento, pero que como es parte integral del gobierno en el poder ni quién le diga nada. En el segundo caso se trata de una mujer que cayó del gusto y las atenciones de la clase política en el poder y a la cual no la están dejando ni respirar.
Las grabaciones; la Cofetel en manos de los grandes medios; la “guerra barata”; la falta de acuerdos; los intentos por reformas profundas a la actual ley de medios que quedan en intentos; la pasividad presidencial; los constantes procesos electorales; la defensa a ultranza de buena parte de los concesionarios de los medios para mantener el actual statu quo de la ley; son sólo algunas de las razones por las que Purificación Carpinteyro y Francisco Hernández Juárez no irán a la cárcel en septiembre.
¡OUUUUCHCHCHCHCH!
Menos mal que reculó el diputado Eric Rubio del PRI. Quería que Javier Aguirre compareciera ante los diputados. No se sabe para qué, han de querer “explicaciones” de por qué Guardado se fue a la banca, por qué el Guille sigue jugando a pesar de su evidente incapacidad, vaya usted a saber. Ya que están encarrilados deberían pensar en los dueños del negocio. Ahí está la clave a la que viven dándole vueltas.
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