Por Mariela Jara
“Lo sucedido con el indulto desmerece las acciones que el gobierno
pueda emprender para lograr una vida sin violencias, pues se ha dejado
libre a uno de los peores violadores de derechos humanos de las
mujeres”, afirmó Liz Meléndez, directora del no gubernamental Centro
Flora Tristán.
La especialista recordó que en la década de los años 90, Alberto
Fujimori fue responsable de la política pública que esterilizó de manera
forzada a más de 200.000 mujeres andinas, campesinas y nativas, delito
del que se verá libre de investigación y sanción al haber recibido el
derecho de gracias presidenciales.
“Esta impunidad es indignante”, remarcó, pues cabe recordar que por
problemas de acceso a la justicia, pobreza y discriminación, apenas se
pudo conseguir armar un expediente con 2.074 casos.
La desconfianza hacia las acciones del gobierno se acentúa con la
designación oficial de 2018 como el año del Diálogo y la Reconciliación,
frase acuñada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski para justificar
el indulto al exconvicto, sentenciado por corrupción y violación a
derechos humanos, en especial en el marco del inicio del Decenio de la
Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres.
“La declaración del decenio nos alerta de que se seguirá
deslegitimando el enfoque de género, como sucedió a lo largo de 2017,
por la presión de los grupos conservadores, cuyos representantes
probablemente estén en el próximo nuevo gabinete; y nos preocupa que
puedan haber retrocesos en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres, pese a los avances normativos”, refirió Meléndez.
Efectivamente, Perú es,
según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU
Mujeres, uno de los países de la región con leyes, planes y políticas
públicas contra la violencia de género, que legisló contra el
feminicidio y que, inclusive, en 2017 aprobó nuevas leyes como la
eliminación de beneficios penitenciarios a los sentenciados por
violación sexual.
Sin embargo, la realidad mantiene cifras de espanto.
Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), entre 2009 y 2017, la violencia feminicida sumo
2.275 casos: 991 feminicidios y 1.275 tentativas. En este país hay un
promedio de 10 asesinatos de mujeres por razones de género al mes.
El año pasado, también según el MIMP, cerró con 116 víctimas de
feminicidios y 223 mujeres sobrevivientes de agresiones. La mayoría de
los casos, 79 por ciento, se produjeron en zonas urbanas, y el resto, 15
por ciento, en las rurales.
Los agresores fueron en casi 80 por ciento de los casos, hombres
vinculados afectivamente con las víctimas, 90.4 por ciento de mujeres
adultas.
Esta situación coloca a Perú en el octavo lugar por la ocurrencia de feminicidios en la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), posición que escala al cuarto en comparación con los países del Cono Sur.
El crimen de mujeres por cuestiones de género es, sin embargo, el último eslabón de violencia en sus vidas.
En Perú, siete de cada 10 soportan maltratos físicos, psicológicos o
sexuales de manera cotidiana por parte de sus parejas (ENDES 2016), pese
al andamiaje legal y normativo vigente.
Justamente para llamar la atención sobre la necesidad de actuar con
más eficacia ante este flagelo, la Defensoría del Pueblo, entidad
autónoma del Estado, promovió en noviembre y diciembre la campaña para
declarar 2018 como “Año de la igualdad y la no violencia contra las
mujeres”.
La propuesta recibió un amplio respaldo, había comentado a IPS la
comisionada para la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de dicho
organismo público, Patricia Sarmiento, antes de que se conociera la
declaración gubernamental del Decenio de la Igualdad de Oportunidades
para Mujeres y Hombres.
Sarmiento indicó que desde su institución se han hecho aportes a la ley 30.364
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar producida en el ámbito público o
privado.
Estas se refieren a capacitación de jueces y policías para erradicar
la creencia equivocada y contraria a la ley de que pueden aplicar el
mecanismo de conciliación en los casos de violencia contra la mujer en
relaciones de pareja. “Es inaceptable”, remarcó.
“Lamentablemente, esta idea se difunde a las víctimas, hay quienes
creen que cuando reciben un insulto o empujón no es un hecho de
violencia y pueden conciliar, y eso es lo que nos lleva a seguir
perpetuando esta situación en el país”, agregó.
Otra recomendación es dotar de una partida presupuestal a la policía
para que cumpla con brindar medidas de protección de manera adecuada a
las víctimas. “La institución carece de logística suficiente, personal y
equipos, por ejemplo del mapa georeferencial para dar seguimiento a la
protección”, manifestó.
Este hecho adquiere relevancia pues un informe
de la defensoría de 2015, basado en el análisis de expedientes
judiciales de feminicidios, revela que en 30 por ciento de los casos,
las víctimas habían denunciado a su agresor por violencia familiar. Y en
más de 10 por ciento, resultaron asesinadas por estos.
“Uno de los expedientes era de una mujer que había denunciado cuatro
veces y no recibió las medidas de protección. Eso no puede seguir
sucediendo”, exhortó Sarmiento.
En febrero del 2017, sucedió un caso similar en la región
centroandina de Ayacucho, donde la abogada Evelyn Corahua fue asesinada
tras haber denunciado un intento de feminicidio y solicitar medidas de protección.
“Se necesita presupuesto suficiente para el adecuado cumplimiento de
la ley y para políticas de erradicación de la violencia de género. De lo
contrario solo tendremos letra muerta”, alertó Sarmiento.
Esta preocupación se extiende, en el caso de organizaciones de la
sociedad civil como el Centro Flora Tristán, al grado de voluntad
política que pueda tener el nuevo gabinete postindulto a Fujimori.
Meléndez, su directora, sostuvo que ante el ensañamiento y la
crueldad mostrada en la violencia de género en 2017, se requiere
fortalecer la prevención como principal reto para este año.
“Eso pasa por asegurar educación sexual integral con enfoque de
género en las aulas, algo que lamentablemente con este gobierno está en
duda”, observó. “Es claro que la actual crisis impactará en la gestión
de las políticas públicas y afectará la lucha contra la violencia hacia
las mujeres”, añadió.
La percepción es compartida por activistas de derechos humanos y
feministas en las redes sociales, como es el caso de la abogada Patricia
Carrillo, quien participó en las marchas contra el indulto y en las
promovidas por los colectivos de mujeres por el derecho a vivir libres
de violencia. “Quieren acallarnos pero no lo lograrán”, analizó, en
diálogo con IPS.
“Declarar el decenio de esa forma, sin tomar lo propuesto por la
Defensoría, rebaja nuestra demanda de igualdad y no discriminación de
género”, se lamentó. “Nosotras no queremos igualdad de oportunidades en
las mismas condiciones de opresión que los hombres, nuestra espacio de
lucha seguirá en las calles”, subrayó.
Editado por Verónica Firme
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