Considera organización civil

Insuficiente, la nueva Fiscalía para atender delitos contra libertad de Expresión

Por la Redacción

México, DF., 6 jul 10 (CIMAC).- Luego de que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, organizaciones civiles consideraron, que es una medida insuficiente.

Con la publicación del acuerdo A/ 145 /10, se sustituye a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas creada en febrero de 2006, y que no ha resuelto casos graves de hostigamiento, asesinatos y desapariciones de periodistas, como el de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera del Diario de Zamora, y corresponsal de Cambio, de Michoacán.

La investigación en el caso de María Esther Aguilar Cansimbe de –de 32 años de edad y madre de dos niñas de siete y nueve años- es emblemática por tratarse de la primera mujer periodista desaparecida, desde el 11 de noviembre de 2009- Al igual que esta investigación muchas otras no han progresado.

En un comunicado, Artículo 19, una organización con trabajo en libertad de expresión, consideró que la creación de esta nueva Fiscalía está encaminada en la dirección correcta, pero ante la gravedad de la situación, continúa siendo insuficiente.

Expone que si bien es cierto, que el acuerdo muestra avances para la investigación, y procuración de justicia en casos de delitos cometidos contra la libertad de expresión, mantiene la regulación general de la anterior Fiscalía, “lo que obstaculiza la atención efectiva de los problemas de investigaciones deficientes e inefectivas en los casos de agresiones a periodistas”.

Para esta organización, la actual disposición de crear una nueva dependencia de la PGR, no es una respuesta efectiva por parte del gobierno Federal, pues mantiene la facultad discrecional para atraer los casos que considere, es decir no prevé criterios transparentes, y objetivos sobre los casos que conocerá.

Esto se traduce claramente, en que sigue sin tener facultad de investigación para la mayoría de los casos de agresiones, además no contiene disposición alguna, que obligue a agotar las líneas de investigación en todo delito cometido contra quienes ejercen el periodismo, considerando la presunción de haberse cometido un delito contra la libertad de expresión.

La nueva Fiscalía conocerá delitos federales, o aquellos vinculados con éstos, siempre y cuando sean sancionados con prisión. Esta disposición debería ampliarse a todos los delitos, sin importar el tipo de sanción contemplada, ya que sólo así se cumpliría de manera efectiva la disposición de prevención y protección de dichos delitos, afirma la organización.

Articulo 19 menciona que hay un avance significativo en la definición quiénes son las víctimas, ya que el acuerdo menciona que las y los periodistas son aquellas personas “dedicadas a través de un medio de comunicación, a tareas de información, o de creación de opinión”. Sin embargo, todavía hay deficiencias porque la definición queda abierta a la interpretación.

Otro avance, es el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión, como bien jurídicamente tutelado.

La desaparecida Fiscalía, no tenía la facultad de investigar casos relacionados con grupos del crimen organizado, y aunque esta nueva dependencia sí tendrá esa facultad, podrá declinar su competencia a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Por otra parte, un avance significativo será la construcción de una base de datos sobre agresiones contra periodistas, a través de la sistematización y análisis del contenido de las averiguaciones previas.

Cabe mencionar que otras organizaciones como el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) han documentado el aumento de agresiones contra periodistas y comunicadores. En el informe 2009 “Gobierno y narco; la lucha por imponer la agenda periodística” se reportaron 140 violaciones a la libertad de expresión, de al menos 183 periodistas, e individuos involucrados en la cadena de la información.