CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace casi un cuarto de siglo, en 1994, la disputa por el poder se desarrolló en medio de una violencia criminal inaudita que derivó en el magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, pero hoy las campañas inician en un contexto aún más cruento y envilecido, que exige del Estado y de los factores de poder –incluidos partidos y candidatos– un deber mínimo para evitar que degenere en una tragedia análoga o peor.
La responsabilidad política del asesinato de Colosio, los secuestros de prominentes personajes como Alfredo Harp Helú y Ángel Lozada, así como los asaltos y robos de alto impacto en 1994 recayó en Carlos Salinas, el entonces presidente, como también el colapso financiero de diciembre de ese año que derrumbó la economía, manejada con el único objetivo de hacer ganar al candidato del PRI, Ernesto Zedillo.
Hoy, cuando es evidente que los grupos de poder político, económico y religioso desean imponer como sea a José Antonio Meade –administrador, por cierto, del saqueo del sexenio salinista de empresarios, banqueros y políticos–, el presidente Enrique Peña Nieto debe verse en el espejo de Salinas, que pasó a la historia como un sátrapa, y asumir un mínimo de responsabilidad como jefe de Estado para evitar que el país se desangre aún más.
Como jefe de las instituciones nacionales, Peña tiene la principal responsabilidad política y legal de procurador, que la de suyo acalorada confrontación política se mantenga en los cauces democráticos, siendo garante de que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno cumplan con sus deberes y eviten inmiscuirse en la disputa electoral.
Si decide inmiscuirse o al menos ser omiso, Peña enviará un mensaje claro a gobernadores y presidentes municipales, así como a toda autoridad, para que utilicen, como el gobierno federal, todos los recursos económicos, políticos, mediáticos y criminales en la contienda electoral para eliminar –aun físicamente– a adversarios y favorecer a los propios, de un partido y de otro.
Los numerosos asesinatos de políticos de todos los partidos en los días recientes, en varios puntos de la República, y los tres ataques violentos a la campaña de Claudia Sheimbaum, en la capital del país, son señales ominosas de que la violencia ha marcado ya el inicio de las campañas –las precampañas son una simulación–, que urge frenar antes de que escale a niveles de 1994 y descarrile al país.
Si en la propia capital de México, en céntricas delegaciones, a la luz del día, y con individuos plenamente identificados –servidores públicos incluidos–, los agresores están protegidos por las autoridades, muy pronto ya no se lanzarán a los adversarios sillas, jitomates y huevos, sino balas.
No sólo eso: Las agresiones impunes sólo alentarán la revancha de las víctimas, en el inicio de un ciclo de violencia cada vez mayúscula que alcanzará, como está ampliamente probado, a inocentes.
Ojalá haya la cordura desde la cúspide del poder, Peña en primer lugar, pero las decisiones tomadas, incluida la Ley de Seguridad Interior, esbozan la estrategia de generar miedo en la sociedad tanto para que se abstenga de participar política y electoralmente como para que, también por pavor, opte por el continuismo del modelo que, como en 1994 con Salinas, sólo dejó violencia, miseria, saqueo e impunidad…
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