Habla bien, muy bien, de México, que durante cuatro años se sostuviera, sin flaquear, un movimiento de protesta que encarna para el mundo un modelo de resistencia a la injusticia y los abusos del poder. Allí convergieron familiares con grupos y organizaciones diversas: indígenas, intelectuales, obreros, mujeres sin miedo, artistas, abogados, gente de la calle, ejidatarios, estudiantes y uno que otro periodista.
Porque si a medios nos vamos, vale recordar que el brutal castigo contra la resistencia en San Salvador Atenco y comunidades aledañas fue azuzado abiertamente por las grandes televisoras y buena parte de los diarios. A Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo y demás banda los presentaron, fuera de contexto, como macheteros
violentos, exigieron castigo y el gobierno obedeció.
Los intereses detrás de la represión eran y siguen siendo escandalosos. Una comunidad agrícola con excelentes tierras y recursos hídricos las defendió con ingenio y valentía cuando el gobierno de panistas y priístas quiso edificar allí un grandísimo aeropuerto para la capital. Los atenquenses arruinaron el negocio a Fox, Montiel y asociados. Reunidos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) blandieron machetes que nunca descargaron sobre persona alguna. Los machetes de Atenco son sólo su signo de admiración.
El ataque policiaco de mayo de 2006, encabezado por el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, fue televisado con detalle (relativamente: las escenas más sangrientas no fueron transmitidas y los noticiarios ignoraron violaciones y agresiones sexuales, amenazas de muerte, tortura y demás libertades
que se tomaron los policías federales y mexiquenses contra esos campesinos irreductibles).
La humillación a los atenquenses fue pública. A contracorriente, también logró ser pública la indignación de distintos sectores y movimientos que supieron mantenerse juntos todo el tiempo que fue necesario. La liberación de presos del 68, lucha también larga y difícil, tomó menos tiempo en un México aún monolítico. En las represiones de 2006 contra Atenco y Oaxaca, avaladas por Felipe Calderón para abrirse camino inmediato a Los Pinos, y por el futurista Peña Nieto, the man who would be president (el hombre que sería presidente
, parafraseando a Rudyard Kipling), fue evidente la complicidad entre gobernantes, policías y medios de comunicación: correas de transmisión del poder empresarial desairado por el peladaje de Atenco en 2002.
El FPDT y sus compañeros no se dieron por vencidos en ningún momento. Como enumera Javier Hernández Alpízar, editor de Zapateando: “Las movilizaciones fueron muchas: desde los iniciales cierres de escuelas y de calles promovidos por la otra campaña en 2006, algunos de ellos reprimidos por el gobierno del Distrito Federal; la marcha en la que la otra campaña llegó hasta Atenco; la existencia de un plantón que duró años en el penal de Santiaguito y luego en Molino de las Flores; la formación del Comité Libertad y Justicia para Atenco y su gira por 13 estados –comenzando por Chiapas, ‘corazón de la resistencia’ como dijo Trinidad Ramírez– y la presión que siguió hasta la jornada internacional de este 29 de junio”.
Y apunta: el momento puede ser muestra de que se comienza a formar un contrapoder: el del movimiento social
.
Acostumbrados a la postración del estado de derecho y la vida ciudadana en el país, tal vez perdemos de vista que las resistencias persisten a pesar de las presiones violentas y económicas que tan bien conocen los comuneros de Atenco (aún ahora el gobierno quiere comprarles sus tierras por algunos milloncitos). La lucha, con un sostenido respaldo internacional, devino pesadilla para giras presidenciales, embajadas y consulados de Europa y América.
¿Protegerá a Peña Nieto y sus mandos policiacos la misma impunidad que beneficia, hasta la ignomia, al gobierno de Oaxaca? En estos momentos nadie va ganando allá arriba. Al menos, no los que dicen ir ganando. Y en medio de la confusión y la polvareda sobresale y pisa fuerte un puñado de sombrerudos blandiendo machetes. Así como los ven, chiquitos y gritones, triunfaron, porque ya nadie dudaba que tuvieran razón. Viendo el resultado, y cómo se viene todo, no queda sino decir que la lucha sigue, sonriendo.
Porque fue la persecución política la que condujo al engendro de imponerles penas que llegan hasta los 112 años de prisión. Lo cual demuestra otra vez que en el estado de México, a pesar de los disimulos verbales del gobernador, el Ejecutivo es el jefe de las instituciones
, desde luego por arriba del sistema judicial. Tal es el significado profundo de su invocación para que se refuerce el presidencialismo, que en el fondo sería algo así como un diazordacismo, pero más autoritario. Que se hace ya costumbre en ese estado: la “muerte accidental
de la niña Paulette fue a todas luces decidida por el gobernador, como menos dañina a su causa. Ahora la Suprema Corte declara que las pruebas para acusar a los liberados de secuestro equiparado
fueron totalmente ilegales, indicando que en situación de lucha política
(la defensa de la tierra, en el caso de Atenco), y el pretendido secuestro
de agentes y funcionarios, tiene otro alcance y significado.
Pero no piense usted que la orden liberadora de la Suprema Corte se aplicó lisa y llanamente. No. Hubo resistencias de los funcionarios del gobierno del estado a los que parece se unió la Secretaria de Seguridad Pública. En un momento pareció que el boicot se saldría con la suya, y fue necesaria una intervención del más alto nivel
para lograr que los responsables cumplieran con la instrucción de la Corte. Todo indica que la orden que los metió en cintura salió de la Secretaría de Gobernación, obviamente en consulta con el Presidente de la República. De verdad al gobernador Peña Nieto le están saliendo los tiros por la culata, y ya muchos suspiran, hablando de Atlacomulco, por las habilidades políticas de Hank González y hasta de Alfredo del Mazo.
Sin olvidar que están pendientes los casos de 27 mujeres violadas en los desmanes de la autoridad
mexiquense en mayo de 2006. Y el caso de América del Valle, en capilla en su gestión de asilo por el gobierno de Venezuela. Muchos opinan que en buen manejo político correspondería el inmediato desistimiento de las acusaciones que pesan sobre ella, en aplicación de los criterios ya fijados por la Suprema Corte.
Que resultan una reivindicación de los derechos civiles y humanos de los acusados, apenas días después de que el inefable secretario de Gobernación, en una grotesca declaración, calificó a los organismos de derechos humanos como tontos útiles
al servicio de la delincuencia. Pero Fernando Gómez Mont no fue lejos por la respuesta: comisiones de derechos humanos de todo el país, asociaciones militantes en favor de su respeto, diputados y senadores, y hasta miembros del clero, subrayaron el carácter autoritario de incluso totalitario de tales declaraciones, ahora sí en defensa de los violadores de los derechos humanos, y un tono y manera en que se defienden las arbitrariedades del Estado, incluido el Ejército, señalado como violador flagrante y frecuente de las garantías individuales. Y peor aún: autor de muertes.
Diputados de todos los partidos calificaron las expresiones del secretario como criminalidad de Estado
y tentaciones de autoritarismo extremo. Por eso no deja de sorprender que Felipe Calderón, cada vez de manera más plañidera, se queje de la ausencia de apoyo de los mexicanos
a su gobierno, y especialmente a su guerra contra el crimen organizado
. ¿Después de estos botones de muestra de su principal asesor y ejecutor político? Como alguien lo definió: Felipe Calderón no ve ni escucha. La guerra que ha implantado, y pierde, nos lleva a abismos insondables, como se demostró otra vez con el asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Que no fue un asesinato más en México, sino un verdadero desafío al Estado mexicano.
El problema de fondo es que Felipe Calderón ha decidido una estrategia contra el crimen organizado puramente militar. Mientras los analistas con experiencia sostienen que ante un problema tan complejo como el del narcotráfico no puede optarse por una sola vía, lo cual resulta simplista, sino que ha de ser una estrategia igualmente compleja y multidimensional, no sólo de orden militar, sino de inteligencia y acción social variada: combate en serio al lavado de dinero que implica la vigilancia de un sinfín de empresas fantasma
, plan nacional contra la corrupción, comenzando por el aparato de la justicia, educación y empleos para proporcionar otras opciones a la juventud, que en vista del panorama negro que viven se suman a la delincuencia y al consumo de las drogas, etcétera.
En próximo artículo ampliaremos la reflexión sobre los caminos alternativos de una real estrategia contra el crimen organizado
que, por supuesto, tiene que ver con los modelos
económicos de nuestro desarrollo, que pasan por el rechazo tajante de las mentiras del neoliberalismo, a las que todavía se aferra Felipe Calderón, y que son seguramente la matriz del desastre que vivimos.
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