Lo cierto es que los votantes saltaron por encima del derroche, la coacción, el abuso propagandístico de última hora, el uso faccioso de programas bajo la tutela de la autoridad, local o federal. Decidieron enviar mensajes en variadas direcciones, algunos hasta opuestos y de difícil interpretación. Pocos son los que se han dado cuenta del cambio interno, la concientización individual que ha tomado plazas, campos, sierras o barriadas citadinas. El norte, el sur, costas y valles son atravesados por vientos nuevos que pregonan, todavía sin la notoriedad suficiente, tiempos de reclamos, voces que no ocultarán la cólera por las crecientes penas que sufren. Una insurrección latente, en proceso, que será indetenible por los viejos cartabones del control y la manipulación. Será, se anuncia todavía de manera confusa, la aparición de una ciudadanía que exigirá certezas, seguridades del cambio ansiado.
Estas elecciones de medio término en que se jugaba un grueso paquete de poderes locales como las perspectivas para 2012 quedaron, sin embargo, a mitad del río. En el fondo, los caprichos, las complicidades y compadrazgos de los gobernadores y el rejuego central de personajes influyentes se pusieron en entredicho. Lo testifican con precisión los cambios de pendones y colores en Aguascalientes, Zacatecas o Tlaxcala. Pero están claramente expresados en todos los demás, aún en aquellos estados donde los priístas parecieron arrollar: Quintana Roo, Chihuahua o Tamaulipas, aunque este caso amerite una reflexión adicional. El cónclave priísta que siguió al asesinato del candidato, puso, sin reflexión mayor y bastantes miedos, la determinación del emergente en manos de aquel que ya había elegido una vez. La segunda se apegó a una grosera línea hereditaria y eso tendrá un costo, no apreciable por ahora, que acelerará el ya evidente despeñadero moral que plaga a ese estado. Tamaulipas, en los dos años faltantes del presente sexenio, se consolidará como un territorio liberado por el crimen organizado.
Los retoños malhadados que sembraron, contra viento y marea, los gobernadores de Puebla y Oaxaca cayeron a pesar de todas las maniobras ensayadas. Tanto Ulises Ruiz, como Mario Marín, dos mapaches consagrados en la vieja tradición autoritaria, fracasaron en toda la línea. Sus efigies de mandones, retocadas por toda clase de marrullerías, abusos en derechos humanos y asesinatos hasta hoy impunes, quedarán a la intemperie. Sus espaldas caciquiles son fáciles blancos de cualquier acusación, oficiosa o, en verdad, justiciera. Ambos personajes fueron más allá de sus posibilidades, ya muy mermadas por abusos, excesos y errores. Los derrotaron sendas coaliciones. Una, la formada alrededor de Gabino Cué, fue labrada, en primera instancia, durante dos años de intensos contactos directos con la población. Después recibió una inyección de recursos federales. El cambio de personas, de Cué por Ruiz, es inconmensurable en calidades y atributos. Se espera que tal diferencia, también se traduzca en habilidades para gobernar con equilibrio, austeridad y justicia distributiva para con ese aporreado pueblo sureño. La de Moreno Valle cabalgó con vientos a favor por los errores del sustituto priísta de un su patrón, enamorado de infantes, que debió ser destituido desde hace años. El denso cemento de las complicidades en las cúpulas priístas, la tibieza de los ministros de la Corte y las ayudas con votos manoseados a Calderón durante 2006, le evitaron la defenestración debida. Ahora, aunque se pretenda mitificar los poderes ilegales y legaloides a la profesora Gordillo, que se presume como tutora de Moreno, algo, aunque no mucho, se debe reconocer a este prospecto.
Las consecuencias que, con vistas a 2012 tendrá el recambio de Oaxaca, serán de gran peso. El mismo padrón ya dice mucho de esa historia, afectará, sin duda, las posibilidades del que será abanderado de los priístas. Los recursos que se le extraían al presupuesto, manejado con inmenso patrimonialismo y cabalgante corrupción, lo resentirán en los haberes disponibles para una campaña de cerrada competencia. Las inercias de los rituales priístas exigen, para compensar sus debilidades, desembolsos sin mesura. Los que suponen votos duros no les alcanzan ni para quedar como segunda fuerza, ya lo vieron en 2006. Requieren de varios millones adicionales que no se ve, en esta misma contienda, de dónde los sacarán. Han sido corresponsables de cuantas decisiones han afectado a la población en sus niveles y modos de vida. Todos los acuerdos con los poderosos, que les presionan por privilegios sin límites, siguen siendo tónica y costumbre malsana. Han cedido al contratismo entreguista que tiene inmediatas repercusiones en el manejo eficaz de los asuntos públicos. Hasta ahora, a los priístas cupulares no se les conoce ninguna defensa de los intereses colectivos. Los votos recibidos en los estados, aún en los que están en sus manos, son por completo insuficientes, es el triste caso veracruzano que pide por un análisis posterior. El cacareado retorno de los brujos, de esos que saben cómo hacerlo, al menos por lo que apuntan estas elecciones, lleva ya adherido un pergamino de votos, que implica serias condicionantes y factible frustración.
José Antonio Crespo
1) Que la oposición haya ganado en tres entidades no significa que ahí no hubiera elecciones de Estado (con más claridad en Oaxaca y Puebla). Significa simplemente que es posible superar tales obstáculos bajo ciertas condiciones no tan sencillas de lograr. En esos triunfos jugaron un papel central la coalición de PAN y PRD, pero también el contrapeso, no necesariamente legítimo ni legal, del gobierno federal, un mal candidato priista, así como una nutrida participación ciudadana. Tan es así, que tales circunstancias no pudieron ser superadas ni en Veracruz ni en Hidalgo, por más que los candidatos opositores no fueron abatidos por grandes márgenes de diferencia. Los resultados, aunque favorables a la oposición, no borran el hecho de que hubo numerosas trapacerías, infracciones graves y delitos electorales (que de nuevo quedarán impunes).
2) Tales resultados tampoco implican que hubo imparcialidad de varios institutos electorales. Que no hayan podido evitar o revertir resultados abrumadores contra los candidatos oficiales no implica que no lo hayan intentado (según se infiere de varios indicios y conductas de esos órganos). Habría, pues, que revisar la fórmula de conformación de los órganos electorales para garantizar mayor autonomía respecto del gobierno y de los partidos políticos. También, seguir discutiendo la conveniencia de que sea el IFE quien se encargue de organizar todos los comicios en todos los estados, pues al menos puede resistir mucho mejor los embates, las amenazas, las intromisiones y los intentos de compra por parte de los gobernadores. La estructura electoral estatal -institutos y tribunales- eleva el costo del sistema electoral mexicano en general, y no ofrece garantías de autonomía e imparcialidad. Que no sean capaces de revertir o evitar resultados abrumadores contra los candidatos oficiales no elimina dicha situación.
3) En Veracruz, en esta ocasión, al PAN le pareció importante generar certeza electoral, y por ello solicita una revisión voto por voto, pese a que la distancia que separa el primero del segundo lugar es cinco veces superior a la que había en 2006, cuando a ese partido la certeza no le parecía pertinente. Pero resulta que legalmente hoy hay más restricciones que en 2006 para realizar dicho recuento. En la elección presidencial había el marco legal suficiente para abrir los paquetes cuyas actas registraran inconsistencias aritméticas, y era lo conveniente según lo dijo el TEPJF en su sentencia del 5 de agosto. Que no se haya hecho así fue porque tanto el IFE como el Tribunal decidieron hacer a un lado tales posibilidades legales, favoreciendo así la estrategia de opacidad que le convenía al PAN en ese momento. Pero ahora sólo se podrá hacer el recuento total sólo en los distritos donde la diferencia entre los punteros sea, no de 3% como en Veracruz, sino de 1% o menos, o bien donde el voto nulo sea superior a la distancia entre punteros (como ocurre en Durango, en el resultado global para gobernador). Pero el recuento por distritos no arroja certeza salvo en los distritos que cumplan las condiciones, lo que no resuelve la falta de certeza en la elección de gobernador. Una clara deficiencia de la ley que debería corregirse antes de 2012.
4) En Tamaulipas y en Chihuahua no había dudas sobre qué partido ganaría. Pero dado el escalamiento de la narcoviolencia en estas entidades, la incógnita era si los ciudadanos se volcarían a las urnas para proteger la institucionalidad política frente al crimen organizado o si se sentirían intimidados para votar. Contrariamente a lo que ha afirmado en estos días el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, ocurrió lo segundo: en Tamaulipas hubo una participación de 12 puntos porcentuales menos que en la anterior elección para gobernador y, en Chihuahua, el descenso fue de 10% respecto de 2004. Lo que representa que el crimen organizado sí puede intimidar a un segmento no despreciable de la ciudadanía, que no se creyó eso de que "hay Estado para protegerlos".
Así pues, pese a que los resultados en algunos casos son una bocanada de aire fresco, en general no debe pasarse por alto que la calidad de la democracia electoral en este proceso sufrió un retroceso importante, lo que debe tomarse en cuenta para seguir pensando en cómo crear mejores condiciones para 2012.
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