rementa de manera escabrosa a lo largo y ancho de todo el país.La experiencia familiar se vive como un medio de alcanzar cierta seguridad y cuando la aspiración de mejoramiento se ve frustrada, la energía se vuelca a la nueva generación, que inmersa en los mismos duelos, carencias y agresividad extrema no viene sino a empeorar las condiciones ya de por si precarias, angustiosas y violentas prexistentes. Más depresión y más desesperanza para el caldo de cultivo de la violencia.
En la familia las actividades están distribuidas de forma arbitraria y por vía de la imposición, los mensajes son confusos y contradictorios cargados siempre de prohibición y amedrantamiento; no existe congruencia y difícilmente se discrimina entre las diferentes necesidades de cada uno de los integrantes. En estas familias las respuestas vitales y cotidianas se caracterizan por su mutabilidad, aleatoriedad y las respuestas están condicionadas por los bruscos cambios de ánimo de los progenitores; caracterizadas por la falta de contacto, de control, de límites claros que cambian de acuerdo con el estado de humor de los padres.
Las transacciones entre los miembros parecen ser de todo o nada
, no hay graduación en las respuestas. Hay un franco predominio del orden matriarcal y la desorganización y el hacinamiento tienen serias repercusiones en el aprendizaje de las actitudes sexuales, en el matrimonio y en la crianza de los hijos. Con mucha frecuencia los padres se encuentran inmersos en discusiones sin fin y sin meta, y los hijos son abandonados a sus propios recursos o bien se les imponen obligaciones que no corresponden a su edad.
La angustia es una constante en las familias marginadas tanto en el hogar, en la cuadra, en la vecindad. Surgen los problemas por la territorialidad generando violencia entre ellos con y sin intervenciones policiacas.
Existe una irritabilidad extrema que se actúa sin control que se vuelve más peligrosa cuando median al alcohol y las drogas. Se responde aun sin provocación y las respuestas son cada vez más cruentas.
La situación traumática crónica en que viven y nacen los conduce a presentar evitaciones fóbicas de las situaciones o actividades que recuerdan el trauma original, dando lugar a una incapacidad laboral o recreativa; la anestesia síquica
interfiere y matiza las relaciones interpersonales tanto de la pareja como con los demás integrantes de la familia; la labilidad emocional, la depresión y los sentimientos de culpa hacen surgir una conducta de autorreproche, de intentos suicidas y homicidios.
Las adicciones se presentan como recurso para evadir el terror tanto en el exterior como el procedente del mundo interno.
Se han observado entre esta población repetidos acontecimientos traumáticos, como pérdidas de los padres, hermanos e hijos, ataques sexuales; de hecho las violaciones suceden periódicamente. Éstas podrían evitarse o por la menos ser menos frecuentes, pero la incidencia de disturbios, desorganización y violencia es tal que nada se hace al respecto.
Los niños, en virtud del hacinamiento, son expuestos a experiencias de escenas primarias de los padres alcoholizados que acompaña la actividad sexual con hostilidad y golpes originando con esto que la violencia y la farmacodependencia se institucionalicen como parte de la vida cotidiana. Inmersos en esta promiscuidad también en ocasiones son abusados sexualmente incluso dentro del propio hogar.
Con estas terribles circunstancias los niños marginados, al crecer, despliegan una vida sexual limitada a contactos meramente físicos, depletados del aspecto vincular y relacional con el otro, de la ternura y, por supuesto, de una genitalidad adulta.
Aún faltan por enunciar algunos aspectos fundamentales para describir, si esto es posible, la tragedia de la marginalidad. A ello volveré la próxima semana. Mientras tanto pensemos en los millones de mexicanos que viven, mejor dicho sobreviven a estas dramáticas circunstancias ahogándose (o muriendo) entre la miseria, el analfabetismo, el terror y la violencia extrema debido a una cruel, despiadada y perversa desigualdad social.
Mientras esto sucede nuestros gobernantes están más preocupados por ganar las elecciones y permanecer ostentando el poder que por los muchos millones de mexicanos que padecen hambre y privaciones o son víctimas de la incontenible ola de violencia y criminalidad.
es 11, diecinueve personas perecen ametralladas en el centro de rehabilitación Fe y Vida en la capital, luego asesinan a otras seis en un centro similar en Juárez. En la capital se multiplican los robos con violencia de vehículos, con violación de sus propietarias. El sábado 19, asesinan al presidente municipal de Guadalupe, en el valle de Juárez, donde ya habían sido ultimados dos integrantes del cabildo y donde la tasa de homicidios por 100 mil habitantes supera los 350. A pesar de la presencia de 5 mil 412 agentes de la Policía Federal en la frontera, se han cometido mil 300 ejecuciones en lo que va de 2010, y todos los delitos se han disparado…Ante esta tozuda realidad, el discurso de los actores intenta desresponsabilizarse lo más posible de los errores y limitaciones en la guerra contra el crimen organizado y achacar éstos al orden de gobierno del adversario político. El gobierno de Calderón no quiere que el término de referencia para evaluar su acción contra el crimen sea el del triunfo en una guerra
. Por eso, de la guerra contra el crimen
pasa a la lucha por la seguridad ciudadana
. Su secretario de Gobernación sigue insistiendo en pedir a los medios que revisen su lenguaje sobre la violencia
, convencido de que las notas periodísticas pueden ser tan letales como un R-15.
¿Cambio de estrategia? Tan sólo en las palabras, porque la ineficaz Operación Coordinada Chihuahua
sigue inalterada. El mismo Gómez Mont lo señala ante los representantes del Congreso de Chihuahua el 1º de junio: el único cambio es hacer mejor lo que ya estamos haciendo
. No importa, pues, la eficacia en reducir la acción del crimen organizado sobre la población, lo que priva es incidir favorablemente en la percepción de los electores antes de los comicios más decisivos rumbo al 2012.
El PAN avala la estrategia calderonista con algunos asegunes
: reconoce los malos resultados de la presencia militar y de la Policía Federal en las calles. Señala que sólo llegando su candidato al gobierno del estado habrá una verdadera coordinación en los operativos con el gobierno federal y una profunda depuración de las policías estatales. Dirige sus dardos contra conspicuos candidatos priístas: el candidato panista a alcalde de Ciudad Juárez, César Jáuregui, acusa directamente a su adversario tricolor, Héctor Murguía, de haber favorecido a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Hace tiempo que estas acusaciones se ciernen sobre Murguía, incluso consignadas en la revista Proceso. Sin embargo, la PGR no ha dicho nada. Y a estas alturas del partido todavía hay quienes se preguntan: ¿podrá sucederle al ex alcalde, y de nuevo candidato a la alcaldía de Juárez, lo mismo que a su homólogo de Benito Juárez, Quintana Roo? ¿Gregazo en la otra punta del país?
El PRI insiste en que la inseguridad y la violencia fueron disparadas por la mala estrategia de Calderón en su guerra al crimen. De pronto, gobiernos tricolores y dirigentes partidarios dejan de lado los discursos sobre los “operativos conjuntos” y los pactos Federación-estado para luchar contra la delincuencia. Dejan de lado también la infiltración y colusión de policías estatales y dicen que ellos sí tienen los pantalones bien puestos
. Piden que se retiren el Ejército y las policías federales a los cuarteles el día de los comicios. Coaligados con los verdes, prometen reducir el crimen con base en cadenas perpetuas y, a falta de estrategias sólidas de intervención social, prometen doblegar al crimen a punta de obra pública.
En la población, inerme, se pueden encontrar varias posturas: quienes creen que con más de lo mismo se van a arreglar las cosas y, por tanto, votarán por el PRI. Quienes piensan que sólo con un cambio en la gubernatura se lograrán la coordinación con el gobierno federal y la erradicación de la corrupción en el sistema policiaco y, por tanto, votarán por el PAN.
Pero una postura que se torna más y más mayoritaria es la de quienes, hartos de discursos, de violencia, de circo político y de promesas, optarán por ausentarse de las urnas. Si ya en 2004 el abstencionismo fue la opción más socorrida, todo parece indicar que ahora se incrementará.
La diferencia intentan marcarla algunos pequeños grupos organizados de ciudadanas y ciudadanos que llaman a anular activamente el voto, por ejemplo marcando la boleta por Adelita Segura Paz
o No keremos esta guerra
, como expresión de rechazo a una clase política incapaz de darle a Chihuahua la paz con justicia.
En todo caso, a dos semanas de los comicios se agolpan las dudas y no las respuestas: ¿cuáles son los reales alcances de la democracia en un estado de guerra?, ¿el escenario chihuahuense prefigura el de las elecciones federales de 2012?, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de rescatar la política desde la ciudadanía?
In memoriam Carlos Monsiváis, constructor de la paz desde la crítica al poder
letrade la ley
"Hubo
responsabilidad, pero no hubo responsables, dijo el editorial de La Jornada, reconociendo que nos hemos convertido en una nación de irresponsables; un pueblo que descans
ando en esotéricos argumentos jurídicos (¡como si fuésemos un verdadero estado de derecho), atrincherado en posiciones políticas y protegido por tribunales que abdican de sus responsabilidades sociales, esconde bajo el tapete sus grandes tragedias nacionales. (Por eso, entre bromas y veras, nos describimos como el país donde nunca pasa nada.) La medalla de oro se la lleva el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, que resolvió Tlatelolco de un certero plumazo:
hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables, exonerando con ello a Luis Echeverría.
Y con la misma delicadeza con la que hoy actúa la mayoría de los ministros de la Corte, el melindroso Luna Altamirano se refugió en la teoría pura del derecho
aclarando, para que nadie dudara de su profesionalismo
, que su resolución se encontraba completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentales, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas
: ¡fue obra de un robot jurídico! Hoy se repite la historia. ¿Para qué sirve un sistema jurídico esterilizado, que opera conforme a la letra de la ley pero al margen de la sociedad?
Mientras los padres de los 49 inocentes muertos (y aquellos de los 104 menores enfermos o marcados de por vida) esperan justicia, ministros melindrosos y algunos analistas políticos sin conocimientos jurídicos hacen piruetas alrededor del artículo 97 constitucional y disquisiciones filosóficas sobre su aplicabilidad en la tragedia de la guardería. Los legos están en cierto modo justificados, porque por motivos políticos los propios ministros han denigrado esa valiosa disposición legal, considerándola un artículo anacrónico y redactado con los pies
(Mariano Azuela), o un numeral que no sirve para nada
(Salvador Aguirre Anguiano).
Frente a la arrogancia de Azuela y la displicencia de Aguirre, es un placer leer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Donde otros, por motivos políticos o tecnicismos legales, se quedan atrapados en la letra de la ley, él va más allá: considera, con visión de jurista moderno, que la disposición constitucional es una valiosa herramienta que puede contribuir a la democratización de México. Adoptando el concepto de una Constitución viva
, que va adaptándose a las realidades sociales, Zaldívar afirmó, en un proyecto rechazado por la mayoría, que el artículo 97 no debe considerarse una invasión en el ejercicio del poder público
sino “una facultad que se inserta en el juego democrático y (…) coadyuva a la operatividad (…) del sistema”.
Con argumentos jurídicos objetivos y bien fundados, el proyecto Zaldívar apuntaba graves violaciones a los derechos humanos y señalaba responsables: Molinar Horcasitas, Karam, Bours y el ex alcalde de Hermosillo. Una a una, el proyecto desmenuzó las obligaciones legales de esos funcionarios, y su responsabilidad personal en la cadena de mando. Mostró cómo y dónde incumplieron. (Vale la pena que Fernando Gómez Mont, destacado abogado postulante, lea personalmente esa parte del proyecto, para que no repita que un servidor público sólo debe responder por el tramo de control que le corresponde
: ¿cuál es ese tramo
, señor secretario, y hasta dónde alcanza? El ministro Zaldívar se lo aclara.)
Arturo Zaldívar relata, con lujo de detalles y maestría de lenguaje, el infierno en la tierra que fue el incendio: 14 maestras en servicio (en vez de 41) intentando salvar a 200 niños; la guardería compartiendo el inmueble con una bodega de la Secretaría de Hacienda, que almacenaba cinco toneladas de papeles que prendieron como hojarasca; el techo de poliuretano despidiendo nubes de gases tóxicos, y deshaciéndose en una infernal lluvia de fuego… ¿Quién les negaría a esos padres la justicia arguyendo que el artículo 97 es anacrónico
, o que no sirve para nada
?
El proyecto Zaldívar concluyó, tras un minucioso análisis de 300 páginas, que a Molinar Horcasitas le era atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propició las condiciones para la tragedia
. No obstante, el dictamen de la mayoría exoneró a los principales funcionarios involucrados.
Felipe Calderón no podría haber escogido mejor abogado para defender a los suyos que Gómez Mont. Conocedor de la ley y político sagaz, el secretario reconoció varias visitas a la Corte antes del fallo, pero afirmó que no hizo nada indebido: no fui a defender a nadie ni a litigar en contra de los padres
. ¿A qué fue entonces? A asegurarse, mediante indebidos alegatos de oreja
que violan la separación de poderes, que ministros obsecuentes interpretaran correctamente
la letra del artículo 97.
Como la Corte tampoco pudo entrar allí dónde autoridades e instituciones fallaron
(cito el proyecto Zaldívar), hoy sólo quedan abiertas las instancias internacionales, para que el régimen siga acumulando fallos judiciales contra México.
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