7/09/2010

Elecciones



Espacio civil | Emilio Álvarez Icaza

A pesar de todo… se mueve

Mucho se ha hablado de partidos y gobiernos en las pasadas elecciones, pero permítanme insistir ¿y la sociedad civil? ¿y la ciudadanía? No sólo salió a organizar elecciones y a votar. También salió a observar, a denunciar abusos, presiones y chantajes, a sobreponerse al miedo a criminales y servidores públicos que les proliferaron distinto tipo de amenazas. A pesar de todo esto y más, la sociedad civil mexicana se mueve.

Logró ir más allá de las limitaciones, incapacidades y complicidades de algunas autoridades electorales. Desde Alianza Cívica observamos algunas de las peores prácticas y deficiencias que vimos hace casi 20 años. Para lo que cuestan… francamente es una vergüenza. O retomamos la idea del Instituto Nacional Electoral [INE], o por mandato constitucional se obliga a institutos estatales a coordinarse con el IFE, además, claro está, de desaparecer a los ya de por sí inocuos tribunales electorales estatales.

Estas elecciones evidenciaron nuevamente la importancia, necesidad y conveniencia de la ciudadanización de los institutos electorales. Ya se demostró en el 97, 2000 y 2003. Es momento de retomar ese camino si lo que se quiere es una democracia electoral cuyas bases sean la confianza y la certeza. Se ha acumulado experiencia y conocimiento en una ciudadanía que ve en la Constitución y en la gente el fundamento de su mandato, no en favores de partidos y gobiernos.
Por elemental que parezca, hay que recordar a partidos y gobiernos que, si la democracia electoral funciona, ganamos todos y todas. No sólo se generan ambientes propicios para el diálogo, sino que hay condiciones para que empresarios y trabajadores produzcan, para que estudiantes y maestros asistan a las escuelas, para que las familias realicen sus actividades en paz y los gobiernos puedan atender a la ciudadanía. Es decir, funcionan mejor la política y la economía. En esos términos, en 2010 pasamos de panzazo y lo peor puede estar por venir. La sociedad civil ya hizo su tarea; le toca ahora a los políticos.

Las y los ciudadanos merecen ser respetados y representados con sensibilidad. El verdadero reto para los gobiernos es armar sus agendas a partir de escuchar a la gente. Por eso el desafío para la sociedad civil no sólo es el día de la jornada electoral sino, principalmente, el día siguiente a ella. Así el diálogo no se limita a las campañas, sino que incluye el debate sobre las políticas públicas y los programas de gobierno.

PARÉNTESIS: Para una auténtica transformación democrática, las preocupaciones y acciones de la sociedad civil y sus organizaciones deben ubicar como horizonte estratégico el lunes 2 de julio de 2012.

El extraño caso de Tlaxcala

José Antonio Crespo

Los votos emitidos en la elección para gobernador son muy superiores a los de diputados y ayuntamientos: casi 85 mil más.
Para quienes piensan que, porque el PRI no ganó todos los estados que pretendía implica que la inequidad, las trapacerías y violaciones a la ley resultaron ser "mito genial", les convendría enfocar su lupa en Tlaxcala. El PREP en esa entidad apuntó un claro triunfo del PRI, con distancia de ocho puntos porcentuales sobre el PAN (35 mil votos). Una diferencia muy holgada como para pensar en algún tipo de defraudación, o al menos uno que sea determinante. a menos que se demuestre lo contrario. Y es que en esa entidad ocurre un fenómeno muy extraño que reaviva el sospechosismo electoral: el número de votos emitidos en la elección para gobernador es muy superior a los de diputados y ayuntamientos; casi 85 mil votos más (11% de la lista nominal, que no es poca cosa). Lo cual implica que, para elegir gobernador, la participación fue de 58%, mientras que en diputados fue de 47%, 11 puntos menos. ¿Tiene alguna racionalidad que la gente vote para gobernador y no para los demás comicios? Si ya está ahí, ¿por qué no votar por diputados y ayuntamientos, o al menos anular su voto y depositarlo en la urna si nadie le convence? En 2006, ante un número elevadísimo de votos irregulares que faltaban (registrados en las actas), el TEPJF manejó la tesis de los "coleccionistas" de boletas para explicar el fenómeno: "coleccionistas" que, según ese alegato, gustan de llevar algunas boletas para -suponemos- enmarcarlas en la sala de su casa. En ese año, los "coleccionistas" se llevaron la de presidente; ahora en Tlaxcala prefirieron la de diputados y ayuntamientos a la de gobernador.

¿De dónde vienen los 85 mil votos de más? El PAN obtuvo 70 mil 925 votos más en la elección de gobernador que en la de diputados, 58 mil de los cuales provienen de los electores de izquierda que emitieron un "voto útil". Quedan 17 mil sin explicar (es decir, votos pirata). El PRI, por su parte, consigue 106 mil 808 votos más en la elección a gobernador que en la de diputados, 32 mil de los cuales provienen de partidos locales (cuyos simpatizantes hicieron un voto dividido), y los restantes 74 mil votos provienen de quién sabe dónde, es decir, también son pirata. Si se suman los 13 mil votos pirata que tiene el PAN, con los 74 mil del PRI, obtenemos un saldo de 87 mil votos sin explicación convincente, casi los mismos 85 mil que sobran entre una elección y otra. Lo más relevante de todo esto es que, si eliminamos todos los votos pirata (los del PAN y los del PRI), entonces el candidato del PAN ganaría por 25 mil votos.

En 2006, ante las inconsistencias registradas en 64% de las actas presidenciales, el TEPJF señaló en su dictamen de agosto que, cuando las cifras destinadas a coincidir no lo hacen, "se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se extrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron votos espurios, salvo que se demuestre lo contrario" (criterio que un mes más tarde fue sustituida por la teoría de los "coleccionistas"). En esa lógica, debe haber una explicación lógica y demostrable de por qué en la elección de gobernador hay 85 mil votos más que en las demás. De no haber explicación plausible, entonces, como dijo el Tribunal en 2006, estaríamos ante un indicio de que "se incluyeron votos espurios". Y si esa diferencia de votos es superior a la diferencia entre primero y segundo lugar, como claramente es el caso en Tlaxcala, se genera un claro factor de incertidumbre sobre el resultado. La ley contempla sólo las inconsistencias dentro de cada tipo de elección. No considera la diferencia de boletas entre algunas de esas elecciones, como ocurre ahora en Tlaxcala, pero no por ello se genera la misma incertidumbre de la que habla la ley, cuando dicha diferencia supera la distancia entre primero y segundo lugar. El Instituto Electoral de Tlaxcala dice que la diferencia de votos se debe a que el PREP no registró las 85 mil boletas de otras elecciones porque tenían errores o inconsistencias (supongo que las de diputado y ayuntamiento, que son las que faltan) y eso motivó el rechazo del PREP, pero que hoy eso se aclarará en el cómputo oficial. Habrá que ver. En todo caso, las deficiencias de la ley no eliminan el más elemental sentido de la lógica.

Los tribunales debieran revisar esa situación, claro, si quieren que haya plena certeza de cuál fue la voluntad de los electores, y que el gobernador emergido de dicha elección goce de plena legitimidad (pues hemos visto ya en estos años lo que significa gobernar sin plena legitimidad).

Elecciones en Chihuahua: transición ¿hacia dónde?

Víctor M. Quintana S.

Cuando los resultados de las elecciones del domingo pasado nos revelan alternancia en seis entidades federativas y elecciones fuertemente competidas en tres más, en dos estados fronterizos marcados por la guerra contra el narcotráfico, Chihuahua y Tamaulipas, los comicios arrojan aplastantes triunfos del PRI y altas tasas de abstencionismo.

El dato más relevante del proceso electoral en Chihuahua es que prácticamente sólo votó uno de cada tres electores. La tasa de participación, de apenas 36 por ciento, fue la más baja en este tipo de elecciones, cuando menos desde 1974. Además, el voto nulo rondó 5 por ciento, más del doble de los votos logrados por el PRD en la lucha por la gubernatura.

Por más que la jornada comicial empezara con cuatro colgados en puentes vehiculares de la capital chihuahuense, con el asesinato del hermano del candidato a alcalde panista de Batopilas, y terminara con 19 ejecutados, no puede atribuirse sólo al temor el alto índice de abstencionismo en las elecciones a la gubernatura, Congreso local, alcaldías y sindicaturas. Pesaron fuerte en el ánimo de los electores 27 meses de angustias, frustraciones y vejaciones provocados por el Operativo Conjunto Chihuahua, primero, y luego por la operación coordinada de elementos federales, estatales y municipales contra el crimen organizado. Una sociedad no sólo atemorizada, también engañada, inerme ante la delincuencia, desprotegida por el Ejecutivo federal, iniciador de esta guerra, pero también por el estatal, irritada ante la ineficacia y los programas de saliva da la espalda a las urnas como acto mínimo de protesta y desacuerdo. La legitimidad del sistema político y electoral es una de las más graves bajas de esta guerra.

El PRI, con sus aliados PVEM, Nueva Alianza, PT y Convergencia, logró arrasar en las elecciones a gobernador, con una ventaja de 14 puntos porcentuales. El tricolor obtiene –según los conteos al 6 de julio– 19 de 22 diputaciones de mayoría, otra más su aliado Nueva Alianza, y Acción Nacional sólo dos. Recupera la capital del estado y Parral, retiene Ciudad Juárez y Cuauhtémoc. Algunos señalan que el tricolor triunfó gracias a su estructura. Lo cierto es que la estructura estuvo bien aceitada por el voto corporativo, inducido, de empleados del gobierno del estado, del sindicato de maestros y otros gremios. La alianza priísta, en lugar de orientarse primordialmente al voto verde trabajó el voto de los pobres urbanos, con un despliegue desaforado de recursos: despensas, dinero, camisetas, gorras, electrodomésticos, etcétera. El más puro estilo de antes de la transición. La pobreza no se combate, se aprovecha.

La debacle del PAN, que cuando mucho alcanzará siete u ocho escaños en el Congreso, de 11 que tiene ahora, se amortigua un poco con el triunfo en 23 o 24 municipios, entre los que destaca el de Delicias, tierra del actual gobernador. Los blanquiazules, contrariamente a su tradición, perdieron muchos votos en las grandes ciudades, no movilizaron suficientemente a sus bases clasemedieras, pero parece que supieron utilizar muy bien la palanca del Oportunidades y de algunos programas de estímulos al campo. Así, lograron triunfar en nueve de 15 municipios de alta y muy alta marginalidad en la zona serrana.

Dos factores principales explican el derrumbe de Acción Nacional: la guerra contra el narcotráfico de su jefe, Felipe Calderón, con los estragos que ha causado en la sociedad chihuahuense. Y la propia guerra de sus facciones: el DHIAC y sus aliados se han llevado casi el carro completo dentro del panismo norteño, generando heridas que no se restañan, excluyendo liderazgos con buena convocatoria, desalentando importantes grupos de activistas. La enseñanza podría ser: Quien a carro completo mata, a carro completo muere.

En todo caso, no hay mucho lugar para el optimismo. Si un PRI mayoritario, pero no dominante, no quiso transitar durante este sexenio a las prácticas de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que la democracia chihuahuense requiere, ¿lo podrá hacer un tricolor dominante, con un contrapeso de apenas la cuarta parte del Congreso, un panismo derrotado, una izquierda fragmentada y una ciudadanía fastidiada y descreída?

Esto lo debería reflexionar Calderón: su forma de guerrear contra el narcotráfico, además de las vidas y los bienes de millares de personas inocentes, hace su víctima a la cultura de la participación ciudadana y con ella a nuestra precaria democracia.

La gran interrogante que nos queda es, con resultados electorales como el de Chihuahua, ¿de verdad el PRI se acerca más a Los Pinos para 2012 o el país se precipita más hacia el caos y el autoritarismo?

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