Ausencia de Fernando Gómez Mont, en reunión con legisladoras
Sin dinero para cumplir con la sentencia de la CoIDH: SG
Por Gladis Torres
México, D.F, 22 jun 10 (CIMAC).- Durante tres horas, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), trataron de explicar a las diputadas que integran la Comisión Especial de Feminicidios, cuál es el mecanismo implementado por el Estado mexicano, para cumplir con la sentencia de “Campo A
lgodonero”, sin que los argumentos fueran suficientes y convincentes para las legisladoras.
En la primera audiencia pública realizada hoy en San Lázaro, mientras el fútbol distraía a los capitalinos, algunas invitadas e invitados llegaron con 30 minutos de retraso, a rendir cuentas ante la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones emprendidas por las autoridades competentes en relación a los Feminicidios registrados en México.
Luego de que la legisladora del PRD y presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, recordó los resolutivos que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los plazos de la sentencia para que el Estado mexicano cumpla con la misma, vino la respuesta del gobierno mexicano:
Visiblemente nervioso, José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), informó en 5 minutos que el cumplimiento y ejecución de la sentencia involucra la responsabilidad y participación coordinada de los tres poderes del “Estado de Chihuahua apoyados por el gobierno federal”.
Ante las diputadas Teresa Guadalupe Reyes del Partido del Trabajo (PT) y Adriana Terrazas Porras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), legisladoras de la Comisión, el funcionario explicó que el Ejecutivo federal tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias que emita la (CoIDH).
Explicó que la tarea de la SG es coordinar a las autoridades a nivel local y a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), área sustantiva y motor real de los temas relativos a la sentencia.
Uno de los grandes retos para cumplir resolución de la CoIDH es que en el país “no existe un fondo para cumplimiento de sentencias”, cada vez que llega una, se realiza una negociación para ver qué le toca a quién, lo que resolvería temas como la realización de memoriales y el pago de seguros médicos privados sería un fondo de esta naturaleza que ayudaría a sufragar estos gastos sin necesidad mayor que acudir a él, sostuvo el funcionario.
Ante la mirada atenta de mujeres representantes de organizaciones de la sociedad civil, y de institutos estatales de mujeres, se dijo convencido de que es necesario contar con “una ley de coordinación de las autoridades con el sistema interamericano, ya que actualmente trabajamos en base a la buena fe, y del compromiso político de los diferentes niveles de gobierno para dar cumplimiento a la sentencia”.
Al ceder la palabra a la titular de la Conavim, Laura Carrera Lugo, la Comisionada enumeró las diferentes reuniones que se han realizado para la ejecución de cada uno de los resolutivos de la sentencia.
Dijo que ya se cumplió con la publicación en diferentes medios de comunicación y la página Web de instancias gubernamentales. Relató que se han establecido mesas de trabajo de seguimiento al cumplimiento y que se han realizado 4 reuniones en Ciudad Juárez con la participación del Gobierno Federal, el estatal y el municipal, y una en el Distrito Federal.
La funcionaria de la SG dijo que sobre el mandato de la CoIDH para construir un monumento en memoria de las víctimas, que se tendrá que levantar en el Campo Algodonero, el lugar donde se encontraron los cuerpos, “ya se está trabajando”.
Se ha consultado a las madres y familiares de las víctimas, para acordar el diseño y tamaño de la construcción y próximamente se llevará a cabo una consultará pública en línea sobre el concepto del monumento, además de que se está hablando con expertos internacionales para el mismo fin, indicó.
Ante el asombro las presentes, como la diputada Teresa Guadalupe Reyes, agregó “estamos en el proceso de ver lo que está relacionado con el terreno” tenemos la gran ventaja de que, una parte del predio, ‘la famosa sequía’, es propiedad del gobierno federal, y estamos en el proceso de des-incorporación”.
Respecto al resolutivo que indica que México debe estandarizar todos los protocolos y manuales de investigación con perspectiva de género, de delitos relacionados con las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, informó que también se han realizado reuniones con diferentes dependencias para trabajar en ello y que “se contratarán expertos internacionales para que realicen la estandarización de los protocolos”.
ESTALLA LEGISLADORA
En la audiencia, que forma parte de una serie de reuniones en las que participarán diferentes funcionarias y funcionarios estatales involucrados en el cumplimiento de la sentencia, para informar a la Comisión Especial, sobre los trabajos realizados hasta el momento, se reiteró, una y otra vez, sobre la necesidad de una ley y dinero para cumplirla.
Muy molesta, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Reyes, reclamó a los funcionarios de la SG que sus argumentos para no cumplir con la sentencia, sólo hablan de la falta de interés del gobierno federal para darle cumplimiento.
“La primera demostración, es la ausencia del titular de la SG Fernando Gómez Mont, quien no acudió hoy a la cita, porque seguramente tenía asuntos más importantes “como el partido”, abundó.
Acerca de las respuestas de la SG sobre las intensas reuniones entre Secretarías del Gobierno de Chihuahua y la Procuraduría General de la República, la estatal, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Gobierno municipal, su resolución es que “van a contratar expertos”.
“Es interesante, dijo, que se tengan que reunir tantos funcionarios de tan importante nivel, para atender un caso tan grave que viene arrastrándose durante 10 años, para llegar a la conclusión de que requieren de la concertación de lo expertos. Si es interesante la agilidad con que trabajan los funcionarios”.
“Y después de seis meses, se enteran que parte del terreno es propiedad del gobierno federal, de veras que sí vamos avanzando”, indicó la legisladora del PT.
“Discúlpenme pero sus respuestas son francamente ridículas e insuficientes, que me digan que no han podido hacer los pagos de las indemnizaciones, porque no saben de qué partida pueden sacar el dinero. En seis meses no han descubierto de dónde van a sacar los recursos, de verdad en todo el gobierno federal, no tienen un sólo contador que pueda trabajar en los gastos y costas que han tenido esas familias”
EVADEN CUESTIONAMIENTOS
La y el funcionario de la SG esquivaron todas y cada una de las preguntas que les hicieron las legisladoras; las cuales estuvieron centradas en las acciones concretas que se realizan para el cumplimiento de la sentencia.
Uno de ellos fue el vencimiento del plazo—10 junio--, para la publicación de una página electrónica con la información de las mujeres desaparecidas de 1993 a la fecha, en Chihuahua, sobre la atención psicológica para las y los familiares de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, 3 de los 8 casos de feminicidio, cometido en Ciudad Juárez en noviembre de 2001.
Respecto al proceso penal para identificar, procesar y en su caso sancionar, a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de mujeres, a los responsables de acoso a las víctimas y sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, Carrera Lugo y Guevara Bermúdez, sostuvieron que a ellos no les corresponde y no manejan esa información.
A la pregunta expresa sobre si hay una funcionaria, funcionario o dependencia de alto nivel encargada del cumplimiento de la sentencia tampoco respondieron.
Luego de asegurar que la página Web si está publicada y de referir diferentes direcciones electrónicas dado que Guevara Bermúdez, no contaba con “la buena”, remitió al sitio web: www.pgjechihuahua.com , sitio no oficial de la PGJE, toda vez que el oficial es www.pgje.chihuahua.gob.mx
Respecto al monto por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales, y el reintegro de costas y gastos para las y los familiares de las víctimas y sus abogadas, después de varios titubeos se aclaró que era de 851 mil dólares, sin embargo no han llegado a un acuerdo sobre a quién le corresponde realizar el pago.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario