En esta ley se desarrolla la garantía reconocida en la Constitución federal en favor de todas las personas que habitamos en la República Mexicana, de gozar de una protección de nuestros datos personales o información que nos concierne o nos identifica. En un mundo como donde la información fluye de forma intensa, necesitamos saber que tenemos derecho a que nuestra información sea recolectada y manejada adecuada y cuidadosamente.
Es innegable que en el día a día nos vemos precisados, en razón de nuestras tareas y actividades cotidianas, a proporcionar información sobre nosotros para realizar, por ejemplo, inscripciones y actividades escolares, trámites bancarios, solicitudes e ingresos a empleos, contrataciones de servicios de telefonía y acceso a internet, recibir atención y tratamientos médicos, etc. Con la entrada en vigor de la ley de datos personales, es indiscutible que no pueden pedirnos más datos que los que sean necesarios para la actividad o trámite que estemos realizando, ya que los particulares no pueden recabar de forma indiscriminada, sin una razón para ello.
Un ejemplo de ello sería que nos pidieran información sobre nuestra preferencia sexual, características físicas, creencia religiosa o ideología política al contratar un servicio de telefonía celular o al inscribir a nuestros hijos en la escuela; o bien, que nos pidieran información sobre nuestro origen étnico, estado de salud o afiliación sindical para solicitar un empleo o acceder a éste. Las personas físicas o morales sólo podrán obtener información con nuestro consentimiento, para los propósitos establecidos en la actividad o razón social de quien la recabe.
De acuerdo con la ley recientemente publicada, nuestro derecho a la protección de datos personales no se agota una vez que los hemos entregado a un particular, ya que este último tiene el deber de mantenerlos bajo resguardo. La sola entrega de datos no implica una autorización a los particulares que los recaban para utilizarlos con propósitos distintos para los cuales fueron recolectados ni para proporcionarlos a terceros sin el debido consentimiento.
Incluso, de acuerdo con la ley, los particulares que recolecten datos personales están obligados a tomar medidas que garanticen la seguridad en el manejo de nuestra información, de manera que no puedan ponernos en riesgo (usurpación de identidad, por ejemplo), o comercializarla y lucrar con ella de forma indebida o no autorizada por quienes somos titulares de la información. Asimismo, las personas tenemos derecho a acceder a los datos personales que obren en poder de los particulares, rectificarlos, pedir su cancelación o eliminación cuando sean desproporcionados para el objeto de la actividad o trámite que realicemos, o bien, oponernos a que los mismos sean usados para determinada finalidad.
Si los particulares no recolectan y manejan adecuadamente nuestros datos personales, podemos presentar una queja para que se investigue dicha conducta y, en caso de que sea procedente, se imponga una sanción al responsable.
El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos será la instancia encargada de atender las quejas que se presenten y garantizar la protección de los datos personales de quienes habitamos en este país. Para ello es necesario que todos asumamos nuestra responsabilidad para que, juntos, personas titulares de la información, particulares que recaban datos personales y el Instituto, como órgano garante de la protección de esos datos, logremos dar plena vigencia a este derecho humano de carácter fundamental y arraiguemos una cultura de respecto que beneficie a todos.
Los 18 meses que la ley previó para dar inicio al procedimiento de protección de los datos personales, servirán para que cada uno, desde nuestra trinchera, nos preparemos y sensibilicemos sobre la importancia de preservar la esfera privada o la intimidad de las personas y evitar invasiones indebidas a la misma.
Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
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