Sara Sefchovich
Jody Williams en México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió hace unos días la liberación de doce personas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que estaban presos desde mayo del 2006.
La decisión es importante por dos razones: la primera, porque deja sin considerar el poder de quien presentó las acusaciones —la procuraduría mexiquense con aval del gobernador— sino que sustenta su decisión en el peso de las pruebas. Y la segunda, porque afirma de manera explícita e inequívoca que “la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimo de delincuencia”, como dijo un magistrado.
Pero el caso pone sobre la mesa varias cuestiones importantes sobre las que debería haber más claridad. Una de ellas es la dificultad que significa el cumplimiento de la obligación del Estado de “restablecer el orden y la paz”, pero al mismo tiempo sin reaccionar con “desmesura y desproporción”, como dijo el magistrado.
Otra son los límites que se tendrían que valer para los dos lados en pugna: así como los policías no pueden violar, tampoco los militantes pueden secuestrar; así como aquéllos no pueden sacar toletes para agredir, así tampoco éstos pueden sacar machetes para amenazar. Pero esto no parece estar muy claro. Los ciudadanos no tenemos duda sobre lo que no podemos permitirle a la autoridad, pero no parecemos tener tanta claridad cuando se trata de lo que no podemos permitirle a los luchadores sociales.
Estas reflexiones vienen a cuento por lo que sucedió con la activista Jody Williams, premio Nobel de la Paz en 1997, quien vino a México, según ella misma dijo, a apoyar la liberación de los presos.
Sin embargo, la forma de ese apoyo consistió en sacar navajas desde el momento en que pisó suelo mexicano. Antes aún de la decisión del Tribunal, ya estaba acusando: “En México no hay derechos humanos, no hay justicia, hay impunidad”. Igual que aquellos embajadores norteamericanos que llegaban a los países a gritarles y ordenarles a sus legítimas autoridades, la señora se puso a vociferar contra México y amenazó con impulsar un boicot al país por lo que llama “razones morales”: “Voy a lanzar una campaña, tengo una red internacional y voy a levantar una campaña para que la gente que va con el pueblo no visite este país”.
Me parece increíble que alguien pueda hacer eso. Más alguien que ha ganado un premio ¡por su pacifismo!
Uno entiende que al calor de los acontecimientos se busquen métodos para presionar a favor de lo que se quiere. Pero no se debería olvidar que en los países existen leyes, existen jueces, existen tribunales y que si bien todo esto es perfectible, es lo que determina qué se vale y qué no se vale, qué es legal y qué no lo es.
Que alguien llegue y diga: si la justicia no se hace de la manera que creo que se debe de hacer, significa que no sirve y que por lo tanto no es justicia, me parece un despropósito. Pero si además decide que cuando las cosas no son como quisiera que fueran se puede tomar la libertad de amenazar, me parece ya francamente grave.
En esta ocasión a Peña Nieto (y a los que piensan como él) les fue mal y a Jody Williams (y a los que piensan como ella) les gustó el veredicto, pero ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido al revés?
No se puede vivir en sociedad con la idea de justicia de cada quien. Todos queremos por supuesto que nuestra idea de lo justo (lo correcto, lo válido, lo importante) sea la aceptada, pero la diferencia entre el fundamentalismo y la democracia radica en el reconocimiento de que nuestra idea ni es la única ni es necesariamente la que va a prevalecer, por más Nobel que alguien sea.
Pero además, no es (o más bien: no debería ser) poco significativo que en la defensa de las causas que nos importan, no nada más cuente el fin sino también los medios, si realmente queremos cambiar las cosas y no sólo invertir su signo.
Por lo que está sucediendo hoy en México en términos sociales, este es un tema que urge debatir y si algo nos tendría que dejar un caso como éste, debería ser al menos la voluntad de hacerlo para clarificar y aprender.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
La decisión es importante por dos razones: la primera, porque deja sin considerar el poder de quien presentó las acusaciones —la procuraduría mexiquense con aval del gobernador— sino que sustenta su decisión en el peso de las pruebas. Y la segunda, porque afirma de manera explícita e inequívoca que “la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimo de delincuencia”, como dijo un magistrado.
Pero el caso pone sobre la mesa varias cuestiones importantes sobre las que debería haber más claridad. Una de ellas es la dificultad que significa el cumplimiento de la obligación del Estado de “restablecer el orden y la paz”, pero al mismo tiempo sin reaccionar con “desmesura y desproporción”, como dijo el magistrado.
Otra son los límites que se tendrían que valer para los dos lados en pugna: así como los policías no pueden violar, tampoco los militantes pueden secuestrar; así como aquéllos no pueden sacar toletes para agredir, así tampoco éstos pueden sacar machetes para amenazar. Pero esto no parece estar muy claro. Los ciudadanos no tenemos duda sobre lo que no podemos permitirle a la autoridad, pero no parecemos tener tanta claridad cuando se trata de lo que no podemos permitirle a los luchadores sociales.
Estas reflexiones vienen a cuento por lo que sucedió con la activista Jody Williams, premio Nobel de la Paz en 1997, quien vino a México, según ella misma dijo, a apoyar la liberación de los presos.
Sin embargo, la forma de ese apoyo consistió en sacar navajas desde el momento en que pisó suelo mexicano. Antes aún de la decisión del Tribunal, ya estaba acusando: “En México no hay derechos humanos, no hay justicia, hay impunidad”. Igual que aquellos embajadores norteamericanos que llegaban a los países a gritarles y ordenarles a sus legítimas autoridades, la señora se puso a vociferar contra México y amenazó con impulsar un boicot al país por lo que llama “razones morales”: “Voy a lanzar una campaña, tengo una red internacional y voy a levantar una campaña para que la gente que va con el pueblo no visite este país”.
Me parece increíble que alguien pueda hacer eso. Más alguien que ha ganado un premio ¡por su pacifismo!
Uno entiende que al calor de los acontecimientos se busquen métodos para presionar a favor de lo que se quiere. Pero no se debería olvidar que en los países existen leyes, existen jueces, existen tribunales y que si bien todo esto es perfectible, es lo que determina qué se vale y qué no se vale, qué es legal y qué no lo es.
Que alguien llegue y diga: si la justicia no se hace de la manera que creo que se debe de hacer, significa que no sirve y que por lo tanto no es justicia, me parece un despropósito. Pero si además decide que cuando las cosas no son como quisiera que fueran se puede tomar la libertad de amenazar, me parece ya francamente grave.
En esta ocasión a Peña Nieto (y a los que piensan como él) les fue mal y a Jody Williams (y a los que piensan como ella) les gustó el veredicto, pero ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido al revés?
No se puede vivir en sociedad con la idea de justicia de cada quien. Todos queremos por supuesto que nuestra idea de lo justo (lo correcto, lo válido, lo importante) sea la aceptada, pero la diferencia entre el fundamentalismo y la democracia radica en el reconocimiento de que nuestra idea ni es la única ni es necesariamente la que va a prevalecer, por más Nobel que alguien sea.
Pero además, no es (o más bien: no debería ser) poco significativo que en la defensa de las causas que nos importan, no nada más cuente el fin sino también los medios, si realmente queremos cambiar las cosas y no sólo invertir su signo.
Por lo que está sucediendo hoy en México en términos sociales, este es un tema que urge debatir y si algo nos tendría que dejar un caso como éste, debería ser al menos la voluntad de hacerlo para clarificar y aprender.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
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